España 1936. La Revolución derrotada

Este folleto no contiene una historia de la República española ni de la Guerra civil española. Intenta ajustar al máximo su tema, la Revolución, es decir, la lucha de los trabajadores y de los campesinos españoles por sus derechos y libertades, por las fábricas y las tierras y, finalmente, por el poder político. De manera atrapante relata la agonía de la monarquía, la lucha entre sectores de la burguesía española, su relación con las distintas potencias imperialistas;  el avance de la clase trabajadora y de las fuerzas de izquierda, el alzamiento militar franquista, la respuesta popular, las vacilaciones de los anarquistas de la FAI y de la CNT, las limitaciones del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y la catastrófica influencia estalinista a través del PCE y de los recursos y asesores de la URSS. En fin, un trabajo con muchas lecciones para las revoluciones que vendrán.

PIERRE BROUE (1961)

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Capítulo 1

LA MONARQUÍA

El 12 de abril de 1931 España votó para designar sus consejos municipales. Hacía más de un año que el general que gobernaba en régimen de dictadura des­de 1923, Primo de Rivera, se había marchado, despe­dido por el rey Alfonso XIII, que antes no le había regateado su apoyo. Fue reemplazado por el general Berenguer y después por el almirante Aznar, que or­ganizó estas elecciones –a pesar de los riesgos eviden­tes– para dar al régimen, frágil, duramente mermado por la crisis y el descontento general, una cierta base. El 12 de diciembre anterior, dos oficiales, los capitanes Galán y García Hernández intentaron en Jaca un pronunciamiento en favor de la República. Fraca­saron, y Alfonso XIII insistió personalmente para que fueran fusilados, lo cual se hizo. Si el rey, sin embargo, corrió el riesgo de llamar a las urnas y de prometer el restablecimiento de las garantías constitucionales suspendidas bajo la dictadura, es porque esperaba que las estructuras tradicionales –el reinado de los caci­ques– dieran la victoria electoral a los candidatos monárquicos. No era el único que esperaba tal resulta­do, ya que los dirigentes socialistas Largo Caballero y el republicano Manuel Azaña pensaban, como él, que estas elecciones serían “como las otras”: una ra­zón suficiente a los ojos de los dirigentes socialistas para llamar a no tomar parte en unas votaciones a todas luces trucadas…

Ante la sorpresa general, estas elecciones municipales constituyeron una verdadera marea electoral: par­ticipación particularmente elevada en las votaciones y desbordante mayoría para los republicanos en todas las ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona. El hecho, ya previsto, de que en el campo salieran elegi­dos, poco más o menos en todas partes, los monárqui­cos, no cambiaba nada: estaba claro que la pequeña burguesía había votado en masa contra la monarquía. El principal consejero del rey, el conde de Romano­nes, uno de los mayores propietarios de tierras del país, fue el primero en sacar conclusiones políticas de estas elecciones: el rey debía marcharse. Esta era tam­bién la opinión del general Sanjurjo, otro amigo perso­nal del soberano, director general de la Guardia Civil: se lo dijo sin rodeos. El desafortunado soberano vaciló un poco, pero debió rendirse a la evidencia: sus fieles más próximos, sus partidarios más encarnizados son unánimes al pensar que debía marcharse si no quería hacer correr al país el riesgo de una “revolución roja”, en otros términos, de una revolución obrera y campe­sina. Alfonso XIII hizo, pues, sus maletas y emprendió sin tambores ni trompetas el camino del exilio. La mo­narquía española se había desvanecido sin gloria. La historia de la Segunda República comenzó con esta sorpresa que algunos saludaron con asombro, un cam­bio de régimen obtenido por simple consulta electoral, la proclamación de una república que no había cos­tado ni una sola vida humana…

Ya algunos meses antes, comentando la marcha del dictador Primo de Rivera, Trotsky, observador atento de los acontecimientos en España, había notado que en el curso de esta “primera etapa” la situación había sido resuelta “por las enfermedades de la vieja socie­dad” y no “por las fuerzas revolucionarias de la nue­va sociedad”.[1] Es decir, que España era una de las so­ciedades más “enfermas” de Europa, el eslabón más débil de la cadena del capitalismo. El avance adquiri­do por ella en el alba de los tiempos modernos se trans­formó en su contrario como consecuencia de la pérdida de sus posiciones mundiales al acabar el siglo XIX. La sociedad del Antiguo Régimen no había acabado to­davía de descomponerse cuando la formación de la sociedad burguesa comenzaba ya a detenerse. El capi­talismo no había tenido ni la fuerza ni el tiempo para desarrollar hasta el final sus tendencias centralistas, y el declinar de la vida comercial e industrial urbana, la disolución de los lazos de interdependencia entre las provincias reforzaba las tendencias separatistas cuyas raíces se hundían en la más lejana historia de la Península.

En lo esencial, la España de principios del siglo XX continuaba siendo un país agrícola donde la aplas­tante mayoría, 70% de la población activa, se consa­graba a la agricultura con medios técnicos rudimen­tarios, obteniendo los más bajos rendimientos por hec­tárea de toda Europa, dejando sin cultivo, por falta de medios y de conocimientos, debido a la estructura social, más del 30% de la superficie cultivable. En la totalidad del país, la tierra pertenecía esencialmente a los hacendados, los terratenientes que vivían en ré­gimen de dependencia parasitaria de una masa rural pauperizada: 50.000 hidalgos rurales poseían la mitad del suelo, 10.000 propietarios poseían más de 100 hec­táreas, de tal manera que más de dos millones de tra­bajadores agrícolas dependían, para vivir, del trabajo en los grandes latifundios, al igual que un millón y medio de propietarios de pequeñas fincas. Los ejem­plos de estas propiedades inmensas son bien conoci­dos, la del duque de Medinaceli con sus 79.000 hectá­reas, o la del duque de Peñaranda con sus 51.000… Es necesario matizar lo expresado anteriormente, indicar que en el norte y el centro el problema de las peque­ñas propiedades –el de los minipropietarios, de los granjeros, de los colonos contratados en diversas con­diciones– no era el de los latifundios del sur y de la gran miseria de sus trabajadores agrícolas, los brace­ros. Sea como fuere, la tierra de España pertenecía a un puñado de oligarcas y el campesino español pro­fundamente mísero tenía hambre de tierra.

La Iglesia española ofrecía una imagen conformis­ta a todo este mundo rural medieval. Al lado de la masa campesina que contaba con un 45% de analfa­betos, se contaban más de 80.000 sacerdotes, monjes o religiosos, lo mismo que alumnos de establecimientos secundarios, más de dos veces y media el efectivo to­tal de estudiantes. Con sus 11.000 haciendas, la Iglesia española no estaba lejos de ser el mayor propietario de tierras del país; por otra parte dominaba casi total­mente la enseñanza, con escuelas confesionales en las cuales habían sido educados más de 5 millones de adultos, y reflejaba en su jerarquía la manera de ser más resueltamente reaccionaria y pro oligárquica. Su jefe, el cardenal Segura, arzobispo de Toledo, gozaba de una renta anual de 600.000 pesetas –contra una media de 161 para un pequeño propietario andaluz. Era, según la expresión de un historiador español, un “hombre de Iglesia del siglo XIII”, para el cual “el baño no era una invención de los paganos, sino del mismo diablo”.[2]

El ejército no era menos característico. Nacido en la época de las guerras napoleónicas, amparándose en la joven generación de las clases dominantes decaden­tes que lo esperaban todo del Estado, creyéndose de­positarias de una misión nacional, el ejército era una fuerza social que buscaba el apoyo de una clase domi­nante herida de muerte, y su columna vertebral, la casta de los oficiales, justificaba, más que todos sus restantes privilegios, el de “pronunciarse”, es decir, ampararse en su propio provecho del control del Es­tado por el golpe de Estado militar.

A principios del siglo XX, particularmente en el período de la Primera Guerra Mundial, se reanudó, en parte, la industrialización. Sin embargo, quedó redu­cida a unas determinadas zonas geográficamente limi­tadas. La industria metalúrgica del País Vasco era la única en presentar los rasgos de una industria moder­na concentrada. La industria textil de Cataluña, la más importante desde el punto de vista de la pro­ducción global, quedó desparramada en una multitud de pequeñas y medianas empresas. En el marco del mercado mundial, España no era más que una semicolonia, que no ofrecía más que los productos –una pequeña parte– de su agricultura o de sus minas a cambio de productos industriales extranjeros, amplia­mente abierta a los capitales extranjeros que habían colonizado durante algunos decenios todos los secto­res rentables, las minas, la industria textil, la cons­trucción naval, la energía hidroeléctrica, los ferrocarri­les, los transportes urbanos, las telecomunicaciones… No existía una verdadera burguesía capitalista españo­la: las acciones bancarias e industriales estaban re­partidas entre las sociedades extranjeras y los más im­portantes terratenientes –los que verdaderamente da­ban un sentido más general al término de “oligar­quía”. Entre el millón de éstos, que Henri Rabasseire llama “los privilegiados” –funcionarios, sacerdotes, oficiales, intelectuales, propietarios y burgueses– y los dos o tres millones de obreros de las industrias y de las minas, se intercalaban “clases medias” que pro­cedían tanto del Antiguo Régimen como de una socie­dad moderna, un millón de artesanos urbanos, un mi­llón de esas familias de intermediarios nacidos del de­sarrollo capitalista en los centros urbanos de las re­giones más desarrolladas.[3]

Ahora bien, la unificación nacional no llegó a su término, y dos de estas regiones –bastiones de la in­dustria– Cataluña y el País Vasco, manifestaron fuer­tes tendencias separatistas. Si el Partido Nacionalista Vasco y la Lliga Catalana, nacidos de las capas diri­gentes de estas dos regiones, eran formaciones autono­mistas de tendencia conservadora, léase reaccionaria, la “cuestión nacional” se convertía en una de las moti­vaciones esenciales que movilizó contra el centralismo castellano a la pequeña burguesía, y a una parte del proletariado, a través, por ejemplo, de la Esquerra catalana. Utilizada por las fuerzas conservadoras en el marco de la crisis que las destrozó, la opresión na­cional de los vascos y los catalanes constituyó un ele­mento explosivo en el contexto de una crisis más ge­neral, la de la sociedad en su conjunto.

Tal era la situación a comienzos de este siglo: la que hizo en efecto de España uno de los eslabones más débiles del capitalismo. Todos los elementos se encon­traban ya desde ahora reunidos para que se conjugaran estos diferentes movimientos que, ya en 1917, darían a la Revolución rusa su irresistible poder: la insurrec­ción de los campesinos pobres, el levantamiento de los trabajadores industriales, el movimiento de emancipa­ción nacional, los tres dirigidos contra una oligarquía que no tenía otra alternativa que la de luchar, por todos los medios, para mantener en una supervivencia precaria el sistema decadente que asegurara su domi­nación. Esta es la situación que condujo al rey Alfon­so XIII a recurrir en 1923 a los servicios del general Primo de Rivera para la ejecución de un pronuncia­miento, del que fue el inspirador al mismo tiempo que cómplice. Se trataba de imponer a las clases dirigen­tes divididas por la explosión de dificultades económi­cas, que se agudizaron con la vuelta de la paz, medidas de “salud” dictadas por una concepción del interés general permitiendo eventualmente atacar a ciertos privilegiados. Se trataba sobre todo de poner fin a la agitación obrera y campesina, de aprovechar la crisis interna, la división del movimiento obrero para apo­derarse de las principales conquistas obreras, y en par­ticular para destruir las libertades democráticas rela­tivas que permitían en cierta medida la organización de los obreros y los campesinos.

Fue, pues, bajo el enérgico puño del ministro del In­terior de la dictadura –el general Martínez Anido, cé­lebre por haber lanzado a principios de los años 20 a sus asesinos, los “pistoleros”, contra los militantes de la CNT catalana– que el “directorio” de Primo de Rivera destituyó los consejos municipales, revocó los funcionarios, censuró los diarios, se apoderó de las condiciones de trabajo, violó alegremente la jornada de ocho horas, mientras una inflación galopante devoraba los salarios y el nivel de vida de los obre­ros, y mientras la apertura de España a los capitales americanos permitía buenos negocios y espectaculares especulaciones. Todo esto no aseguró a la oligarquía más que un breve plazo. La crisis mundial de 1929 de­bilitó profundamente la dictadura a la que los sonoros escándalos financieros habían desacreditado profunda­mente, incluso entre las capas sociales que le sumi­nistraban un apoyo, el ejército y la pequeña burgue­sía. Fue para proteger a la monarquía por lo que el rey se decidió finalmente a prescindir del general. Pero, de la misma manera, la oligarquía, menos de un año después, echaría a su vez a la monarquía, sin tener que fingir un pronunciamiento. No fue necesario, en efecto, en esta España de principios del siglo XX, que los obreros y los campesinos se pusieran en movimien­to para inspirar temor: aun cuando estaban en apa­riencia ausentes de la escena política, fue a causa del peligro que representaba el que pudieran llegar a ser propietarios y políticos, y los acontecimientos de 1931 no sabrían explicarse sin recurrir a este factor, pasivo por el momento, pero potencialmente terrorífico por lo que representaba de amenaza a la propiedad y a la dominación.

Ya al día siguiente de la caída de Primo de Rive­ra, la agitación estudiantil contra el gobierno del gene­ral Berenguer constituía un signo anunciador de movi­mientos sociales infinitamente más decisivos. Observa­dor lúcido, apoyado en la experiencia de las luchas re­volucionarias a comienzos del siglo, Trotsky podía es­cribir a este respecto:

“Las manifestaciones activas de los estudiantes no son más que una tentativa de la joven generación de la burguesía, sobre todo de la pequeña burguesía, para encontrar una salida al inestable equilibrio en el que se encuentra el país después de la pretendida liberaliza­ción de la dictadura de Primo de Rivera. Cuando la burguesía renuncia consciente y obstinadamente a re­solver los problemas que se derivan de la crisis de la sociedad burguesa, cuando el proletariado no está pre­parado para asumir esta tarea, son a menudo los es­tudiantes quienes ocupan la vanguardia. Este fenómeno ha tenido siempre para nosotros una significación enor­me y sintomática. Esta actividad revolucionaria o se­mi revolucionaria significa que la sociedad burguesa atraviesa una profunda crisis. La juventud pequeño-burguesa, sintiendo que una fuerza explosiva se acumu­la en las masas, tiende a encontrar a su manera la salida a este callejón y llevar adelante el desarrollo po­lítico”.[4]

Precisamente porque la acumulación de “fuerza ex­plosiva en las masas” no era todavía la explosión mis­ma, la oligarquía se benefició en 1931 de una prórroga y pudo buscar, con el régimen republicano, una forma nueva de su dominación que gozaba, en principio, de un prejuicio favorable tanto entre los trabajadores co­mo entre la pequeña burguesía urbana que al filo de los años se había apartado de la dictadura. El cam­bio de la forma constitucional revistió aquí un verda­dero relieve. En agosto de 1930, una conferencia de todos los grupos políticos, celebrada en San Sebas­tián, determinó la nueva orientación: católicos, con­servadores como Alcalá Zamora y Miguel Maura, re­publicanos “de derecha” como Alejandro Lerroux o de “izquierda” como Azaña y Casares Quiroga, el so­cialista Indalecio Prieto, el catalanista Nicolau d’Ol­wer, concluyeron el “Pacto de San Sebastián” en el que se pronunciaron en favor de la república, para la cual buscarían una espada y un general… Fue con Alcalá Zamora y Miguel Maura que los representantes del rey organizaron en abril la transmisión de poderes. Sobre este modelo “republicano” fue como quedó cons­tituido el nuevo gobierno provisional de la república española presidido por Alcalá Zamora, con Maura en el Ministerio del Interior, tres socialistas en puestos claves, Prieto en el Ministerio de Finanzas, Largo Ca­ballero en el Trabajo, el jurista De los Ríos en el de Justicia…

Lejos de estar acabada, la Revolución española en realidad no hacía más que empezar. Entre el programa moderadamente reformador y profundamente conser­vador del equipo en el poder y sus posibilidades de inscribirse en la realidad se erguía un obstáculo terri­ble que la caída de la monarquía contribuyó por ella misma a mantener y desarrollar: la existencia de un movimiento obrero organizado, partidos y sindicatos arrastrando a las masas rurales, millones de trabaja­dores miserables de las ciudades, minas y campos, cu­yas reivindicaciones elementales planteaban el proble­ma de la revolución.

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Capítulo 2

EL MOVIMIENTO OBRERO

El movimiento obrero español era todavía joven, el proletariado estaba unido al mundo rural por múl­tiples lazos y compartía con él tradiciones y costum­bres. El temperamento rural provocaba a la vez sen­timientos de resignación y brutales explosiones revolu­cionarias. No se constituyó realmente por primera vez a escala de todo el país hasta los tiempos de la I Internacional, y, como ella, se dividió rápidamen­te entre socialistas y libertarios. Sin embargo, aquí, los anarquistas –los “libertarios”– tuvieron y todavía conservaban una influencia mucho más considerable que en los países industrializados de la Europa occi­dental. En 1930, la división del movimiento obrero es­pañol reprodujo la disgresión que existía a principios de siglo en Francia entre un sindicalismo revoluciona­rio combativo, partidario de la acción directa, y un movimiento socialista reformista y doctrinario.

Fue a partir de 1910, y en parte además bajo la in­fluencia de los sindicalistas revolucionarios de la CGT francesa, cuando se sentaron las bases de la central anarcosindicalista, la Confederación Nacional del Tra­bajo (CNT). Sus rápidos progresos, su devoción por la acción, le valieron en sus principios una dura repre­sión, y esta última un gran prestigio. Desempeñó un papel de primer orden en la huelga general insurrec­cional de 1917. Las formas muy flexibles de su orga­nización, su fidelidad a los principios de la acción directa, su adhesión a la lucha de clases; respondían bastante bien a las características del proletariado de la península, joven, mísero y poco diferenciado, mar­cado por el carácter distintivo del campesinado po­bre, sensible a las acciones “ejemplares” de “mino­rías activas” que se esforzaban en sacudir al mismo tiempo el yugo de la opresión y su apatía. En este sen­tido es en el que se puede decir que la CNT –su pe­rennidad, su arraigo a pesar de tantos avatares– era típicamente española, en la medida en que España había cambiado poco, en que las condiciones históri­cas que habían marcado su nacimiento persistían, ape­nas modificadas por los comienzos de la industrializa­ción y de la concentración capitalista. Sin embargo, tanto para España como para la CNT, la historia mun­dial, a partir de la guerra de 1914, suministraría un contexto nuevo.

1917 fue, en efecto, al mismo tiempo que el año de la victoriosa Revolución rusa, el de una huelga general sin precedentes en España. El impacto de la Revolución rusa, el aumento de las contradicciones sociales, vol­vieron particularmente vigorosa en España la ascensión de la agitación obrera que revistió en 1919, a partir de la gran huelga de la Canadiense en Cataluña, el as­pecto de una poderosa ascensión revolucionaria. Como todas las organizaciones del mismo tipo, la CNT sufrió profundamente el atractivo de la Revolución rusa, ates­tiguó el prestigio que revestía la victoria bolchevique a los ojos de los revolucionarios de todas las tendencias. En España, como en otras partes, las huestes anar­quistas, anarcosindicalistas revolucionarias, habían au­mentado por oposición a la práctica de un marxismo reformista, intentando adaptarse al marco democrático y parlamentario particularmente mediocre aquí. La vic­toria del Octubre ruso volvió a dar al marxismo su es­tallido revolucionario. Fue después de la huelga general que siguió a la de la Canadiense, en la cumbre de la ola de huelgas y manifestaciones, que el congreso de la CNT, por aclamaciones, y en un gran impulso que sin duda no estaba exento de segundas intenciones, decidió adherirse provisionalmente a la III Internacional. Uno de sus principales dirigentes, Ángel Pestaña, fue como delegado a Moscú, donde participó en los trabajos del II Congreso de la Internacional Comunista (IC), y llevó la discusión con Lenin y los suyos. En 1921, una delega­ción de la CNT, conducida por los catalanes Andreu Nin y Joaquim Maurín, asistió al III Congreso de la Internacional y participó en la fundación de la Inter­nacional Sindical Roja (ISR).

A pesar de todo, la coyuntura había cambiado. En España, el movimiento obrero decrecía. En Cataluña, los asesinos de los “sindicatos libres” del gobernador Martínez Anido y del policía Arlegui habían logrado por el momento detener la ascensión obrera asesinando revolucionarios sistemáticamente. Ade­más, la acción de los obreros y los campesinos después de la Revolución rusa no había conducido en ningún país a la victoria: el reflujo que comenzaba permitiría una estabilización provisional del capitalismo en Euro­pa. Las dificultades de la Rusia soviética aislada, la re­presión por parte de los bolcheviques contra los mili­tantes y organizaciones anarquistas, especialmente de la insurrección de Cronstadt, fuertemente marcada por la influencia libertaria, proveyó a los defensores del anarquismo tradicional de argumentos contra el bolchevismo, y les permitió volver a recuperar el terreno cedido en 1919 ante el empuje de las masas. En febrero de 1922, en ausencia de Nin, que permanecía en Moscú, y de Maurín, que estaba encarcelado, un comité nacional puso fin a la adhesión “provisional” de la CNT a la Internacional Comunista: en junio del mismo año, la conferencia de Zaragoza confirmó su ruptura con la Internacional Comunista y con la In­ternacional Sindical Roja.

Sin embargo, en el intervalo, un gran número de militantes y cuadros de la CNT habían sido ganados al comunismo, y de ellos se hallaban en primera fila Nin y Maurín. Igualmente eran numerosos los militan­tes que, sin ser comunistas, rehusaban apartarse de la ISR, de la que Nin era uno de los secretarios. Bajo la impulsión de Maurín y de sus camaradas, se crea­ron los Comités Sindicalistas Revolucionarios (CSR) que se adhirieron a la ISR. Celebraron a finales de 1922 una conferencia nacional en Bilbao, y fundaron el sema­nario “La Batalla”. Comunistas y sindicalistas consti­tuyeron una nueva corriente, nacida del anarcosindi­calismo, pero alimentada por la experiencia rusa, que rompió definitivamente con el anarquismo tradicional y en adelante siguió su propio camino: los militantes de los CSR se adhirieron lo mismo a la CNT que a la UGT, de tendencia reformista, lucharon por conquis­tar la mayoría en estos dos sindicatos de los que recla­maban la unificación. Fueron sistemáticamente expul­sados tanto del uno como del otro.

Una corriente muy próxima a la de los sindicalistas comunistas continuó sin embargo manifestándose en la CNT en torno a uno de sus más populares dirigentes en Cataluña, Salvador Seguí. Este, de origen anarquista, se impuso como un dirigente obrero de primera línea en el curso de las huelgas de 1919, y pudo ser califica­do de verdadero “sindicalista revolucionario”. En 1922, en la conferencia de Zaragoza, se situó entre los par­tidarios de la ruptura con la ISR, pero con argumen­tos propios. Se negó, en efecto, a la condena, tra­dicional entre los anarquistas, de la “política”, y no dudó en pronunciarse en 1919 por “la toma del po­der”. En Zaragoza inspiró la adopción de una “revolu­ción política” dirigida contra los tradicionales tabús anarquistas. Muy preocupado por el problema de la unidad obrera, buscó sistemáticamente la unidad de acción con la UGT, y un comunista como Nin, su ami­go personal, pensaba que se aproximaba al comunis­mo. Pero este organizador sin par, este combatiente obrero tan popular, era también la bestia negra de la patronal: fue asesinado por los pistoleros de Martínez Anido en el momento en que iba a concluir un acuerdo entre la CNT y la UGT contra la represión. Con él desapareció, al menos durante muchos años, la posi­bilidad de ver llegar al frente de la CNT una corriente sindicalista revolucionaria en plena evolución, que rompiera claramente con el anarquismo “puro”.

Prácticamente fuera de la ley desde 1923 y desde el inicio de la dictadura, la CNT conoció durante muchos años una crisis crónica. Entre los anarquistas tradi­cionales y una dirección nacional de tendencia sindi­calista penosamente reconstituida en 1927, se situó en estos años de clandestinidad el pequeño grupo activis­ta de los “Solidarios” animado por Juan García Oliver, Francisco Ascaso y Buenaventura Durruti, a quienes sus adversarios trataban de “anarcobolcheviques” porque volvían a adoptar la idea de la “toma del po­der”, defendían la de una “dictadura” y la de un “ejér­cito revolucionario” que estimaban necesarios. Sobre todo, a partir de 1927, se asistió a la constitución total­mente clandestina, en el seno de la CNT y a partir de sus propias organizaciones, de la omnipotente y muy secreta Federación Anarquista Ibérica (FAI), que em­prendió la conquista sistemática de la central sindical a la que quiso convertir en el instrumento de su polí­tica de golpes revolucionarios.

De hecho, la corriente dominante en la CNT recons­tituida en 1931 fue, sin embargo, el reformismo que inspiraba Angel Pestaña. Suficientemente modera­do para aceptar participar en el juego de los “comités paritarios” instituidos por la dictadura para imponer el arbitraje obligatorio de los conflictos de trabajo, no dudó, en los últimos meses de la monarquía, en hacer de la central anarcosindicalista una fuerza de punta en la coalición general que impuso la república. Dos representantes de la CNT tenían su asiento, en tanto que observadores, en la conferencia de San Sebastián de agosto de 1930, y prometían su apoyo a los republi­canos y a los socialistas a cambio de la seguridad del restablecimiento de la libertad de organización y de la promulgación de una amnistía general. En noviem­bre, la dirección de la CNT negoció con el líder conser­vador Miguel Maura; en diciembre, apoyó la insurrec­ción de los oficiales republicanos de Jaca. En las elec­ciones municipales del 12 de abril de 1931, por fin, abandonando la vieja hostilidad de principios del anarquismo a las “farsas electorales”, hizo votar en masa a sus partidarios por los candidatos republicanos. Con la proclamación de la República, la CNT rea­pareció, pero en su seno se enfrentaban las corrien­tes más diversas, desde el reformismo abierto de Pes­taña y sus compañeros al golpismo revolucionario y al terroris­mo de ciertos elementos extremistas de la FAI, pasan­do por tendencias sindicalistas todavía vacilantes.

La corriente “marxista” también fue profundamen­te sacudida por los acontecimientos mundiales que su­cedieron después de 1917. En el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fundado por Pablo Iglesias según el modelo guesdista, apareció, después de la Re­volución rusa, un ala izquierda, favorable a la adhesión del partido a la Internacional Comunista. Un paso que las Juventudes Socialistas, con Juan Andrade y Luis Portela a la cabeza, fueron las primeras en franquear, fundando, en abril de 1920, el Partido Comunista Español (PCE). El Parti­do Socialista sufriría la escisión un poco más tarde, en abril de 1921, cuando la mayoría del mismo decidió rehusar las veintiuna condiciones de adhesión a la IC. La minoría fundó entonces el Partido Comunista Obrero Espa­ñol (PCOE) que se fusionaría rápidamente con el PCE bajo la presión de la Internacional. Esta fusión se logró en 1921, pero era demasiado tarde para que el joven par­tido pudiera desempeñar el papel que le asignaban sus fundadores.

Un año después se produjeron por una parte el pronunciamiento de Primo de Rivera que arrojó al partido a la ilegalidad, y por otra parte la crisis del Partido bolchevique que condujo, bajo el pretexto de “bolchevización”, a la sumisión de los PCs a la fracción victoriosa en la Unión Soviética. El partido perdió a uno de sus fundadores –Oscar Pérez Solís, que acabaría siendo falangista– y a muchos militantes. Aunque en 1927 logró ganar un grupo importante de militantes de la CNT en Sevilla, con Manuel Adame y José Díaz, no cesó de debilitarse, tanto bajo los golpes de una represión sistemática como bajo los efectos de su propia política, y especialmente con expulsiones exigidas por la dirección de la Internacional cuya ac­ción fue favorecida por las condiciones precarias de la acción clandestina. En el momento de la proclama­ción de la República, el Partido Comunista oficial no contaba apenas con más de 800 miembros en todo el país, tras responsables que eran militantes desde fecha reciente y que fueron preferidos, a causa de su docilidad a las directrices venidas de Moscú, a los supervivientes de la “vieja guardia”. Cuadros ente­ros del partido fueron expulsados de hecho sin que se les diera ningún tipo de razones, ni argumentando los verdaderos motivos: así sucedió en la Federación Ca­talano-Balear que dirigían Maurín y Arlandis, en la Agrupación Madrileña de Luis Portela, en la Agrupa­ción de Valencia, en la Federación Asturiana, todas orientadas por hombres que eran mucho más conocidos como dirigentes obreros que los dirigentes del par­tido oficial. El mismo Andreu Nin volvió a España en 1930. El antiguo secretario de la CNT, y después de la ISR, estaba ligado a la oposición de izquierda en Rusia, miembro de su “comisión internacional”, amigo per­sonal de Trotsky. Con otros militantes –especialmen­te Juan Andrade y Henri Lacroix, que habían seguido, por su parte, el mismo itinerario– se dedicó a cons­truir en España la oposición comunista de izquierda, buscando las vías de un acuerdo con Maurín para la unificación de los grupos comunistas de oposición.

En los medios comunistas, las reacciones ante la proclamación de la República eran igualmente muy diversas. El PC oficial recibió la orden de lanzar la consigna de “¡Abajo la república burguesa! ¡El poder para los soviets!”, cuando no existía en España, según dijo “Pravda”, la sombra de un soviet o de un organis­mo parecido. Maurín –que reconoció sin dificultad la influencia ejercida sobre él, en aquella época, por Bu­jarin y los “comunistas de derecha”[1] y Nin –a quien vimos unido a Trotsky– llamaron, por el contrario, a la lucha por la realización de las consignas de la re­volución democrática, de la que estimaban que sólo los trabajadores podían arrancarlas, y que su conquis­ta constituía un elemento primordial en la lucha por la revolución socialista. Los dos hombres, sin embar­go, se oponían a propósito de la cuestión nacional: igualmente catalán, partidario de la autodeterminación, Andreu Nin no aprobaba la posición de Maurín y de su organización en favor de la independencia de Ca­taluña, y le reprochaba su estrecha colaboración con la pequeña burguesía catalanista.[2]

Como en los otros países, la escisión que siguió a la fundación de la Internacional Comunista desplazó en España un poco más a la derecha al Partido Socia­lista, que había rehusado en 1921 las veintiuna condi­ciones de admisión a la Internacional Comunista. El PSOE y la central sindical que controlaba, la Unión General de Trabajadores (UGT), se pronunciaron en 1923 por una colaboración con la dictadura y acepta­ron las promesas que les ofreció Primo de Rivera. El secretario general de la UGT, Francisco Largo Caba­llero, se convirtió en consejero de Estado. La UGT uti­lizó sistemáticamente durante la dictadura organis­mos de colaboración, como los comités paritarios, pa­ra hacer progresar su implantación en detrimento de la CNT, perseguida y dividida. Los socialistas, parti­darios de la colaboración de clases bajo la dictadura de Primo de Rivera, se volvieron resueltamente reformistas a partir de la proclamación de la Repúbli­ca: uno de ellos, Indalecio Prieto, fue uno de los anima­dores del reagrupamiento de la oposición frente a la dictadura, y luego, frente a la monarquía, uno de los principales organizadores de la conferencia de San Sebastián. La presencia en el gobierno provisional de ministros socialistas constituyó para el nuevo régimen una garantía sobre su izquierda, una protección contra las impacientes aspiraciones de las masas obreras y campesinas, al mismo tiempo que una promesa de “re­formas” profundas y de leyes sociales para satisfacer algunas de las reivindicaciones más inmediatas.

Sería erróneo, sin embargo, no ver en él más que a una fuerza de orden. Su política reformista no era más fuerte que las ilusiones de los trabajadores ha­cia el nuevo régimen, además del miedo que temporal­mente podían inspirar a una oligarquía inquieta. La verdad es que la proclamación de la República abrió la vía de las reivindicaciones obreras y campesinas que las clases en el poder no eran capaces de satisfa­cer. En definitiva, la revolución estaba a la orden del día. El problema era saber si podría organizarse en España la fuerza necesaria para su victoria: los ele­mentos existían en todas partes, tanto en la UGT como en la CNT, en las filas de los “faístas”, y en las de los sindicalistas, en los comunistas oficiales o no, en los jóvenes que se despertaban a la vida política y se apun­taban en tal o cual organización política o sindical. ¿Cómo construir el marco que permitiría reunirlas? Tal fue el objeto de la discusión que se llevó entre comu­nistas, entre Maurín y Nin en Barcelona, entre Nin y Trotsky a través de cartas, en un círculo todavía re­ducido de militantes que no tenían por el momento más arma que la experiencia de las revoluciones del siglo XX, victoriosas o vencidas, y la convicción de que la hora de la revolución proletaria se acercaba en Es­paña de modo inevitable.

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Capítulo 3

LA DEMOCRACIA IMPOSIBLE

La composición del gobierno provisional era por sí misma reveladora tanto de las intenciones como de los límites de los fundadores de la República. El pre­sidente, Niceto Alcalá Zamora, y el ministro del Inte­rior, Miguel Maura, eran no solamente fer­vientes católicos y conservadores declarados, sino además cen­tralistas decididos. Nicolau D’Olwer, ministro de Eco­nomía, era un liberal ligado a la banca de Cataluña. El ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, además de líder socialista, era un hombre de negocios de Bilbao. Lar­go Caballero, secretario de la UGT, antiguo consejero de Estado bajo el régimen de Primo de Rivera, era ministro de Trabajo. Todos eran hombres de orden, deseosos de impedir y de tratar de combatir la revolu­ción, y su alianza –sobre esta base negativa– era im­posible frente a las tareas de la “revolución burgue­sa” que se imponía en España para salir de sus contra­dicciones seculares: el problema de la tierra y de la re­forma agraria, la cuestión de las nacionalidades, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el destino del aparato burocrático y del ejército de la monarquía, que estaba confiado al único hombre nuevo de este equipo, el republicano de izquierda Manuel Azaña.

Sus primeras iniciativas querían ser tranquilizadoras. En una primera declaración garantizó la pro­piedad privada dejando abierta la posibilidad de “ex­propiación” “por razón de utilidad pública y con in­demnización”; afirmó de manera muy vaga que “el derecho agrario debía corresponder a la función so­cial de la tierra”. Proclamó su intención de conservar las buenas relaciones con el Vaticano, proclamó la li­bertad de cultos sin hacer alusión a una eventual separación. Se opuso a la proclamación en Barcelona de la República catalana, a donde envió tres ministros que negociaron un compromiso, el restablecimiento de la Generalitat, vieja institución catalana, y la promesa de un estatuto de autonomía. No hizo ninguna alusión respecto a depuraciones del aparato de Estado o del ejército, manteniendo en sus funciones a los jefes de la policía y de la odiada Guardia Civil, cuyo jefe era el general Sanjurjo, y Alcalá Zamora recibía con gran pompa a los oficiales monárquicos que dirigían el ejér­cito, con el almirante Aznar, último ministro del rey, en primera fila.

Las primeras semanas de existencia del nuevo ré­gimen dan la clave de esta prudencia. Un hecho de ex­trema justicia fue el que no se conocieran el 14 de abril enfrentamientos sangrientos. Cuando ni los mo­nárquicos ni los anarquistas parecían querer negar seriamente a la República, las primeras decisiones del gobierno provisional provocaron reacciones que per­mitieron medir la profundidad de las contradicciones. Los primeros decretos provenían del Ministerio de Tra­bajo: el dirigente de la UGT tenia un grave problema en el seno de su propia organización, una fuerte pre­sión, la de los obreros agrícolas agrupados en la Fe­deración de los Trabajadores de la Tierra, y debía dar­les al menos parcialmente satisfacción. Un primer de­creto prohibía el embargo de pequeñas propiedades rurales hipotecadas, otro prohibía a los grandes pro­pietarios emplear trabajadores ajenos al municipio mientras existieran parados, los ayuntamientos fue­ron autorizados a obligar a los grandes propietarios a poner en cultivo tierras dejadas en baldío. Por fin, el 12 de junio, el gobierno extendió a los obreros agríco­las el beneficio de la legislación sobre los accidentes de trabajo del que habían estado hasta entonces ex­cluidos.

Por mal acogidas que fueran estas medidas en los medios de la oligarquía, no provocaron abiertamente una tempestad. Por moderadas que fueran, en cambio, las declaraciones de los proyectos del gobierno pare­cían intolerables amenazas en los medios dirigentes de la jerarquía y del mundo católico. Los grandes dia­rios que controlaban, “ABC” y “El Debate”, sostenían una dura polémica, destacando el carácter provisional del gobierno que oponían a la eternidad de la religión católica. Atacaban con violencia el decreto del 6 de ma­yo que dispensaba de la enseñanza religiosa a los ni­ños de las escuelas públicas cuyos padres así lo desea­ran. El 7 de mayo publicaron una carta pastoral del cardenal Segura, verdadera declaración de guerra a la República y a su gobierno, en “defen­sa” de los “derechos” de la Iglesia frente a la “anar­quía” que amenazaba el país, llegando a compa­rar al gobierno provisional con la república bávara de los consejos de 1919. Este texto provocador reforzó la agitación a punto de desarrollarse contra las congre­gaciones. Muchos dieron un apoyo abierto a los mane­jos reaccionarios, de los que la reunión de Madrid del “círculo monárquico” era la prueba más evidente. La reunión de este último, el 10 de mayo, provocó vivos incidentes y dio lugar a rumores alarmantes: se ha­blaba del asesinato de un taxista por los monárquicos. Durante la noche, seis conventos fueron incendiados en Madrid por jóvenes; conventos e iglesias fueron igualmente saqueados e incendiados en los días siguien­tes en Sevilla, Málaga, Alicante y Cádiz. La versión de una provocación, sostenida aún hoy por un historiador eminente como es Gabriel Jackson, ha sido a me­nudo expuesta para explicar estas violencias antirreli­giosas. No ha sido probada. Lo que es cierto en cam­bio es que la Iglesia española encarnaba a los ojos de las más amplias masas, en vías de tomar conciencia de su condición de clase, toda la tradición reaccionaria del país y una servidumbre secular hacia los podero­sos. El gobierno observó la mayor prudencia: la poli­cía no intervino más que para asegurar la evacuación de los religiosos, y fue en vano –hasta el 15 de mayo– que el ministro del Interior reclamase la autorización para hacer intervenir a la Guardia Civil y para procla­mar el estado de guerra. Los gritos de indignación de la gran prensa y de los prelados no disimulaban la to­tal ausencia de reacción de la mayoría católica del país: el despertar de las masas trastornó los esquemas tra­dicionales.

El resultado de los incidentes de mayo fue en todo caso un endurecimiento de las posiciones: Segura, acusado de haber provocado la explosión popular, fue declarado persona non grata, y el gobierno se decidió a proclamar la libertad de cultos, añadiendo, bajo pre­texto de higiene, la prohibición de poner imágenes re­ligiosas en los nichos. Los obispos protestaron con in­dignación.

La cuestión religiosa estuvo igualmente en el cen­tro de la primera crisis, después de la discusión por las Cortes de la Constitución y especialmente de su artículo 26. El proyecto, estrechamente inspirado en la constitución de Weimar, proclamaba una “república democrática de trabajadores de toda clase”, concen­trando el poder en una cámara única, elegida por su­fragio universal, directo y secreto, y en las manos de un presidente con extensas prerrogativas, elegido por siete años por un colegio electoral particular. La se­paración de Iglesia y Estado, prevista por el artículo 3, y las disposiciones del artículo 26 contra las congre­gaciones provocaron la primera crisis ministerial, la dimisión de Maura y Alcalá Zamora y la formación de un gobierno presidido por el anticlerical Azaña. Fue este mismo gobierno, de coalición republicano-socia­lista, quien volvió sobre los principios mismos de la constitución en materia de las libertades democráticas adoptando la “ley de defensa de la república”, que dio al Ministerio del Interior poderes exorbitantes para mantener el orden, y que sería más utilizado contra la agitación obrera y campesina que contra la reacción.

Lanzados a la lucha contra la Iglesia católica, los republicanos fueron, sin embargo, mucho más pru­dentes en el terreno de las reformas sociales y ante todo en su aproximación a la cuestión agraria. La “ley de reforma agraria”, votada después de interminables debates, preveía la expropiación de los grandes domi­nios en las principales regiones de latifundios, pero su alcance era considerablemente limitado por las cláu­sulas de indemnización y, por consiguiente, por los créditos puestos a disposición del Instituto de Refor­ma Agraria. En efecto, para los primeros años, este úl­timo no disponía más que de sumas que permitían la instalación anual de 50.000 campesinos, abriendo la perspectiva de un plazo de medio siglo para una regla­mentación definitiva del problema de la tierra. Y las resistencias de las clases poseedoras a nivel del apara­to de Estado eran tales que el Instituto no gastaría en dos años más que el tercio de las sumas que le habían sido concedidas. Como los capitales se fugaban o se di­simulaban, las dificultades económicas y sociales au­mentaron en todos los sectores de actividad: el paro obrero alcanzó proporciones sin precedentes, y a éste vino a sumársele un alza continua de los precios que no detenían los aumentos de salarios obtenidos por las huelgas cada vez más numerosas a pesar de la multiplicación de las instituciones que las arbitraban. La agitación obrera reforzó la agitación campesina y viceversa. La represión, llevada por los cuerpos de po­licía tradicionales –especialmente la Guardia Civil– exasperó, indignó y envenenó los conflictos. Mientras católicos y “laicos” se enfrentaban en las Cortes con grandes oratorias y se lanzaban a la cara amenazas ape­nas veladas de recurrir a la fuerza, obreros y campesinos españoles hacían en sus luchas cotidianas, la ex­periencia del nuevo régimen.

Ya durante la discusión de la constitución, estalló en Barcelona la huelga de los empleados de la compa­ñía americana de la Telefónica, impulsada por los mi­litantes de la CNT. Esta compañía, introducida en Es­paña en tiempos de Primo de Rivera, simbolizaba la penetración del imperialismo extranjero, denunciada antes por socialistas y republicanos, quienes, ahora en el poder, querían tranquilizar a los capitalistas extran­jeros. Socialistas y anarquistas, militantes de la UGT y de la CNT, se enfrentaban, los primeros acusando a los segundos de desencadenar y extender la huelga ba­jo la amenaza de sus pistoleros. En respuesta a la re­presión gubernamental, la CNT lanzó en Sevilla la con­signa de huelga general, a la que el gobierno respondió con el estado de guerra. En una semana fue restable­cido el orden en la gran ciudad andaluza: el balance fue de treinta muertos y más de doscientos heridos. La prensa y los militantes de la CNT desencadenaron una campaña contra el gobierno: socialistas y anar­quistas comenzaron a arreglar sus divergencias con las armas en la mano.

Seis meses después ocurrieron los trágicos aconte­cimientos de Castilblanco. Allí la Guardia Civil disper­só brutalmente una manifestación de campesinos or­ganizada por la Federación de los Trabajadores de la Tierra, afiliada a la UGT. Cuatro guardias civiles que entraron en la Casa del Pueblo para impedir una ma­nifestación de protesta fueron rodeados por las mu­jeres. Uno de ellos disparó: los cuatro serían lincha­dos y descuartizados por una masa encolerizada. La represión fue dura: seis condenas a muerte conmuta­das por prisión a perpetuidad. Unos días más tarde, la misma Guardia Civil abrió fuego sobre una delegación de huelguistas en la comarca de Arnedo: hubo seis muertos, entre ellos cuatro mujeres y un niño, y die­ciséis heridos de bala.

Al mismo tiempo, militantes de la FAI desencadenaron una insurrección armada en la cuenca minera del Alto Llobregat, proclamando el “co­munismo libertario” en estos pueblos miserables. Fue­ron aplastados en pocos días y un centenar de militan­tes anarquistas, entre ellos Durruti y Francisco Aseaso, deportados a las Canarias y al Sahara español. Sus camaradas protestaron con una nueva insurrección en Terrassa, el 14 de febrero de 1932, tomando el Ayunta­miento, asediando el cuartel de la Guardia Civil, y fi­nalmente rindiéndose al ejército enviado contra ellos.

Unos meses más tarde fue la derecha la que tomó la iniciativa del recurso a los fusiles. Reemplazado en el mando de la Guardia Civil por el general Cabanellas, el general Sanjurjo intentó un pronunciamiento que la CNT y los trabajadores sevillanos cortaron en seco respondiendo con la huelga general inmediata, mien­tras que las tropas gubernamentales rechazaron la ten­tativa pobremente preparada por los elementos mo­nárquicos en Madrid. El general faccioso fue condena­do a muerte e indultado a continuación. Los bienes de los conspiradores –algunos de los cuales fueron depor­tados– fueron confiscados. Favorecido por el fracaso de este movimiento, el gobierno aprovechó para dar un ligero avance a la reforma agraria y hacer aprobar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que permanecía hasta entonces en suspenso. Pero no apartó del ejército más que a algunos de los conspiradores más conocidos.

En el mes de enero de 1933, los activistas anar­quistas del grupo Nosotros –García Oliver, Durruti, antiguos miembros de los “Solidarios”– apoyados en la FAI y los “comités de defensa” desencadenaron una nueva insurrección que arrastró a la CNT en numerosas localidades de Cataluña, de Levante, de la Rioja y de Andalucía. En esta última región, en Casas Viejas, un destacamento de guardias civiles prendió fuego a una casa en la que se habían refugiado una treintena de militantes anarquistas que serian quemados vivos, mientras que un oficial hizo ejecutar a sangre fría a catorce amotinados hechos prisioneros. El autor de este crimen pretendió haber obedecido órdenes de Aza­ña. “Ni heridos, ni prisioneros. Tiros a la barriga”. Es­ta política de brutal represión, el arsenal jurídico que el gobierno se dio con la ley del 8 de abril de 1932 so­bre el control de los sindicatos, la ley de orden público de julio de 1933, la ley sobre los vagabundos, permi­tiendo disparar sobre obreros parados y militantes profesionales, la obliga­ción de un anuncio de ocho días de antelación para to­da huelga, la multiplicación de los arrestos preventi­vos, la protección acordada por la policía a los coman­dos antianarquistas, todo esto dio, en adelante, al nue­vo régimen su fisonomía antiobrera, exasperó las con­tradicciones, avivó las divergencias y preparó reagru­pamientos en el seno del movimiento obrero.

En cuanto a la CNT, después de la proclamación de la República, fue sacudida por una profunda crisis. Desde el mes de octubre, los elementos de la FAI con­siguieron, en efecto, una explosiva victoria sobre sus adversarios sindicalistas eliminando de la dirección del diario cenetista “Solidaridad Obrera” a Joan Peiró, al que juzgaban oportunista. Algunos meses después, Pestaña fue expulsado del sindicato del metal. Un ma­nifiesto firmado por treinta dirigentes de la CNT –los “trentistas”– entre los cuales estaban Joan Peiró, Juan López, Pestaña, tomó posición contra el aventu­rerismo de la FAI y trazó un programa reformista[1] que valdría a sus firmantes la expulsión de la Confederación, con numerosas organizaciones –en Valencia, Huelva y Sabadell especialmente–,que tomaron el nombre de “Sindicatos de la oposición”.

Sin embargo, la FAI se dividió ella misma, y los anarquistas puros, fieles al modelo tradicional, com­batieron encarnizadamente a aquellos que llamaban anarcobolcheviques y que buscaban en la realidad del momento una respuesta a la cuestión que los “tren­tistas” rehusaban plantear: ¿Cómo hacer la revolu­ción?[2] El conflicto interno se tradujo de forma trágica a nivel de las contradicciones entre organismos respon­sables: en enero de 1933, en Cataluña, la federación local de la CNT lanzó la consigna de huelga general, veinticuatro horas después que la confederación regio­nal hubiera tomado posición en contra. Pero reflejó en realidad una crisis política extremadamente profun­da. Como subrayó entonces Andreu Nin, en notas re­petidas hoy por el historiador César Lorenzo, si los anarquistas permanecían fieles a su viejo esquema de “gimnasia revolucionaria” destinada a adiestrar a los trabajadores, no harían más que un cambio radical que les pondría en contradicción con los principios anarquistas tradicionales, apoderándose, de hecho, del poder político e instaurando, a su manera, una dicta­dura que no era ciertamente la del proletariado, sino que era la de su propio poder revolucionario.[3] Comen­tando la huelga de enero de 1933 y las “proclamaciones” de “toma del poder” por los comités anarquistas, Andreu Nin saludó esta nueva posición como un “pa­so adelante”: “Los dirigentes del movimiento han re­nunciado prácticamente a los principios fundamenta­les del anarquismo para acercarse a nuestras posiciones”.[4] Y esto no era evidentemente por casualidad, ya que al otro extremo del horizonte anarcosindicalista, Angel Pestaña rompía con el anar­quismo para fundar un “Partido Sindicalista” destinado en lo fundamental a realizar por una vía pacífica y reformista un socialismo basado en la autogestión y el federalismo.

La colaboración de los socialistas en un gobierno republicano que se volvía tan claramente contra las reivindicaciones obreras y campesinas, la decepción provocada por los resultados concretos del cambio de régimen político, no podían, al menos en un primer momento, nutrir el desarrollo de la CNT, que co­nocía, a pesar de las dificultades, un desarrollo consi­derable de su organización y de su influencia durante los primeros años de la República, en los cuales apa­recía como el polo de reagrupamiento ofrecido a los revolucionarios lo mismo que a la acción de clase de los obreros y campesinos. La CNT reunía indiscutible­mente los elementos más combativos y los más deci­didos del proletariado español, pero, al mismo tiem­po, no era capaz de ofrecerles ni un método ni un pro­grama revolucionario y, en estas condiciones, la crisis que atravesaba –la rebelión de los militantes contra los prejuicios anarquistas– dejaba teóricamente un lugar considerable a la intervención de los comunistas, que disponían de una posibilidad real de construir ver­daderamente su partido en una doble oposición a las corrientes reformistas de colaboración de clase y a las tácticas aventureristas del golpismo revolucionario que facilitaban la tarea de la represión gubernamental y agravaban las divisiones en el interior del movimiento obrero.

Pero el Partido Comunista oficial estaba lejos de comprender la realidad política y de tomar esta pos­tura. Íntegra y estrechamente sumiso a la dirección estalinista de la Internacional Comunista –que repre­sentaba en España una “delegación” compuesta por Humbert-Droz, Rabaté y el argentino Codovilla– apli­caba mecánicamente en España los análisis y las con­signas elaboradas por ella en el marco de la política llamada del “tercer período”, caracterizada por su sec­tarismo y su rechazo a la unidad obrera. La definiciónde la socialdemocracia como un “socialfascismo”, que daría en Alemania los resultados catastróficos de impedir la unidad en la lucha contra los nazis, asegurando la victoria sin combate a las bandas hitlerianas, se aplicó también a la situación española: el análisis del Partido Socialista como un partido “socialfascista” no podía más que aislar a los comunistas y agrupar alrededor de sus dirigentes reformistas a los militantes socialistas que se pregunta­ban sobre los fundamentos de la política de su parti­do. Aún más, este análisis era aplicado de manera me­cánica a los anarquistas, calificados de “anarcofascis­tas” y tratados en consecuencia como tales. Las repe­tidas llamadas del PCE al “poder de los soviets” en un país donde no había nada que se pareciera, ni de lejos, a un soviet, no hacía más que desacreditarlos y al mis­mo tiempo desacreditar también la imagen del comu­nismo. Allí donde los militantes comunistas constituían una fuerza importante, como en Sevilla, la ponían al servicio de una política de escisión de la CNT: el “co­mité de reconstrucción de la CNT”, fundado por los comunistas que militaban en el puerto de Sevilla, era el instrumento de esta empresa, que sería la causa de enfrentamientos sangrientos entre militantes del PCE y de la CNT, y levantaría contra el “comunismo” a nu­merosos militantes anarcosindicalistas ligados a la unidad de la central que el PCE se esforzaba en des­truir. Esta trayectoria sectaria y antiunitaria culminó con la “sanjurjada”; el mismo día del pronunciamien­to del general, “Mundo Obrero” denunció al gobier­no como centro de la actividad fascista, y la contra­manifestación organizada por el PCE no ofreció otra consigna que la de “¡Abajo Sanjurjo!”. El error era tan manifiesto, la incomprensión tan grande en las mismas filas del partido, que la Internacional decidió un “cambio”: los dirigentes Adame y Bullejos, consi­derados los responsables de la política sectaria que no hicieron más que aplicar, fueron eliminados, y el co­mité de “reconstrucción” fue transformado en “comité para la unidad sindical”. Los mismos delegados de Stalin continuaron en realidad dirigiendo el partido bajo la cobertura de “nuevos” jefes recientemente ascendidos como José Díaz, Jesús Hernández y Dolores Ibárruri, y el comité para la unidad sindical sirvió de trampolín a una nueva central sindical, la CGT unita­ria, cuya creación facilitó la expulsión de los militan­tes comunistas de las otras dos centrales y contribuyó un poco más todavía al aislamiento del Partido Comu­nista.

Los comunistas que se oponían a esta situación, durante este tiempo, se esforzaban en promover otra política y en conquistar a los militantes que se rebe­laban contra esta situación catastrófica. La Federación Catalano-Balear de Maurín se fusionó con el Partit Co­munista Catalá de Jordi Arquer, otra pequeña organi­zación, pero bien implantada en muchos centros, entre los estibadores de Barcelona y de Lérida. Formaron juntos el Bloc Obrer i Camperol (BOC), que se autodefinía como organización de masas y llamaba a los comunistas de España a la reunificación. Nin, que co­menzó a colaborar en “La Batalla” de Maurín y pensa­ba adherirse a la Federación Catalana, renunció, no tanto por el hecho de las exhortaciones de Trotsky si­no por las continuas negativas que le oponían los diri­gentes del Bloc Obrer i Camperol. La vuelta a España de los elementos ganados a la oposición de izquierda en Bélgica y en Luxemburgo, permitió el desarrollo del grupo que se convertiría en la Izquierda Comunista en 1932, y publi­caba una importante revista teórica, “Comunismo”, y además un efímero semanario, “El Soviet”. Desde en­tonces, Nin se apartó de los maurinistas y polemizó contra el Bloc Obrer i Camperol. Las divergencias eran profundas entre los dos grupos. La principal era que Nin y los suyos poseían un análisis sobre el estalinismo, y que su apre­ciación de la situación española se basaba en una in­terpretación de los acontecimientos que se desarro­llaron en Rusia después de la revolución, y por conse­cuencia, de la “cuestión rusa”, que según ellos, domi­naba toda la política de la Internacional, tanto en Es­paña como en otras partes. Maurín y sus partidarios, por su lado, rechazaban los ataques contra los trots­kistas, rehusaban tomar partido entre “eestalinistas” y “trotskistas”, afirmando querer atenerse a sus propias divergencias de comunistas españoles en la sola cues­tión española, y rehusando aceptar una política, fue­se cual fuese, que se limitase a aplicar teóricamente en España los esquemas que habían sido válidos en Rusia en 1917.[5] Una posición que Nin calificaba de “tras­plantación deformada de la teoría estaliniana antimar­xista del socialismo en un solo país”.[6] Y esta divergen­cia fundamental alimentó, de golpe, muchas otras opo­siciones.

De acuerdo en reconocer la importancia de la “cues­tión nacional”, trotskistas y maurinistas no sacaban las mismas conclusiones prácticas. Nin luchaba por el reconocimiento del derecho de las nacionalidades a la separación, pero también por la unificación nacional e internacional del proletariado, mientras que Maurín se declaraba “separatista” en Cataluña y reprochaba a la Internacional que no apoyase a todos los movi­mientos separatistas en España. Igualmente, la Izquier­da Comunista y el Bloc Obrer i Camperol estaban de acuerdo en conde­nar la política estalinista sectaria que consistía en opo­ner mecánicamente “la dictadura del proletariado y de los soviets” a la “república burguesa” y en caracte­rizar como “democrática burguesa” la fase inicial de la Revolución española. Pero Nin llevó adelante la con­signa de “ruptura con las organizaciones burguesas” como un paso hacia la constitución de los soviets, mien­tras que Maurín propuso una “convención nacional” dirigida por los elementos avanzados de la pequeña burguesía, en resumen, una coalición del tipo de la que se estaba formando en Cataluña con el movimiento catalanista, en una región donde, a diferencia del resto de España, la UGT y el Partido Socialista no consti­tuían más que una fuerza insignificante. Después de la “sanjurjada”, el Bloc Obrer i Camperol lanzó la consigna de “Todo el poder para las organizaciones obreras”: Nin la con­denó como una concesión oportunista, puesto que en España significaba “todo el poder a los sindicatos” y excluía, por tanto, a las masas campesinas. Lo que los trotskistas calificaban de oscilaciones “centristas”, que en la decisiva cuestión del poder conducía a los maurinistas a adaptarse a veces a la pequeña burgue­sía catalana y otras a los anarcosindicalistas, ellos opo­nían la línea de la lucha por la construcción de la forma española de los soviets, las “juntas revolucionarias” elegidas por los obreros y campesinos.

El encarnizado combate político entre grupos opues­tos entre ellos, y entre ellos y el PCE, provocó replanteamientos y cambios entre estos grupos cuyas fronteras eran por lo demás bastante dé­biles. En Madrid, en Valencia y en Extremadura, mi­litantes del PCE y de las Juventudes Comunistas (JC) fueron expulsa­dos y se sumaron a la oposición de izquierda. Gorkín, antiguo dirigente del partido en la emigración que ha­bía aglutinado a los trotskistas en Francia, dejó la opo­sición de izquierda española para militar finalmente en el Bloc Obrer i Camperol. Pero el catalán Molins i Fábrega dejó el Bloc Obrer i Camperol por la oposición de izquierda.[7] La agrupación de Madrid se descompuso en 1932, una parte de sus miem­bros se integraron en el PCE, mientras que dos de sus principales animadores, el antiguo dirigente de las JS y del Partido Socialista, Luis Portela, y el antiguo dirigen­te de las JC, Luis García Palacios, se integraron, el pri­mero en el Bloc Obrer i Camperol de Maurín y el segundo en la oposición de izquierda. Una minoría que se denominaba “Oposi­ción Obrera” en el interior de la Federación catalana, se agrupó alrededor de los camaradas de Maurín, An­tonio Sesé y los pioneros del comunismo Hilario Ar­landis y Evaristo Gil, que en 1932 igualmente se in­tegraron en el PCE. Este, a quien el apoyo finan­ciero de la Internacional permitía la publicación de un diario, tarea muy superior a sus propias fuerzas, no progresó más que débilmente, a pesar del éxito conse­guido en Madrid sobre la oposición de tendencia mau­rinista. La revista “Comunismo” gozaba de un enorme prestigio entre los intelectuales, pero la oposición de izquierda convertida en Izquierda Comunista que la editaba no progresó demasiado entre los trabajadores manuales. El Bloc Obrer i Camperol, alrededor de la Federación catalana, que se convirtió en Federación Co­munista Ibérica, siguió siendo, a pesar de sus fracasos en el resto de España, el primer partido obrero en Ca­taluña, donde las organizaciones sindicales de la CNT y los partidos catalanistas tenían la preponderancia política.

Sin embargo, de la acción de estas organizaciones minoritarias, separadas por serias divergencias, surgió, con la agravación de la situación política y la amenaza más precisa de contrarrevolución en 1933, la primera iniciativa susceptible de trastornar la relación de fuer­zas entre sindicatos y partidos por una parte, y movi­miento obrero y clases dirigentes por otra.

En efecto, en diciembre de 1933 se constituyó en Barcelona, bajo el impulso del Bloc Obrer i Camperol y de la Izquierda Comunista, el primer frente de unidad entre organizaciones, la Alianza Obrera: la UGT catalana, la Unió Socialista, los sindicatos de la oposición –trentistas–, la Unió de Rabassaires (pe­queños campesinos) y el minúsculo Partido Socialista Español de Barcelona, y estas dos organizaciones comu­nistas decidieron concluir esta alianza en vista de “opo­nerse a la victoria de la reacción” y de preservar las amenazadas conquistas de la clase obrera. Esta inicia­tiva, todavía modesta, era a la vez el resultado de la propaganda incansable llevada por la oposición de iz­quierda internacional y española en favor de los frentes de unidad obreros contra el fascismo ascendente y de la emoción provocada en el mundo entero por la derrota de la clase obrera alemana, consecuencia del rechazo obstinado de la política de frente único por parte de los dos grandes partidos obreros alemanes. Constitu­yó al mismo tiempo una iniciativa defensiva frente a la aparición de los primeros grupos abiertamente fascis­tas, las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalis­ta) de Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, después Falange (Falange Española) que dirigían José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, y el aviador Ruiz de Alda. Correspondía, en fin, a la creciente inquietud y a la impaciencia que se traducía más y más vigorosa­mente en el interior del Partido Socialista, decepciona­do por los resultados de los años de colaboración gu­bernamental.

El balance de estos años era, en efecto, sentido de manera extremadamente contradictoria por los mili­tantes. Si los resultados obtenidos eran pobres en com­paración con las esperanzas alimentadas en materia de reformas y de avance gradual hacia el socialismo, no era menos cierto que el Partido Socialista y la UGT crecieron enormemente, se convirtieron, en estos años, en poderosas organizaciones de masas atrayendo a sus filas a numerosos jóvenes que veían en ellas la prin­cipal esperanza de un cambio político y social. Sus nuevos militantes traducían a la vez la decepción de las masas ante la pobreza de los resultados obtenidos y la presión ejercida por los anarquistas sobre su iz­quierda. La coalición gubernamental se volvió cada vez más incómoda. Por una parte, los republicanos repro­chaban a los socialistas no ser más que instigadores, o al menos cómplices de la agitación campesina y de sus formas cada vez más violentas, y les acusaban de do­ble juego. Por otra parte, anarquistas y comunistas de obediencias diversas denunciaban a los socialistas como cómplices de una política de represión feroz, de un régimen en el que un republicano tan moderado como Martínez Barrio podía declarar que era un régi­men de “barro, de sangre y de lágrimas”.[8] La ruptura entre socialistas y republicanos seria desde ahora ine­vitable: el presidente de la República, Alcalá Zamora, se empleó activamente provocando primero la crisis ministerial, y luego decidiendo la disolución de las Cortes después de un efímero gabinete Lerroux. De re­pente, la crisis del Partido Socialista se volvió inevita­ble: la perspectiva de las elecciones planteó la cuestión de las alianzas electorales, obligó a los dirigentes a re­considerar el conjunto de su balance, forzando a los militantes a asumir sus responsabilidades. En las filas de la Juventud Socialista, especialmente en Madrid, se dibujó una corriente que volvía a poner en cuestión de forma radical las perspectivas del partido después de la escisión, la defensa de la democracia burguesa parlamentaria y la colaboración de clases en una ópti­ca reformista. Surgió una nueva fuerza, una nueva po­sibilidad concreta de construir un frente de los trabajadores al mismo tiempo que una fuerza revolucionaria. Pero no estaba por el momento más que en sus pri­meros pasos, y las elecciones de noviembre de 1933, que dieron a la derecha la mayoría, iban a crear un contexto nuevo.

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Capítulo 4

LA REACCIÓN IMPOSIBLE

Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la vic­toria a la derecha: la ley electoral favoreció las am­plias coaliciones, y los socialistas, que entraron solos en la competición, perdieron la mitad de sus escaños aun sin perder votos, mientras que los partidos repu­blicanos se derrumbaron. Este resultado por sí sólo plantea el problema de fondo: en el contexto econó­mico y social de la España tradicional, los socialistas, frente a una coalición a la que sostenían fondos con­siderables y los caciques de los pueblos, no les queda­ba más opción que la derrota o la alianza con los re­publicanos, alianza que, como demostraban los años transcurridos, no les permitió aplicar su política. De­cidido a afrontar sólo la competición electoral, el Par­tido Socialista fue forzado de improviso a asumir esta contradicción y a poner en marcha una revisión desga­rradora. El ala izquierda que se dibujaba en el trans­curso del verano de 1933 a través de las reacciones de la Juventud Socialista empezó a tomar forma, y su prin­cipal portavoz no fue otro que Largo Caballero. El hom­bre que durante cincuenta años fue el jefe de las filas del reformismo y de la colaboración de clases, traía un lenguaje nuevo y cuando menos sorprendente. Para él, la experiencia de los primeros años de la República estaba clara: no había que esperar nada de la pequeña burguesía y de los partidos republicanos que eran congénitamente incapaces de realizar su revolución demo­crática burguesa. Según él, durante estos años de coalición gubernamental, Azaña y los suyos habían sabo­teado todas las tentativas de reformas serias –incluso a través de los altos funcionarios de su propio Minis­terio. Durante la campaña electoral, empleó, según ex­presión de Andreu Nin, “un lenguaje puramente comu­nista, llegando incluso a preconizar la necesidad de la dictadura del proletariado”.[1]

Los anarquistas, por su parte, planteaban a su ma­nera el mismo problema e intentaban oponer la “vía parlamentaria” a la “vía revolucionaria”. Su historiador, César Lorenzo, ha escrito: “Sus militantes, sus mejores oradores, sus agitado­res emprendieron una formidable campaña en favor de la abstención, denunciando sin tregua y sin rodeos la incapacidad y la traición de los partidos burgueses liberales y de los socialistas, su cobardía ante la dere­cha, su negativa a buscar un remedio definitivo a las plagas tradicionales de España y su ignorancia de las necesidades de la clase obrera. La propaganda liber­taria encuentra un creciente eco entre el proletariado y el campesinado, cansados de la ineficacia de la coa­lición republicano-socialista en el poder”.[2]

En la totalidad del país, las abstenciones se eleva­ron al 32,5%, alcanzando y a veces sobrepasando el 40% en las provincias de Barcelona, Zaragoza, Hues­ca y Tarragona, 45% en las de Sevilla, Cádiz y Málaga. Habiendo asegurado así a su manera, gracias al im­pacto de su consigna de no votar, el éxito electoral de la derecha, los anarquistas pasaron a la segunda parte de su “demostración”, desencadenando contra la derecha victoriosa el tradicional levantamiento arma­do. El 8 de diciembre de 1933, por iniciativa de un “co­mité revolucionario” dirigido especialmente por Ci­priano Mera y Buenaventura Durruti, la CNT desen­cadenó la insurrección en Zaragoza y, desde allí, en Aragón y en la Rioja. De nuevo el “comunismo libertario” fue proclamado durante algunos días en los pueblos. La represión del ejército y de la policía lo vencería fácilmente: la CNT golpeada y dividida fue, por el momento, vencida.

Ahora bien, la victoria de la derecha no fue una simple peripecia, sino, para sus inspiradores, una primera etapa. Pues no estaba en su ánimo una vuelta de péndulo en una simple alternancia en el poder, sino el comienzo de un ataque para el cual otros medios ade­más de los electorales serían empleados, si fuera ne­cesario. Los monárquicos, “carlistas” o “alfonsinos”, organizados en la Comunión Tradicionalista, y el par­tido Renovación Española no renunciaban a “salvar” a España y a regenerarla por las armas a través de una guerra civil. Su jefe, Calvo Sotelo, entusiasta del corporativismo, admirador del fascismo, personalmen­te ligado al cardenal Segura, tenía la confianza de los jefes militares. Los dos partidos y un representante del ejército firmaron con Mussolini, en 1934 en Roma, un acuerdo secreto por el cual este último se com­prometía a suministrar capitales y armas para contri­buir a la caída de la República. Esta extrema derecha conservadora, más autoritaria y corporativista que mo­nárquica, ejerció la más viva presión sobre la organi­zación política de la derecha. Creada por iniciativa de la jerarquía católica, la Acción Popular de José María Gil-Robles, admirador del Estado corporativista de Dollfuss, que llegaría a ser jefe parlamentario de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autóno­mas), el partido más fuerte de las Cortes, y que goza­ba, también, de la confianza de los más importantes jefes militares.

El nuevo gobierno, presidido por Lerroux, y en el que no participaban representantes de la derecha, se comprometió inmediatamente en la vía de la demoli­ción de la obra de los primeros años de la República. La investigación sobre las responsabilidades de la monarquía fue cerrada por un sobresei­miento. El clero recibió exorbitantes subvenciones, mientras que los créditos de las escuelas públicas fue­ron disminuidos. Las leyes que concernían a la adju­dicación por concurso de trabajos públicos fueron anu­ladas. La policía hizo amplios reclutamientos. Calvo Sotelo, condenado al exilio después de la caída de la dictadura, fue amnistiado. Los grupos de extrema de­recha salieron a la calle con la abierta protección de las autoridades: los falangistas atacaban diarios y lo­cales socialistas e incluso liberales, disparando en la universidad, y las tropas de las Juventudes de la CEDA, congregadas en El Escorial, saludaban a sus jefes a la romana. Sanjurjo y los otros jefes del pronuncia­miento de 1932 fueron amnistiados y puestos en li­bertad. Lerroux dimitió porque el presidente Alcalá Zamora exigía la publicación de una nota mediante la cual declaraba que sería peligroso reponer a estos hom­bres de nuevo en sus mandos. Su sucesor, Samper, prosiguió su política, que condujo rápidamente a gra­ves conflictos, esta vez con los catalanes y los vascos: el gobierno hizo anular una ley catalana que reducía a la mitad los derechos de los grandes propietarios, y rompía unilateralmente un viejo convenio en materia fiscal que dejaba a las diputaciones provinciales la per­cepción de los impuestos en las provincias vascas. El presidente, en fin, buscó el medio de volver a poner en duda la separación de Iglesia y Estado.

Sin embargo, la clase obrera española y los campesinos pobres se sintieron frustrados, no vencidos, y la ofensiva reaccionaria comenzó a dictarles reflejos uni­tarios. En este contexto, la consigna de establecer un frente de unidad tomaba toda su dimensión y la Alianza Obrera tomaba envergadura.

Una delegación de la Alianza Obrera de Barcelona, en la que figuraban Pestaña, el socialista Vila Cuenca y Joaquín Maurín, se dirigieron a Madrid y se entrevis­taron con Largo Caballero, que se iría poco tiempo des­pués a Barcelona para proseguir la discusión. Sensi­ble a la amenaza de la contrarrevolución, herido mo­ralmente por el fracaso de su vida militante, empujado por la voluntad de combate de los militantes obreros de su partido y de la UGT, influenciado por intelectua­les –Carlos de Baraibar, Luis Araquistain– que tra­ducían la corriente a la vez unitaria y revolucionaria que comenzaba a animar a la joven generación, el vie­jo dirigente reformista dio un paso más y se pronun­ció por la Alianza Obrera, al mismo tiempo que por la vía revolucionaria. La Alianza Obrera, ya una rea­lidad en Barcelona, se extendió por toda Cataluña, y también por Madrid, donde la participación del ala caballerista le dio un peso particular, por Valencia, por Asturias, donde obtendría la espectacular adhesión de la organización regional de la CNT.

Fue en febrero de 1934 cuando, en las columnas de “La Tierra” apareció la primera toma de posición de un conocido dirigente de la CNT en favor de la Alian­za Obrera. Valeriano Orobón Fernández, lanzándose sobre el viejo sectarismo anarquista, planteó el proble­ma en estos términos:

“La realidad del peligro fascista en España ha plan­teado seriamente el problema de unificar al proleta­riado revolucionario para una acción de alcance más amplio y radical que el meramente defensivo. La única salida política actualmente posible se reduce a las so­las fórmulas antitéticas de fascismo o revolución so­cial… es indispensable que las fuerzas obreras cons­tituyan un bloque de granito”.[4]

La unidad que proponía debía hacerse sobre la base de la negativa a colaborar con la burguesía y de lu­char por su caída. La base del nuevo régimen debía ser “la aceptación de la democracia obrera revolucio­naria, es decir, de la voluntad de la mayoría del proletariado, en tanto que denominador común y factor decisivo del nuevo orden de cosas”.4

Sobre esta base la Confederación Regional astu­riana firmó con la UGT un pacto de alianza que el pleno nacional de la CNT rechazó con escándalo. Los asturia­nos, tras su dirigente José María Martínez, persistie­ron. Así lo señala César Lorenzo: “Volviendo a poner en duda el anarquismo tradicional, estos militantes as­turianos aceptarían la constitución de un poder ejecu­tivo que organizaría la revolución y después de ésta ejercería la autoridad y aseguraría el orden”.[5]

Combatida con encarnizamiento, tanto por los so­cialistas de derecha de la tendencia Besteiro como por los anarquistas, denunciada como “socialfascista” por el Partido Comunista, la construcción de la Alian­za Obrera trazó una división nueva dentro del movi­miento obrero español y creó al mismo tiempo las con­diciones de su reunificación a plazos y, en lo inmediato, las de su unidad de frente. La iniciativa de la Alianza Obrera de Cataluña llamando en marzo de 1934 una huelga general de solidaridad con los huelguistas de la prensa madrileña demostraba que desde ahora existía en España un elemento nuevo, un factor de renovación de la estrategia obrera, una posibilidad de superar las antiguas divisiones y de asumir una estrategia revolu­cionaria.

Pronto sería puesta a prueba. La CEDA hizo saber por boca de Gil-Robles que exigía su parte de res­ponsabilidades gubernamentales. Los dirigentes socia­listas se dividieron: ¿debían resistir por la fuerza, a pesar de una evidente falta de preparación, como pen­saba Largo Caballero? ¿Debían buscar la manera de evitar una batalla cuyo fracaso era seguro y reservar­se para tiempos mejores, como afirmaba Prieto? La re­ciente derrota de los socialistas austríacos frente al canciller Dollfuss –el modelo de Gil-Robles– hacía sin duda inclinar la balanza, y Largo Caballero lo con­siguió: se resistirá con las armas en las manos. El 1 de octubre, las Cortes se reunieron, el gobierno dimitió y Gil-Robles reclamó la mayoría en el gobierno. Los so­cialistas hicieron saber al presidente que considerarían esta entrada como una declaración de guerra contra ellos; apoyados por los republicanos de izquierda, pi­dieron la disolución de las Cortes y nuevas elecciones. Después de vacilar, el presidente Alcalá Zamora desig­nó a Lerroux y le pidió que formara un gobierno que comprendiera tres miembros de la CEDA. La UGT lan­zó la orden de huelga general. La CNT no se movió en el plano nacional. Los campos, agotados por una larga y dura huelga de los obreros agrícolas en junio, tam­poco se movieron. Solamente se declararían tres focos insurreccionales: Barcelona, Madrid y Asturias.

En Barcelona, la Alianza Obrera que inspiraban Maurin y Nin tomó posición por la insurrección con­tra el nuevo gobierno, amenaza directa contra los obre­ros y los campesinos así como contra la autonomía ca­talana. Intentó convencer al gobierno de la Generalitat de que tenía entre sus manos la clave de la situación. La CNT catalana, por su crisis interna, por los largos meses de lucha para sostener la enorme huelga de Za­ragoza en la primavera anterior, no consideró la alian­za, aún limitada, con los autonomistas de la Genera­litat, y aún menos con los comunistas del Bloc Obrer i Camperol que intentaron explotar su crisis para construir una cen­tral independiente, aliándose con la UGT y con los sin­dicatos de la oposición. La CNT tomó posición contra la huelga –uno de sus dirigentes habló incluso en este sentido por la radio de Barcelona– y los mili­tantes anarquistas volvieron a hallarse de hecho en el campo del gobierno central, contra la huelga que se extendía por Cataluña, contra la proclamación por el presidente de la Generalitat, Companys, de la “inde­pendencia del Estado catalán en el marco de la república federal”. Los dirigentes catalanes, desbordados por la derecha por los fascis­tas catalanes del responsable del orden público, Dencàs, y sus “camisas verdes”, que se dedicaban a provocar a los trabajadores atacando a los anarquistas y desarmando a los aliancistas, con su proclamación habían “salvado el honor”, y se apresuraron a negociar una rendición honorable. A pesar del éxito inicial de la huelga gene­ral –la primera en Cataluña que no había sido impul­sada por los anarquistas– la clase obrera, especial­mente en Barcelona, permaneció pasiva ante la apa­rente connivencia de la Alianza y de los autonomistas y la complicidad, de hecho, de los anarquistas con Ma­drid: quedando la CNT al margen de la Alianza Obrera, por ver en ésta una fuerza competidora, y así roto el frente de unidad, el gobierno de Madrid pudo restablecer su autoridad sin disparar un tiro.

En Madrid, donde el Partido Socialista era con mu­cho la fuerza determinante, la CNT se negó igualmente a entrar en la Alianza Obrera. El 2 de octubre sus re­presentantes informaron a los delegados de la Alianza que habían decidido pasar a la acción insurreccional en caso de que la CEDA accediera al gobierno. El 4, con el anuncio de esta entrada, tomaron posición para el desencadenamiento de una huelga general pacífica destinada a hacer presión sobre el presidente de la República. La huelga arrancó, de hecho, espontánea­mente: las calles estaban llenas de trabajadores dis­puestos a tomar las armas y a combatir. Pero los diri­gentes socialistas no se decidían: faltaban las armas. Finalmente no hubo más que apasionados movimien­tos de la muchedumbre, algunos disparos aislados con­tra las fuerzas del orden, operaciones de comando con­tra los edificios públicos y los cuarteles, realizadas esencialmente por militantes de las Juventudes. El go­bierno pudo respirar al cabo de cuarenta y ocho horas y comenzó a hacer detener a dirigentes y militantes. La huelga prosiguió hasta el 12, testimonio de una vo­luntad de combate que no se pudo traducir en actos. La Alianza Obrera de Madrid, simple órgano de unión, apéndice del Partido Socialista madrileño, no fue el esperado órgano de frente único y combate revo­lucionario.

Pero no sería lo mismo en Asturias. Allí, como ya vimos, la CNT, con José María Martínez, entró en la Alianza Obrera, que reunió igualmente en el último mi­nuto al Partido Comunista, y que lanzó la célebre con­signa ”Unión, hermanos proletarios”. En todos los pueblos mineros se constituyeron comités locales que, desde la noche del 4 de octubre, lanzaron la huelga general, ocupando el 5 la mayor parte de las localidades, atacando por sorpresa y desarmando a las fuerzas de policía, y ocupando la capital provincial, Oviedo, el día 6. La noticia del fracaso de Barcelona y de Madrid no disminuyó la voluntad de combate de los mineros, cuyos comités tomaron en sus manos el poder, armando y organizando las milicias, haciendo reinar un orden revolucionario muy estricto, ocupan­do los edificios, confiscando las empresas, racionando los víveres y las materias primas. Se apoderaron del arsenal de La Trubia, de La Vega y de Marigoya, dis­poniendo de 30.000 fusiles e incluso de artillería y de algunos blindados, pero faltos de municiones, emplea­ron sobre todo la dinamita, arma tradicional en sus combates. Seguro de contener al resto de España, el gobierno empleó los mayores medios a su alcance, y bajo los consejos de los generales Goded y Franco, con­fió al general López Ochoa el encargo de la reconquis­ta, con las tropas más escogidas, los marroquíes y la Legión extranjera. Oviedo caería el 12 de octubre, y el socialista Ramón González Peña dimitiría del comité revolucionario. La resistencia continuó, y el ejército tomaría un pueblo minero tras otro hasta el 18 de oc­tubre en que el socialista Belarmino Tomás negoció la rendición de los insurgentes. Francotiradores resistie­ron aquí y allá durante semanas. La represión fue terrible, más de 3.000 trabajadores muertos, 7.000 heri­dos, más de 40.000 encarcelados, siendo algunos sometidos a la tortura por los agentes del coman­dante Doval, levantando la indignación en los más amplios medios. El estado de guerra se mantuvo du­rante tres meses y numerosos ayuntamientos fueron suspendidos, entre ellos Madrid, Barcelona y Valencia. Los tribunales militares pronunciaron cierto número de condenas a muerte: el sargento Váz­quez, que se había pasado al lado de los insurrectos, fue fusilado; los diputados socialistas Teodomiro Me­néndez y Ramón González Peña verían sus penas con­mutadas, así como el comandante Pérez Farras, jefe de las fuerzas catalanistas “insurgentes”. (+) Azaña, Lar­go Caballero y otros serían encarcelados por algún tiempo.  (++) Prieto se refugió en Francia.

Después de la insurrección de octubre de 1934, An­dreu Nin escribió que a la Comuna asturiana le faltó, para vencer, lo que ya había faltado a la Comuna de París, un partido revolucionario. Esta era también la opinión de Trotsky –la línea de los partidarios de la fundación de una nueva Internacional, la IV. Era también la opinión defendida por la Juventud Socialis­ta, especialmente por su dirección, así como en los me­dios intelectuales más avanzados del ala “caballerista” del Partido Socialista y de la UGT. Y era sin embargo en el momento en que se podía considerar la fusión so­bre esta base, y en esta perspectiva común de estas tres corrientes, en definitiva convergentes, cuando fue­ron de hecho a divergir de manera decisiva, de una parte, con la ruptura entre Nin y Trotsky, y de otra con la evolución de la Juventud Socialista hacia el Par­tido Comunista.

Durante los años del “tercer período”, la oposición de izquierda internacional luchó con encarnizamiento por la realización de un frente de unidad obrero. En 1934 esta perspectiva estuvo a punto de realizarse en Fran­cia y en España, tanto bajo el empuje de la corriente unitaria que se desarrolló en las masas después de la victoria del nazismo, como por el resultado directo del giro mundial de los partidos comunistas y del abando­no por ellos de la política de denuncia del “socialfas­cismo”. Los inicios de realización de este frente de unidad era para los que fueron sus ardientes defensores un paso adelante, pero constituyó al mismo tiempo un enorme peligro al crear las condiciones de su aislamiento de pequeño grupo en el exterior de este frente. Partiendo de la necesidad que tenían los revoluciona­rios de estar en el interior de este frente de unidad para “fecundarlo”, Trotsky propuso a sus camaradas fran­ceses lo que él llamó la política del “entrismo” en el Partido Socialista. Se trataba para él, en un primer momento, de operar la unión entre el pequeño grupo de sus partidarios, los “bolcheviques-leninistas” –casi todos antiguos militantes del Partido Comunista expulsados por “trots­kistas”– y el ala izquierda que se encontraba en el in­terior de la socialdemocracia. Sería así posible en un segundo momento y a través de la ruptura con la so­cialdemocracia buscar las bases de organización de un partido independiente que constituyera entonces un polo de atracción suficiente para precipitar a su alre­dedor la crisis en las filas de los PCs oficiales. La evo­lución hacia la izquierda del Partido Socialista –más clara todavía que la de la SFIO– llevó a Trotsky a insistir para que sus partidarios operaran en España lo que se dio en llamar el “viraje francés”, negociando su entrada en el partido de Largo Ca­ballero.

El fracaso de las sublevaciones de 1934 estaba lejos de haber roto el desarrollo hacia la iz­quierda de importantes sectores del Partido Socialista y de la UGT. Largo Caballero, llevado por el movimien­to natural de radicalización de las masas, se hizo el portavoz y llegó a ser a su vez, por su acción, uno de los más poderosos factores de su aceleración. En pri­sión, el viejo militante reformista descubrió a los clási­cos del marxismo, se entusiasmó con la lectura de El Estado y la Revolución, con Lenin y con la Revolución rusa. Reunió en torno a él una pléyade de brillantes intelectuales, los Araquistain, Carlos de Baraibar, Al­varez del Vayo, que constituían el estado mayor del semanario “Claridad” que tomó como misión propa­gar la nueva orientación revolucionaria. Luis Araquis­tain la resumió en estos términos:

“Yo creo que la II y la III Internacional están vir­tualmente muertas; está muerto el socialismo refor­mista, democrático y parlamentario que encarnaba la II Internacional; está muerto también ese socialismo revolucionario de la III Internacional que recibía de Moscú consignas y orientaciones para el mundo ente­ro. Estoy convencido de que debe nacer una IV Inter­nacional que funda a las dos primeras, tomando de una la táctica revolucionaria, y de la otra el principio de la autonomía nacional”.[6]

Estos revolucionarios eran seguidos, apoyados y a veces precedidos por la Juventud Socialista. Jun­tos, hicieron campañas por lo que llamaban una “bol­chevización” del Partido Socialista, del que querían hacer un partido revolucionario. El órgano de la JS de Madrid, “Renovación”, lanzó una llamada a los trotskistas de la Izquierda Comunista que consideraba como “los mejo­res teóricos y los mejores revolucionarios de España” para que entraran en el Partido[7] y en las Juventudes Socialistas con el fin de precipitar esta transformación necesaria. Fue un umbral que franquearon, desde 1934, algunos militantes trotskistas importantes, especial­mente José Loredo Aparicio.

Pero la mayoría de los trotskistas españoles no se dejaron convencer por los argumentos de Trotsky y menos aún por las llamadas de aquellos a quienes Trotsky denominaba “la magnífica juventud socialis­ta llegada espontáneamente a la idea de la IV Inter­nacional”. A pesar de la oposición de L. Fersen y Es­teban Bilbao, por una larga mayoría en otoño de 1934, la Izquierda Comunista rehusó, por lo que no sería, según ella, más que un “beneficio circunstancial”, a “fundirse en un conglomerado amorfo llamado a rom­perse al primer contacto con la realidad”,[8] en otros tér­minos, a entrar en el Partido y la Juventud Socialista a la que consideraba que las nuevas orientaciones eran ampliamente demagógicas y el revolucionarismo pura­mente verbal. De hecho, la experiencia de la Alianza Obrera permitió a los militantes de la Izquierda Comu­nista aproximarse, a través de una colaboración coti­diana, al Bloc Obrer i Camperol, particularmente en Cataluña. Los trotskistas españoles estaban deseosos también de romper el aislamiento al cual les condenó en la acción la pequeña dimensión de su organización, y de encontrar un campo de acción inmediata más amplio, al mismo tiempo que de responder al sentimiento apasionado de búsqueda de la unidad extendido entre las masas y sostenido por la insurrección asturiana. Cualquiera que fueran las divergencias con los mauri­nistas sobre un cierto número de puntos importantes, los consideraban, como escribe hoy Andrade,[9] como “más próximos” y en consecuencia “más influencia­bles” y eran sensibles al hecho de que la fusión con ellos les daría dimensiones apreciables en Cataluña al mismo tiempo que los elementos de un partido a escala nacional.

Un largo trabajo en común acercó más, en todos los planos, a las dos organizaciones. La Izquierda Co­munista rompió con Trotsky, y el Bloc Obrer i Camperol se negó a unirse a los esfuerzos de organización de la “derecha” en el terreno internacional. Ambas or­ganizaciones estaban de acuerdo en la fórmula de “re­volución democrático socialista” en España y en la ne­cesidad de constituir un nuevo partido. De su fusión nació, el 29 de septiembre de 1935, en Barcelona, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) que se consideró una etapa en la vía de la unificación de los “marxistas revolucionarios” en España. La resolución de la fundación proclamaba:

“El gran Partido Socialista Revolucionario (Comu­nista) se formará agrupando en un todo único a los núcleos marxistas revolucionarios existentes, más la nueva promoción revolucionaria que entrará en acción impulsada por la unidad marxista, y los elementos que, desmoralizados a causa del fraccionamiento del movimiento obrero, han quedado temporalmente inac­tivos”.[10]

Se trata para el nuevo partido de “ganar a este punto de vista a los sectores realmente marxistas de los partidos socialista y comunista para que ambos, conquistados a la idea de un solo partido socialista revolucionario, se pronuncien por un Congreso de Uni­ficación Marxista Revolucionario”.[11]

El nuevo partido se situó en la tradición comunis­ta, la de la Revolución de Octubre y de los cuatro pri­meros congresos de la Internacional Comunista (IC), bajo la bandera “de Lenin y de Trotsky”, pero tomó sus distancias respecto al “trotskismo” y a sus organizaciones partidarias de la IV Internacional. Contaba con unos 8.000 militantes, una base obrera real, especialmente en Cataluña en ciudades como Lérida o Gerona, y grupos menos só­lidamente implantados en Andalucía, en Extremadura, en el País Vasco y en Asturias. Sus dirigentes eran to­dos hombres conocidos en el movimiento obrero, no solamente Maurín y Nin, sino también Luis Portela y Juan Andrade, antiguos dirigentes de las Juventudes Socialistas y del primer PC, Luis García Palacios, uno de los primeros responsables de las Juventudes Comunistas, David Rey y Pere Bonet, pio­neros del comunismo y de los CSR catalanes, el antiguo funcionario del partido y de la Internacional, Julián Gorkin. En Cataluña a partir de los sindicatos de la CNT en los que los militantes del Bloc Obrer i Camperol habían tomado la dirección y que, por esta razón, fueron expulsados, se constituyó incluso una organización sindical, la Fe­deración Obrera de Unidad Sindical (FOUS) de la que Andreu Nin fue secretario general, que reunió a la ma­yoría de los trabajadores organizados en Tarragona, Lérida y Gerona, y que se afirmó numéricamente supe­rior a la UGT catalana.

La fundación del POUM por la fusión de dos orga­nizaciones que habían inspirado y animado la Alianza Obrera se produjo precisamente en el período de de­clive de esta última y contribuyó acaso indirectamente a que la izquierda socialista se alejara de ella. Pero en el intervalo se produjo el viraje de la política estali­nista mundial, que se tradujo por la nueva línea adop­tada en el VII Congreso de la Internacional Comunis­ta. Más allá de la consigna de “frente único” apareció –presentada como su profundización o su amplia­ción– la del “frente popular” que era en realidad de naturaleza opuesta, ya que postulaba la alianza de las organizaciones obreras con los partidos republicanos..

Numéricamente débiles, las organizaciones comunistas oficiales, una vez roto el aislamiento del que su propia política sectaria había constituido el factor esencial, beneficiaron las condiciones favorables a un desarrollo rápido de su influencia. En esta atmósfera pre revolu­cionaria, el prestigio de la Revolución rusa, de la que pretendían encarnar la tradición y la continuidad, era inmenso. Y tuvieron además a su favor los lazos inter­nacionales, su capacidad de organización, su experien­cia, los considerables medios materiales y el eco que encontró en la España angustiada la campaña antifas­cista llevada por los PCs en el mundo entero.

Ahora bien, la tendencia de izquierda del Partido Socialista le ofrecía un terreno favorable, al mismo tiempo que suscitaba entre sus dirigentes reservas que expresaban en privado respecto al “izquierdismo” que encarnaba. Pero la fraseo­logía revolucionaria de Caballero y de sus lugartenien­tes no se apoyaba sobre ningún análisis serio, se apo­yaba en cambio en una profunda ignorancia de la na­turaleza del fenómeno estalinista, en una ausencia casi total de consignas concretas, en una excesiva confianza en sus propias fuerzas. Seguros de sus centenas de mi­llares de adherentes, los dirigentes socialistas y ugetis­tas no tomaron en serio los riesgos eventuales de un “establecimiento de células” por parte del Partido Comunista. Para muchos socialistas de izquierda, ade­más, la fusión de los partidos socialista y comunista, aparecía como la solución-milagro a la división fuente de debilidad, la perspectiva necesaria para la victoria. Parecía igualmente inscrita en la naturaleza de las co­sas, como resultado de una doble evolución, “a la iz­quierda” por parte de su propio partido, “a la dere­cha” por parte del Partido Comunista. Algunos –en primera línea de ellos Alvarez del Vayo, vicepresidente de la organiza­ción socialista de Madrid– fueron más lejos todavía y vieron en el PCE y, de manera general, en la URSS y en la Internacional Comunista, las únicas fuerzas “efica­ces”, los puntos de apoyo que permitían superar las divisiones, el verbalismo y, en definitiva, la impoten­cia de su propio partido.

La coalición de aquellos que se convirtieron, cons­cientemente o no, en agentes del estalinismo en las filas del movimiento obrero español y de aquellos, mucho más numerosos, para los que desde ahora sólo peque­ños matices separarían a los dos partidos opuestos du­rante mucho tiempo, conduciría a replanteamientos rá­pidos. Un grupo de dirigentes con Alvarez del Vayo y dos responsables nacionales de la UGT, Amaro del Rosal y Edmundo Rodríguez, figuraban aliados abier­tos del PCE, a quienes algunos, mucho más tarde, cali­ficaron de “agentes”. Pero, sobre todo, los dirigentes de la juventud socialista tomaban partido y progresa­ban muy rápidamente en la misma vía. El joven se­cretario de las JS, Santiago Carrillo, y su principal lugarteniente, Federico Melchor, antiestalinistas y anti­rreformistas declarados, que en 1934 pasaban por sim­patizantes trotskistas, en 1935 volvieron de un viaje a Moscú convencidos de la necesidad de trabajar la “unidad” y se dedicaron en seguida a realizarla: el 1 de abril de 1936 la fusión de la minúscula Juventud Comunista de Fernando Claudín con la poderosa organización de la Juventud Socialista dio nacimiento a la Juventud So­cialista Unificada (JSU), que constituiría desde enton­ces el trampolín principal de la influencia estalinista en España. Hacia la misma época los socialistas de Catalu­ña, detrás de uno de los lugartenientes de Largo Ca­ballero, Rafael Vidiella, participaron también en la vía que conduciría a la fusión del Partido Comunista de Cataluña en el Partit Socialista Unificat de Catalu­nya (PSUC) que se adhirió desde su fundación a la III Internacional.

El fenómeno era evidentemente importante. El he­cho de que la crisis abierta en el seno del Partido Socialista como reacción contra su política reformista, bajo la presión de los obreros y de los campesinos, en el marco de la crisis del régimen, comenzase a resolverse por un reforzamiento de la corriente neo reformista encarnada por los comunistas de posiciones estalinistas, revestía en definitiva más importancia que el reagru­pamiento de los revolucionarios, “la unión de los mar­xistas” que dio nacimiento al POUM. El debilitamien­to del peso específico de la Alianza Obrera, el acerca­miento entre socialistas y comunistas, el reforzamiento de estos últimos y el peso que aportaron, en el inte­rior del movimiento obrero, en favor de los partida­rios de la renovación de una alianza con los partidos republicanos, abrieron igualmente el riesgo de arrojar de nuevo al POUM fuera del frente en vías de cons­tituirse, y la amenaza de un aislamiento tanto político como geográfico inmediatamente después de que la insurrección asturiana demostraba que ninguna de las cuestiones que se hallaban en el fondo de la crisis es­pañola estaba lejos de ser solucionada por las vías pa­cífica y parlamentaria y que la guerra civil estaba, más que nunca, a la orden del día.

El gobierno de centro-derecha de Lerroux parecía, en efecto, incapaz de dominar la situación. Su minis­tro de agricultura, el demócrata cristiano Giménez Fer­nández, buscó en el catolicismo social la cuadratura del círculo: una reforma agraria que no lesionara ver­daderamente los intereses de los grandes propietarios. La CEDA dejó el gobierno porque el presidente de la República, Alcalá Zamora, negó a Gil-Robles la ejecución de los diputados socia­listas asturianos condenados a muerte. Pero volvió, esta vez con Gil-Robles en el Ministerio de la Guerra, lo que le permitió atribuir los principales poderes a los generales organizados en la Unión Militar Española (UME), fundada por Sanjurjo en vista de la prepara­ción del pronunciamiento que aparecía cada vez más como la solución, independientemente de los riesgos que comportaba: el general Francisco Franco era jefe de Estado Mayor, el general Fanjul subsecre­tario de Estado, el general Rodríguez del Barrio ins­pector del Ejército, y todos se contaban dirigiendo el complot. La CEDA estaba a cada instante cerca de ser desbordada por su derecha, ya fuera por su propia organización juvenil, la Juventud de Acción Popular (JAP), que dirigía Ramón Serrano Suñer, cu­ñado de Franco, admirador de Hitler y Mussolini, y perseguidor de “judíos, francmasones y marxistas”, ya por la Falange, con programas y métodos típicamente fascistas, que dirigió como jefe incontestable el joven José Antonio Primo de Rivera, también agente del go­bierno fascista italiano.

El presidente de la República se decidió finalmente a poner término a estos dos años de reacción –el “bie­nio negro”, como se le llamaría desde ahora– disol­viendo a estas Cortes ingobernables después de los escándalos financieros que acabaron de desacreditar a Lerroux, y después que el jefe del principal partido parlamentario, Gil-Robles, multiplicara las declaracio­nes de guerra y las amenazas contra la república par­lamentaria. “Arriba” no se puede más. “Abajo” no se quiere más. Nuevas elecciones, sobre la base de alianzas políticas, pudieron permitir a las clases diri­gentes ganar tiempo antes del enfrentamiento cada vez más inevitable, al menos a sus ojos.

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Capítulo 5

EL FRENTE POPULAR

En 1933, la ley electoral, favoreciendo inexorable­mente a las grandes formaciones en el marco de un escrutinio mayoritario, en inmensas circunscripciones, había jugado en favor de la derecha gracias a la frag­mentación de la coalición entre republicanos y socia­listas, resultado de los dos primeros años de gobierno de la izquierda. Después de la reacción del “bienio ne­gro”, jugó en sentido inverso, acentuando la victoria electoral del bloque –el futuro Frente Popular– en el seno del cual se volvieron a encontrar partidos obre­ros y republicanos burgueses. Sería falso, sin embargo, atribuir a la sola influencia de esta ley electoral la reconstitución de una coalición de la izquierda.

En primer lugar, los esfuerzos de la derecha por extender la represión después de la insurrección de oc­tubre de 1934, favorecieron un acercamiento: las per­secuciones, el arresto de Azaña, el ensañamiento de ciertos medios políticos gubernamentales contra él y los más próximos a él, lo mismo que contra las or­ganizaciones obreras, favorecieron su acercamiento en el terreno político, objetivamente imposible después de los acontecimientos de Casas Viejas, de los que ha­bía, en 1933, cargado con la responsabilidad. Después, los furiosos ataques de la extrema derecha apartarían del centro a sus elementos liberales, algunos de los cuales se agruparon en formaciones más a la izquier­da. Un reagrupamiento político se hizo alrededor de la Izquierda Republicana* de Azaña y Casares Quiroga, con la Unión Republicana de Martínez Barrio, que aban­donó a los radicales, y el Partido Nacional Republicano de Sánchez Román.

Estos eran los factores favorables a los ojos de nu­merosos militantes obreros: sufriendo la represión, o combatiendo la que golpeó a los militantes obreros después de 1934, rompiendo limpiamente con la coa­lición de centroderecha, los elementos republicanos fueron, si no totalmente, al menos en gran parte, reha­bilitados. Por otra parte, en el curso de los últimos me­ses de 1935, el peligro fascista no había cesado de cre­cer tanto en España como en el resto del mundo, don­de la victoria hitleriana lo había puesto a la orden del día. La propaganda de los comunistas oficiales, pero también la de los disidentes del POUM, la de los so­cialistas y en cierta medida la de los liberales pusie­ron el peligro fascista en el centro de las preocupacio­nes obreras. Por lo tanto, los comunistas se hicieron los campeones del antifascismo concebido como el reagrupamiento más amplio posible de todos los adver­sarios del fascismo, incluso de los que estaban fuera del movimiento obrero. La nueva combinación de fuer­zas condujo a un nuevo reagrupamiento, a una renova­ción de la unión de la izquierda, de la alianza de tos partidos obreros y de los republicanos burgueses. Por una parte, en efecto, el ala derecha del Partido Socia­lista, dirigida por Besteiro, y su centro, con Prieto, disponían de mejores argumentos para defender una tal alianza con Azaña; por otra parte, el ala izquierda, impresionada por la URSS, sus realizaciones económi­cas, el plan quinquenal, la colectivización de la agri­cultura, se acercó de nuevo a los comunistas que, des­de hacia algunos meses, llevaban la campaña en favor del Frente Popular.

En estas condiciones, desde el mes de diciembre, la dirección del Partido Socialista tomó la decisión de aliarse con los republicanos de izquierda. Vuelto clandestinamente de Francia donde se había refugiado después de los acontecimientos de octubre de 1934, In­dalecio Prieto llegó a convencer al comité ejecutivo: Largo Caballero, puesto en minoría, dimitió de su pues­to en el ejecutivo. El juego estaba en marcha. No ha­ría falta más de una semana para que fuera negocia­da la alianza electoral y después, el 15 de enero, fir­mada. El programa de la nueva coalición era un pro­grama moderado que los socialistas calificaban sin ro­deos de “democrático burgués”: vuelta a la política religiosa, escolar y regional de los primeros años de la República, reactivación de la reforma agraria, me­didas de reanimación de la economía por la interven­ción del Estado, amnistía para todos los presos políti­cos. En todas las circunscripciones fueron establecidas listas comunes en el interior de las cuales los escaños fueron repartidos de antemano entre las diferentes for­maciones. El Partido Socialista y el Partido Comunista se empeñaron en sostener la realización de este pro­grama, que consideraban como mínimo, sin participar en el gobierno –esta última eventualidad era enérgi­camente rechazada por la tendencia de Largo Caba­llero, que amenazó con hacer una escisión en eI caso de que se produjera. El pacto de alianza electoral es­taba firmado por la Izquierda Republicana, la Unión Republicana, el Partido Socialista, el Partido Comunis­ta, la UGT, la Juventud Socialista, el POUM, el Parti­do Sindicalista y la Esquerra Catalana.

La firma puesta por Juan Andrade en nombre del POUM levantó en la extrema izquierda internacional ásperas polémicas. Trotsky denunció lo que él llamó la “traición del POUM”, escribiendo: “La técnica electo­ral no puede justificar la política de traición que cons­tituye el lanzamiento de un programa común con la burguesía”.[1] Nin justificaría el comportamiento de su partido afirmando que el movimiento de masas y sus ilusiones democráticas eran tan fuertes que el POUM no podía más que sumarse a él, durante las elecciones, bajo pena de encontrarse completamente aislado y de perder toda audiencia entre los obreros. De hecho, el argumento mayor, que eliminó sin duda reticencias y principios, fue el que llevó en el mismo momento a la CNT a dejar de lado su consigna tradicional de absten­ción y a trabajar, discreta, pero eficazmente, por la victoria electoral del Frente Popular: el hecho de que los 30.000 prisioneros asturianos detenidos pudieran el día de mañana ver abrirse las puertas de sus prisiones. Esta voluntad de eficacia en la solidaridad obrera in­mediata con los insurrectos de 1934 cimentó la volun­tad de los militantes obreros de oponer una barrera “legal” a un nuevo período de gobierno de la derecha, incluso cuando –y es el caso al menos a la izquierda del Partido Socialista, en el POUM y en la CNT– los militantes no se hacían la menor ilusión sobre la rea­lidad de la amenaza del fascismo, independientemente del resultado de las elecciones.

El 16 de febrero las listas del Frente Popular vencieron por un escaso margen de algunos centenares de miles de votos, pero se aseguraron en las Cortes una confortable mayoría. El reparto previo de escaños dio 84 diputados al partido de Azaña, 37 al de Martínez Barrio, 38 a la Esquerra de Companys, 90 al Partido Socialista, 16 al Partido Comunista, 1 al POUM –Joaquín Maurín– y 1 al Partido Sindicalista –Pestaña. La CEDA tuvo aún 86 diputados, Re­novación Española 11 solamente. Entre los medios mi­litares gubernamentales corrió con insistencia el ru­mor de que el general Franco había propuesto al jefe del gobierno la intervención del ejército para anular las elecciones. Pero éste prefirió ceder la plaza a uno de los jefes de las filas de los vencedo­res. Azaña fue en seguida encargado de formar gobier­no: mantuvo el estado de excepción proclamado por su predecesor desde la víspera de las elecciones.

Desde la entrada en funciones de Azaña, la madeja de la historia, una vez más, parece desarrollarse en sen­tido inverso: el 22 de febrero, todos los detenidos polí­ticos fueron amnistiados, el 23, los pagos de rentas en Andalucía y Extremadura fueron suprimidos, como ga­rantía de una aceleración de la reforma agraria. Los ayuntamientos vascos suspendidos en 1934 fueron res­tituidos; Companys salió de prisión y se volvió a poner al frente de la Generalitat de Cataluña. Dos de los ge­nerales sospechosos de conspiración fueron alejados de la capital: Franco enviado a Canarias y Goded a las Baleares. El 4 de abril, Azaña presentó a las Cortes su programa legislativo: se trataba de realizar al pie de la letra el programa electoral del Frente Popular, una reforma agraria profunda y renovada, construccio­nes escolares masivas, un aumento de la autonomía para los ayuntamientos, un estatuto de autonomía para las provincias vascas, la readmisión en las empresas de todos los trabajadores despedidos por razones polí­ticas y sindicales desde 1933. Reafirmó solemnemente que no se trataba de la nacionalización de la tierra, de la banca o de las industrias; prometió a la derecha trasladar la fecha de las elecciones municipales; y juró a derecha e izquierda jugar el juego parlamentario y dejar desarrollar su empresa de reforma en la lega­lidad.

El gobierno se encontró desde entonces en una si­tuación difícil. Desde el anuncio de la victoria electoral, tuvieron lugar en todas las grandes ciudades españolas enormes “desfiles de la victoria”; en Valencia y en Oviedo las prisiones fueron abiertas y lo prisioneros liberados sin esperar la amnistia. Un poco por todas partes estallaron incidentes entre las masas de manifestantes y las fuerzas de policía que montaban guardia ante las iglesias y los edificios de los diarios reaccionarios. En todo el país estallaron huelgas por la readmisión inmediata de los obreros despedidos, el pago de los salarios atrasados a los trabajadores encarcelados, por el aumento de los salarios y nuevas condiciones de trabajo. La agitación fue si cabe más general todavía en el campo donde se multiplicaron los “asentamientos”, ocupaciones de tierras por los campesinos pobres, también fuente de riñas, a veces de enfrentamientos armados entre manifestantes y guardias civiles. La extrema derecha organizó el terrorismo. El 13 de marzo un grupo de estudiantes falangistas intentaron asesinar a un diputado socialista,* matando al policía que lo acompañaba. El 14 las masas invadieron los talleres del diario de Calvo Sotelo “La Nación”, e intentaron incendiar el edificio. El mismo día hubo cuatro muertos en Logroño en un choque entre el ejército y una manifestación de campesinos. El 19, unos desconocidos abrieron fuego sobre la casa de Largo Caballero; el 13 de abril, unos falangistas asesinaron a un juez que acababa de condenar a treinta años de prisión a uno de ellos, asesino de un vendedor de diarios obreristas.

Los socialistas de izquierda, y particularmente las Juventudes, estaban a la cabeza de los “desfiles de la victoria” donde reclamaban la dictadura del proletariado. Su prensa multiplicó los paralelismos entre la Rusia de 1917 y la España de 1936, comparando a Azaña con Kerensky, y haciendo de Largo Caballero el “Lenin español”. En vano Azaña, en el curso de tem­pestuosas entrevistas a primeros de marzo, pidió a Largo Caballero que pusiera un freno a estas manifesta­ciones. El dirigente socialista le aseguró su lealtad al Frente Popular, pero le reprochó su lentitud en la aplicación de su programa. “Claridad”, que fue diario desde el 6 de abril, manteniendo el fervor de los so­cialistas, anunciaba la victoria cercana. El 1 de mayo, celebró “el gran ejército de los trabajadores en su mar­cha adelante hasta alcanzar la cima del poder”, y 10.000 miembros de las Juventudes Socialistas, con uniforme, el puño en alto, desfilaron en orden, cantando cantos revolucionarios y extendiendo las consignas por un “Gobierno obrero” y un “Ejército rojo”. Los socialis­tas de Madrid se pronunciaron no solamente por la “dictadura del proletariado”, sino también por la uni­dad socialista-comunista, la unificación sindical, la transformación de España en “confederación de los pueblos ibéricos”, el reconocimiento –comprendiendo Marruecos– del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Largo Caballero se dirigió personalmente al congreso de la CNT que se celebró en Zaragoza con un lenguaje decidido. Poco después declaró: “La revo­lución que nosotros queremos no puede hacerse más que por medio de la violencia… Para establecer el socialismo en España es necesario triunfar ante la clase capitalista y establecer nuestro poder”[2] y llamó a los republicanos a dejar el lugar.

En la CNT, se da el triunfo de la FAI durante este congreso que se terminó el 15 de mayo, en la vieja ciudad aragonesa engalanada de banderas rojas y ne­gras, por lo que César M. Lorenzo llama “un despliegue impresionante de misticismo revolucionario, de opti­mismo y de excitación colectiva”.[3] Los trentistas, vencidos, capitularon sin condiciones, y los “anarcobol­cheviques” renunciaron a defender en una atmósfera tal sus planes de organización militar para la lucha contra un golpe de estado fascista. Sobre el programa adoptado, César Lorenzo escribe que “las puerilidades y la utopía se daban libre curso con un olvido total de las particularidades de España, de la situación in­ternacional, del momento histórico y de la manera de esperar la nueva tierra prometida”.[4]

En realidad el entusiasmo revolucionario que lle­vaban socialistas de izquierda y anarcosindicalistas es­taba lejos de dar los medios y de abrir las vías de la revolución victoriosa. Ni los unos ni los otros aporta­ron perspectivas inmediatas, fines unificadores, objeti­vos concretos. La frase revolucionaria reinaba como la primera en este movimiento, doble reflejo de la bús­queda, por la juventud inexperimentada, de una vía re­volucionaria, y por los dirigentes socialistas de izquier­da, de un instrumento de presión en su propio partido y sobre sus aliados republicanos.

Por otra parte, el primer contraataque vino del seno del Partido Socialista. En Cuenca, el 1 de mayo, con ocasión de una elección parcial, Prieto pronunció un discurso que constituyó un verdadero programa guber­namental. Denunció los desastres de la violencia y de la anarquía, generadora, a sus ojos, del fascismo, afir­mó que la agitación revolucionaria, falta de poder, con­duciría a lo que no sería más que una “socialización de la miseria”, riesgo de provocación de un golpe de estado militar del que el general Franco, por sus cua­lidades, sería el jefe idóneo. Exhortó, pues, a los traba­jadores a ser razonables, a evitar “hacer el juego” del fascismo manteniendo el miedo por sus reivindicacio­nes “exageradas”, se pronunció por un gobierno de coalición con los republicanos que se asignasen un pro­grama de reformas progresivas y prudentes, de reforma agraria y de industrialización en el marco de un capitalismo moderno. Pero la hora de Prieto no había llegado todavía: cuando las Cortes, después de una operación, en la que éste desempeñó un papel de pri­mera fila, depusieron al presidente Alcalá Zamora, cuyo lugar ocupó Azaña; Prieto, a causa de la resistencia de la izquierda socialista y del temor de una escisión, de­bió rehusar la presidencia del Consejo, que fue enton­ces confiado a Casares Quiroga, un republicano de Ga­licia.

La tumultuosa ascensión del movimiento obrero y campesino avivó las contradicciones en el seno de los partidos y entre ellos. Si Largo Caballero y sus parti­darios rivalizaban con los militantes de la CNT en ani­mar huelgas y manifestaciones, el Partido Comunista adoptó una política de acentuada reserva que le acercó a Prieto. Su secretario, José Díaz, subrayó, en un dis­curso en Zaragoza, que “los patronos provocan y atizan las huelgas por conveniencias políticas de sabotaje”, y denunció la intervención de los “agentes provocado­res”.[5] Por su parte, Nin, secretario político del POUM, argumentó que “cada retroceso de la reacción, cada avance de la revolución, ha sido un resultado directo de la iniciativa, de la acción extralegal del proletaria­do”.[6] Estas divergencias no se limitaban a polémicas en la prensa: el 13 de abril, en Écija, Prieto, González Peña y Belarmino Tomás fueron recibidos con dispa­ros procedentes verosímilmente de las filas de las Ju­ventudes Socialistas; en Málaga, en el mes de junio, fueron sucesivamente asesinados un dirigente de la UGT, el hijo de un dirigente cenetista y un dirigente socialista.

Esta tensión, el estallido en el seno de los partidos y sindicatos obreros de conflictos de esta importancia y de esta violencia tienen su explicación: de hecho, era la cuestión del poder la que planteaban, por sus rei­vindicaciones, los trabajadores que se lanzaban a huel­gas cada vez más duras. Los obreros metalúrgicos de Cataluña habían obtenido en 1934 la semana de 44 horas, pero en 1935 debían trabajar 48 horas por el mis­mo salario. Exigían pago de atrasos de 15 meses y re­husaban un compromiso ofrecido por la Generalitat de una semana de 40 horas con el salario de 44. Los fe­rroviarios exigían la vuelta a sus salarios de 1931-1933, y las compañías ofrecían en vano abrir sus libros de contabilidad para probar que no podían satisfacerlos. Los trabajadores de tranvías de Madrid tomaron la palabra a la compañía que usó el mismo lenguaje: de­cidieron funcionar por su propia cuenta y abrieron una suscripción que les proporcionó sumas conside­rables.

Pero fue la huelga de la construcción de Madrid la que llevó a su más alto grado las contradicciones so­ciales y políticas. La huelga se decidió el 1 de junio en una asamblea general convocada por las dos centra­les sindicales: los obreros reclamaban una importante alza de los salarios, la semana de 36 horas, un mes de vacaciones pagadas, el reconocimiento de enfermeda­des profesionales, como el reumatismo. Pero la patro­nal resistió. La CNT llamó entonces a los obreros en huelga a aplicar los principios del comunismo liberta­rio, servirse en los almacenes de alimentación, comer sin pagar en los restaurantes. “Claridad” y “Mundo Obrero” denunciaron estas consignas como “provoca­ciones anarquistas”. El arbitraje de un jurado mixto dio una satisfacción parcial a los obreros en los sala­rios, aumentando a los más bajos el 5%, a los otros el 10%. El 20 de junio, consultados los obreros de la UGT se pronunciaron por la aceptación del arbitraje siguiendo el llamamiento de sus dirigentes. Pero la CNT llamó a la continuación de la huelga y trató de “amarillos” a los dirigentes ugetistas. El secretario de la federación de la construcción, Edmundo Domínguez, simpatizante del PCE, declaró que la huelga podía “degenerar en un grave peligro para el régimen”, mien­tras que los dirigentes cenetistas David Antona y Ci­priano Mera lanzaron una llamada a la “unidad revo­lucionaria” contra la patronal y el gobierno que la apoyaba. Estallaron alborotos delante de los edificios en construcción: hubo muertos de una y otra parte. La prensa de derechas afirmó que los obreros seguían en huelga por el “terror anarquista”; los falangistas, bajo la dirección de Fernández Cuesta, atacaban a los piquetes de huelga, y los militantes cenetistas replica­ron con viveza ametrallando un café, matando a tres hombres de la escolta de José Antonio Primo de Rive­ra. El gobierno intervino cerrando los locales de la CNT y deteniendo a Antona y Cipriano Mera. La situación se volvió difícil para Largo Caballero, acusado por la CNT de hacer desempeñar a la UGT el papel de rompehuelgas, mientras la derecha de su partido le re­prochaba el haber desempeñado el papel de aprendiz de brujo y ser desbordado por los anarquistas. El congreso socialista fue trasladado de junio a septiembre después de los hechos de Écija, pero, el 30 de junio; los resultados de la elección en el comité ejecutivo –por otra parte, contestada por los amigos de Largo Caballero– dieron la mayoría a los partidarios de Prie­to, que puso a González Peña en la presidencia y a Ra­món Lamoneda en el secretariado. La escisión parecía inevitable, pero Largo Caballero perdió definitivamente el aparato en el momento en que parecía que había perdido también el control del movimiento de masas.

Por parte de la oligarquía los preparativos se ace­leraron. El hecho importante no fue sin embargo el más espectacular: los progresos de la Falange, sus agre­siones y atentados diarios, sus tentativas por comen­zar a militarizar sus tropas y quebrantar mediante el terror y la muerte el movimiento obrero y campesino. El hecho capital estaba en los preparativos de los jefes militares organizados en la Unión Militar Española.

El alejamiento, después de las elecciones, de los gene­rales Franco y Goded retardó la conspiración. Su jefe, Sanjurjo, que residía en Portugal, tomó en el mes de abril, en Alemania, los contactos necesarios y recibió de las autoridades hitlerianas la promesa de su apoyo. El gobierno fascista de Roma suministró dinero y ar­mas. El financiero Juan March se encargó en Londres de ganar complicidades. El general Mola, antiguo jefe de Seguridad de la monarquía, nombrado comandante militar en Navarra, aseguró la dirección general, ayu­dado por los coroneles Varela y Yagüe que asegura­ron los enlaces con los otros jefes militares. Un nuevo plan fue elaborado siendo necesario modificarlo en el mes de abril, dos días antes de la fecha fijada para el pronunciamiento. Pero este nuevo plan permitió reclu­tar dos jefes importantes, que pasaban por republica­nos, los generales Queipo de Llano y Cabanellas, y gra­cias a Franco, el almirante Salas, que aportó el apoyo de la Marina. Los planes definitivos preveían el levanta­miento militar para el 10 de julio: los conjurados ob­tuvieron el acuerdo de José Antonio Primo de Rivera y de Calvo Sotelo y todo el mundo aceptó de momento la autoridad del general Sanjurjo.

Tales preparativos no podían pasar desapercibidos. Primero porque la policía estaba informada, y ella in­formó al gobierno. Después porque una sociedad se­creta de oficiales republicanos –el general de aviación Núñez del Prado, el coronel Asensio Torrado, el co­mandante Pérez Farras– siguió las huellas de los cons­piradores e informó igualmente al gobierno. Pero éste no supo realmente intervenir contra el complot de los generales que constituían en realidad, al mismo tiempo que un peligro para el régimen político de España, el último amparo de la defensa de su régimen económico y social. Fue pues con pleno conocimiento de causa que en una nota del 18 de marzo denunció los “in­justos ataques” de que eran objeto los oficiales “fieles servidores del poder constituido y garantía de obediencia a la voluntad popular”, asegurando que revelaban por parte de sus autores “el deseo criminal y obstina­do de minar el ejército”.[7] En junio, el presidente del gobierno Casares Quiroga desmintió obstinadamente todos los rumores de conspiración militar y calificó de “fantasías de la menopausia masculina”[8] las adverten­cias lanzadas por Prieto. Para este republicano bur­gués, la cuestión principal en este momento era, como subraya Gabriel Jackson,[9] la huelga de la construcción de Madrid, y estaba ansioso por conservar los buenos favores de los jefes del ejército frente al mayor peli­gro que amenazaba la sociedad. Para evitar la amenaza de la guerra civil que le marginaría, el gobierno de Frente Popular de la pequeña burguesía no podía más que andar a la deriva, golpear blanda y alternativamen­te a cada uno de sus adversarios de derecha y de iz­quierda, para no entregarse indefenso al otro. De he­cho, estaba ya condenado, y los trágicos acontecimien­tos del mes de julio, el doble asesinato del teniente Castillo y del líder de las derechas Calvo Sotelo, no hicieron más que dar al pronunciamiento el telón de fondo que acentuó la credibilidad de sus motivos.

El 12 de julio, el teniente de la guardia de asalto José del Castillo, instructor de la Juventud Socialista y persona odiada por los pistoleros falangistas, fue abatido. Sus camaradas, seguros de la impunidad de los asesinos, decidieron vengarlo cogiendo a uno de los cerebros de la empresa: al día siguiente, al alba, con uniforme, se llevaron a Calvo Sotelo de su domi­cilio y lo mataron. La prensa, los políticos de derecha, denunciaron al gobierno, blandiendo el pretexto que les permitió justificar un golpe largo tiempo prepa­rado. Los obreros buscaron armas. Los dirigentes socialistas pidieron al gobierno que armara a los obreros. El jefe del gobierno salió fiador de la “lealtad” de Mola; después, al enterarse de la noticia del levanta­miento, pronunció estas palabras “históricas”: “Se le­vantan. Muy bien, entonces yo me voy a acostar”.[10]

El levantamiento militar comenzó en la noche del 17 al 18 de julio. La guerra civil empezaba, con la ini­ciativa de la oligarquía, para aplastar esta revolución que los revolucionarios no habían sabido organizar para la victoria.

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Capítulo 6

ALZAMIENTO Y REVOLUCIÓN

Los planes de los insurrectos preveían una victoria rápida, y no retroceder, para este objetivo, ante las me­didas más radicales. Decididos a pagar el precio nece­sario para aplastar el movimiento obrero y revoluciona­rio, “regenerar” a España y exorcizar definitivamente el espectro de la revolución, los generales contrarrevo­lucionarios no sospechaban que su iniciativa iba pre­cisamente a liberar a los obreros y campesinos espa­ñoles de sus vacilaciones y de sus divisiones, y a desen­cadenar esta revolución que precisamente buscaban prevenir.

El movimiento que el general Franco dirigiría a partir del día 19 de julio partió del ejército de Marrue­cos donde, en la noche del día 17, los oficiales rebel­des rompieron toda resistencia. Contra toda evidencia, el gobierno republicano negó la gravedad de la situa­ción, anunciando el 18 a las 15 horas que un “vasto movimiento antirrepublicano ha sido ahogado” y que “no encontró ninguna ayuda en la península”. La mis­ma noche un consejo de ministros, incluido Prieto, se negó de nuevo a satisfacer la demanda presentada por Largo Caballero, en nombre de la UGT, de distribuir armas a los trabajadores. Siguiendo con el juego par­lamentario, los partidos Socialista y Comunista, en un comunicado conjunto, declararon que el “gobierno está seguro de poseer los medios suficientes”, y proclamaron que “el gobierno manda y el Frente Popular obedece”.[1]

Por la noche, CNT y UGT lanzaron la consigna de huel­ga general y el 19, a las 4 de la mañana, en el momento en que los combates se iban entablando en todo el país, el gobierno Casares Quiroga dimitía.

Sin esperar, Azaña llamó al gobierno a Martínez Ba­rrio, que formó un gobierno republicano incluyendo en su derecha al grupo de Sánchez Román, ajeno al Frente Popular, con el general Miaja en el Ministerio de la Guerra. Esta última tentativa de encontrar con los jefes sublevados una vía de acuerdo fracasó ante la determinación de centenares de miles de trabaja­dores que invadieron las calles de Madrid y reclama­ron armas. Martínez Barrio rehusó ceder al ultimátum de la UGT y a distribuir stocks de armas, dimitiendo. Se encontraría algunas horas más tarde un republicano de izquierdas. el doctor Giral, amigo personal de Aza­ña, que aceptaría “decretar” lo que era ya realidad: el armamento de los obreros, preparado y realizado por ellos para hacer frente al levantamiento de los gene­rales.

En el combate así entablado, numerosos factores explican éxitos y fracasos de uno y de otro campo y especialmente la actitud de los cuerpos de policía, guardias civiles y de asalto, de los que algunos colabo­raron en el levantamiento mientras que otros lo comba­tieron. Pero, en conjunto, no jugando el efecto sorpre­sa, y procediendo los militares en todas partes de la misma forma, se puede decir que el levantamiento del ejército se consiguió cada vez que la falta de visión política de los dirigentes obreros no permitió la pues­ta en marcha de planes de resistencia o que se deja­ron tomar por falsas declaraciones de fidelidad: “No es imprudente afirmar que fue menos en la acción de los rebeldes que en la reacción de los obreros, de los partidos y de los sindicatos y su capacidad para orga­nizarse militarmente, en una palabra, en su perspectiva política misma donde residió la clave del resultado de los primeros combates. En efecto, cada vez que las organizaciones obreras se dejaban paralizar por la preo­cupación de respetar la legalidad republicana, cada vez que sus dirigentes se contentaban con la palabra dada por los oficiales, estos últimos la quebrantaban. En cambio, el Movimiento fracasó cada vez que los tra­bajadores tuvieron tiempo de armarse, cada vez que se empeñaron inmediatamente en la destrucción del ejército como tal, independientemente de las tomas de posición de sus jefes o de la actitud de los poderes públicos “legítimos”.[2]

En casi toda Andalucía, el pronunciamiento triun­fó, siguiendo unas pautas casi uniformes: el gobierno y las autoridades presentaron como garantía la leal­tad del ejército, y los trabajadores se inclinaron ante el rechazo a distribuirles armas: tomados por sorpre­sa, fueron entonces aplastados después de una resis­tencia encarnizada pero improvisada. Esto pasó en Cá­diz, Algeciras, Córdoba, Granada, donde los combates en los barrios duraron hasta el 24 de julio. En Sevilla, el general Queipo de Llano consiguió un excepcional golpe de efecto apoderándose de la emisora de radio con un destacamento de guardias civiles y haciendo creer que disponía de numerosas tropas. Los dirigen­tes obreros, socialistas, comunistas, anarquistas, se de­jaron engañar, al tiempo que llegaron por avión las primeras tropas marroquíes, y la resistencia armada de los obreros comenzó demasiado tarde. El barrio de Triana resistió una semana entera antes de ser “lim­piado” a bomba y cuchillo en una verdadera carnice­ría que haría unas 20.000 víctimas. Sólo una ciudad im­portante, Málaga, permaneció en manos de los obre­ros porque, si bien los militares se lanzaron a la ac­ción desde el 17 de julio, mantuvieron después un com­pás de espera. Los trabajadores utilizaron esta tregua para reaccionar: un comité de defensa CNT-UGT tomó la dirección de las operaciones. Las casas que rodeaban los cuarteles fueron incendiadas y los militares, amenazados de quemarse en sus atrincheramientos, prefirieron rendirse.

En Zaragoza, bastión de la CNT, los militares con­siguieron un éxito inesperado. El responsable de la CNT, Miguel Abos, confió en el gobernador y en el jefe de la guarnición, el general Cabanellas, los dos repu­blicanos y francmasones como él. Consiguió convencer a los militantes de que no era necesario armarse. Sólo el 19, cuando se produjeron las primeras detenciones en sus filas, los cenetistas comprendieron que habían si­do engañados y lanzaron la consigna de huelga gene­ral. Era demasiado tarde y, a pesar de la determina­ción obrera –la huelga duraría más de una semana– los 30.000 obreros organizados en los sindicatos de Zaragoza fueron vencidos sin haber podido com­batir.

Los acontecimientos que se desarrollaron en Ovie­do eran parecidos a éstos. Allí, algunos dirigentes obre­ros fueron intuitivos, y el diario socialista de izquier­da de Javier Bueno, “Avance”, desafiando la censura, anunció el levantamiento, en el mediodía del 18, y lla­mó a los obreros a armarse. El jefe de la guarnición, un republicano, el coronel Aranda, sin embargo, conse­guiría un extraordinario restablecimiento con la com­plicidad de los socialistas de derecha y de los republi­canos que continuaron, a pesar de las advertencias de Bueno y de la CNT, mostrándole confianza. Bajo su consejo, tres columnas de mineros, equipados con ar­mas improvisadas, partieron en socorro de Madrid, mientras que la guardia civil se concentró en Oviedo, que logró conservar. En Gijón la guarnición proclamó también su fidelidad, pero los obreros del puerto, reforzados por los metalúrgi­cos de La Felguera, cercaron sus cuarteles y conmina­ron a los rebeldes a rendirse en el momento en que iban a “pronunciarse”. En Santander, la huelga gene­ral fue proclamada desde la llegada de la noticia de la insurrección: allí también los cuarteles fueron rodea­dos y los oficiales se rindieron sin verdaderos comba­tes. En el País Vasco, los jefes del levantamiento titu­bearon, las guarniciones se dividieron. En San Sebas­tián, el 21, cuando los guardias civiles intentaron su­blevarse, los obreros estaban preparados y la ciudad cubierta de barricadas. Los insurrectos capitularon en­tre el 23 y el 28.

Pero el “Movimiento” sufrió otros fracasos más es­trepitosos y de graves consecuencias. Y en primer lu­gar en la marina de guerra, donde la casi totalidad de los oficiales se sumaron al levantamiento, pero los marineros, bajo el impulso de los militantes obreros, se organizaron clandestinamente en “consejos de ma­rineros” en los que los delegados reunidos se pusie­ron de acuerdo desde el 13 de julio y mantuvieron el contacto entre ellos por medio de los radios. La señal fue dada por un suboficial de Madrid, destinado al cen­tro de transmisiones de la Marina: detuvo al jefe del centro, agente principal del complot, y alertó a todas las tripulaciones. Estas últimas se amotinaron, algunas en pleno mar ejecutaron a los oficiales que se resistie­ron, se apoderaron de todos los navíos de guerra y dieron así al levantamiento de los generales un golpe muy serio.

En Barcelona, el gobierno de la Generalitat se negó a distribuir armas como le había pedido la CNT. Pero los trabajadores empezaron desde el 18 la búsque­da de armas, fusiles de caza, armas de fuego de los buques del puerto, dinamita de las canteras, y obtu­vieron distribuciones de fusiles por los guardias de asalto. Cuando las primeras tropas salieron de los cuarteles, en la noche del 18 al 19, eran esperados por una muchedumbre inmensa que cargó y los derrotó a pesar de espantosas pérdidas. Una fracción impor­tante de la Guardia Civil, y también la aviación mili­tar, se pusieron del lado de los obreros. Después de dos días de combate, el jefe de la insurrección, el ge­neral Goded, se rindió. El último cuartel fue tomado por asalto. En los combates murieron el jefe de las Juventudes del POUM, Germinal Vidal, y el líder anar­quista Francisco Ascaso. Una columna del POUM, di­rigida por Grossi y Arquer, y sobre todo la famosa co­lumna CNT-FAI de Durruti marcharon hacia Zarago­za y a su paso liberaron Aragón.

En Madrid el dirigente cenetista Antona fue libera­do el 19 por la mañana. Emprendió inmediatamente la organización de la lucha armada. El dirigente socia­lista de izquierda Carlos de Baráibar organizó una red de noticias por medio de los ferroviarios y los carte­ros de la UGT. Ningún cuartel se había movido toda­vía cuando ya las milicias obreras, provistas de un armamento heterogéneo, patrullaban por las calles. El 19 se combatía en muchos cuarteles entre partidarios y adversarios del pronunciamiento. El general Fanjul, desde el cuartel de la Montaña, que estaba rodeado, mandó disparar sobre la muchedumbre. Un oficial hi­zo distribuir 5.000 fusiles. El 20 los obreros, apoya­dos por los bombardeos de aviones “leales”, tomaron los cuarteles a costa de graves pérdidas. El general Fanjul fue hecho prisionero. Columnas obreras se pu­sieron en marcha hacia Toledo, Alcalá, Sigüenza y Cuenca, que el albañil cenetista Cipriano Mera, recién salido de la prisión, volvió a tomar con 800 milicianos y una sola ametralladora.

En Valencia, la situación fue otra. La guarnición no se sublevó, pero los sindicatos lanza­ron el 19 la consigna de huelga general, los cuarteles fueron rodeados y el general Martínez Monje procla­mó su fidelidad a la república: fue rápidamente apoyado por una delegación del gobierno de Madrid, conducida por Martínez Barrio. Esto ocurrió a primeros de agosto cuando, sacudida por motines, sin perspec­tiva política, la guarnición se rindió.

En la noche del 20 de julio, salvo algunas excepciones, la situación estaba clarificada. O bien los milita­res habían véncido y las organizaciones obreras y campesinas estaban prohibidas, sus militantes encar­celados y muertos, y la población trabajadora sumida en el más feroz de los terrores blancos. O bien el le­vantamiento militar fracasó, y las autoridades del Es­tado republicano fueron barridas por los obreros, que llevaron el combate bajo la dirección de sus organiza­ciones reagrupadas en “comités” los cuales se atri­buían, con el consentimiento y el apoyo de los trabaja­dores en armas, todo el poder, y se dedicaban a la transformación de la sociedad. La iniciativa de la con­trarrevolución desencadenó la revolución.

La lucha armada contra el levantamiento militar exigió un centro, una dirección, un principio de orga­nización. Esto fue todavía más cierto en los días si­guientes a la victoria en los cuarteles: era necesario completar la victoria, eliminar los últimos partidarios del fascismo, asegurar el nuevo orden revolucionario, volver a poner en marcha la producción y las comuni­caciones, preparar nuevas operaciones militares, en una palabra, gobernar. Era la tarea de los comités que G. Munís, en una expresión sorprendente, llamó los “comités-gobierno”.[3] La España que rechazó a los ge­nerales estaba cubierta de ellos: comités populares de guerra o de defensa, comités revolucionarios, ejecuti­vos antifascistas, comités obreros, comités de salud pública, ejercían por todas partes el poder a nivel lo­cal. Fueron designados de mil y una formas, a veces elegidos en las empresas o en las asambleas generales, a veces designados por las organizaciones obreras, par­tidos y sindicatos, con o sin negociación. A nivel local, estaban estrechamente controlados por una “base” que los impulsaba más frecuentemente de lo que la dirigían. En todas partes, en todo caso, sindicatos y partidos estaban representados en tanto que tales en proporciones que variaban a menudo su influencia o la políti­ca de la organización numéricamente dominante. To­dos, después del aplastamiento del levantamiento mi­litar, se atribuyeron, con el consentimiento o bajo la presión de las masas obreras y campesinas, todas las funciones legislativas y ejecutivas. “Todos deciden so­beranamente… no sólo problemas inmediatos como el mantenimiento del orden y el control de los precios, sino también tareas revolucionarias del momento, so­cialización o sindicalización de las empresas industria­les, expropiación de los bienes de la Iglesia, de los “fac­ciosos”, o simplemente de los grandes propietarios, distribución entre los aparceros o explotación colecti­va de la tierra, confiscación de los capitales bancarios, municipalización de las viviendas, organización de la información, escrita o hablada, de la enseñanza, de la asistencia social”.[4] A partir de los comités locales se organizaron, en los días que siguieron al aplastamiento de la rebelión armada, los poderes regionales. En Ca­taluña, donde los militantes de la CNT tuvieron un pa­pel de primera importancia, donde la gran mayoría de los trabajadores armados les dio confianza, el pleno regional de la CNT rechazó la proposición de García Oliver de tomar el poder y de instaurar el comunismo libertario. Se pronunciaron al mismo tiempo por el mantenimiento de la existencia del gobierno de la Ge­neralitat en el cual se negaron a colaborar. En contra­partida, respaldaría, con los otros partidos obreros y republicanos, y los sindicatos, el Comité Central de las milicias antifascistas de Cataluña. Verdadero segun­do poder revolucionario, alrededor del cual se orde­naban los comités especializados de guerra, organiza­ción de las milicias, de los transportes, del abasteci­miento, de las industrias de guerra, de la “escuela uni­ficada” y de la seguridad; verdadero Ministerio del Interior, que compartían de hecho con la CNT y la FAI la autoridad en las “patrullas de control”, milicias obreras de la retaguardia.

En Valencia, la particular situación creada por la actitud de la guarnición alimentó durante algunas se­manas un conflicto entre la Junta delegada de Martínez Barrio, representante del gobierno de Madrid, y el Co­mité Ejecutivo Popular, en cuyo interior el comité de huelga CNT-UGT era el ala vanguardista. Este último se impuso a principios de agosto como una única auto­ridad revolucionaria en la región.

En Asturias, dos autoridades revolucionarias de he­cho reivindicaban la autoridad: el Comité de guerra, de Gijón, con predominio anarcosindicalista, con Se­gundo Blanco, y el Comité popular, de Sama de Lan­greo, con González Peña. En Santander, el Comité de guerra estaba dominado por los socialistas. En el País Vasco, en el seno de las Juntas de defensa, se afirmó la autoridad de los representantes del Partido Nacio­nalista Vasco (PNV), cuidadoso del orden tanto como de la autonomía. En Málaga, el comité de vigilancia anima­do por los militantes de la CNT dictó sus órdenes al gobernador, “máquina de firmar… pálido girondino”, como escribió el periodista francés Delaprée.[5]

En Aragón, reconquistado por las milicias catala­nas en pocas semanas, aparecería en último lugar el tipo más original de poder revolucionario, el Consejo de Aragón, que César Lorenzo bautizó como “criptogo­bierno libertario”.[6] Fue investido de autoridad por un congreso de los comités de las ciudades y pueblos cons­tituidos después de la reconquista, y fue en realidad una emanación de las corrientes anarquistas más deter­minantes.

En algunas semanas se esbozaron las nuevas institu­ciones de un aparato de Estado nuevo, que, al abrigo de los comités-gobierno, emanaban en realidad de los trabajadores armados y de sus organizaciones: comi­siones de orden público o de seguridad, disponiendo de patrullas de control, de milicias de retaguardia, de brigadas obreras o de guardias populares, constituyen­do la nueva fuerza de policía revolucionaria, haciendo reinar el “terror de clase”. “Tribunales revolucionarios” elegidos, en los que los miembros eran designados por los partidos y sindicatos, aparecieron en Barcelo­na, Lérida, Castellón y Valencia. En fin, la institución dominante, en el marco de la lucha ar­mada, fue la de las milicias, formadas por iniciativa tanto de los comités como de los partidos y sindicatos, ejército revolucionario improvisado donde cohabita­ron militares de carrera “leales”, considerados como “técnicos”, y militantes políticos que suministraron los dirigentes de hombres y tropas. Allá también, los co­mités, especialmente el Comité Central de Barcelona, se esforzaron en unificar los modos de organización, los reglamentos, los sueldos, la formación militar. En Madrid, el 5º Regimiento, creado por el Partido Comu­nista, dedicó todos sus esfuerzos a la formación de cuadros, y el Comité Central de Barcelona confió a García Oliver la organización de una escuela popular de gue­rra.

Estos organismos revolucionarios, en pocos días, y sin que fuera dada a este respecto por ninguna organi­zación la menor directriz, se metieron en la vía del arre­glo directo de los grandes problemas de España. Los comités-gobierno eran la réplica obrera el Estado bur­gués, las milicias sustituyeron al ejército de casta, el problema de la Iglesia fue arreglado de la manera más radical con el cierre de los templos, la prohibición del culto, la confiscación de los bienes, el cierre de las escuelas confesionales y una depuración particularmente enérgica que alcanzó a la gran mayo­ría de los sacerdotes y religiosos. Lo mismo sucedió con las bases económicas de la oligarquía, la propiedad agraria e industrial. En la totalidad de la zona con­trolada por los comités-gobierno, las empresas indus­triales fueron arrebatadas a sus propietarios, tomadas por los obreros –con la expropiación como norma en Cata­luña, y, de manera general allá donde dominaban los anarquistas– o controladas con la intervención, que prevaleció en las regiones bajo influencia socialista o ugetista. En la práctica, la autoridad en las empresas pasó a manos de comités obreros elegidos que em­prenderían la puesta en marcha de la producción so­bre la base de una profunda reorganización de acuerdo con su concepción de la nueva sociedad, originando una multitud de soluciones que no las estudiaremos aquí, pero que todas llevan el sello de la voluntad de los obreros de dominar su condición. La misma varie­dad apareció en los campos, marcados por un vasto y profundo movimiento de colectivización que perma­nece todavía hoy como una de las materias más con­trovertidas de la historia de este período: colectiviza­ción forzada, englobando a todos los habitantes, colec­tivización voluntaria englobando a veces a la mayoría, colectivización sólo de las tierras de los grandes pro­pietarios o de pequeños lotes reunidos, creación de cooperativas de producción o de distribución, expe­riencias de colectivismo integral en supresión del di­nero como en el Aragón reconquistado. Los comités que ejercían el poder político partían de los esfuerzos de coordinación y de planificación de la economía: con­sejos de economía en Cataluña y en Levante, que chocarían evidentemente con los problemas de las divisas y del crédito, es decir, en definitiva, con el problema del poder político, arreglado en apariencia, solamente a escala local y regional, pero que quedaba intacto, puesto que subsistía un gobierno central respecto al cual ninguna organización obrera se responsabilizó de llamar a los trabajadores si no a derribarlo, al menos simplemente a descartarlo.

Porque el gobierno subsistía, aunque no fuera, se­gún la expresión de Franz Borkenau, más que un “monumento de inactividad”. Conscientes de su impoten­cia, él gobierno Giral y sus representantes y el gobier­no Companys en Cataluña, no asumieron en ningún momento el riesgo de afrontar los comités-gobierno en una prueba de fuerza, y la sola tentativa de abrir un conflicto de poderes, la de Valencia, puso rápidamente en desventaja a los representantes del gobierno legal. Sin embargo, la existencia misma de estas autorida­des constituyó un factor capital. Durante todo un pe­ríodo se contentaron con “decretar” sobre el papel lo que los trabajadores habían ya impuesto en la rea­lidad: las milicias que montaban guardia delante de sus puertas y que luchaban en el frente, las patrullas que controlaban las calles, los comités que adminis­traban y legislaban. Pero este poder de “decretar”, que les fue dejado por las organizaciones obreras y los comités, les abrió posibilidades: finalmente, en nombre del Estado y del gobierno republicano, intervinieron las nuevas autoridades revolucionarias, y no por sim­ple formalismo el gobierno nombró en calidad de “go­bernadores” a los presidentes de los comités que reina­ban en las grandes ciudades y las provincias. Por fan­tasmal que fuera el poder del Estado tradicional, sub­sistía al menos nominalmente, y la situación creada en la España “republicana” por la respuesta obrera y cam­pesina a la insurrección de los generales era una situa­ción de “doble poder”, en otros términos, una situación transitoria que sólo podía ser solucionada por la hege­monía de uno o del otro.

Los comités-gobierno tenían la confianza de los tra­bajadores armados, pero emanaban también de los par­tidos y de los sindicatos. Dos posibilidades se abrie­ron, al término de una situación que no podía durar indefinidamente: o bien se unían a la legalidad repu­blicana, colocándose, como forma de frente popular extendida a los sindicatos y a la corriente anarquista, en el marco de un Estado de tipo tradicional “renova­do”, que no era otro que la república burguesa y parlamentaria adaptada a las condiciones de la guerra ci­vil: tal era la concepción que defendían los republica­nos, los socialistas del ala derecha y los dirigentes del Partido Comunista. O bien, rompían con esta lega­lidad burguesa, dándose una nueva legalidad, la inves­tidura de las masas, y se transformaban en órganos de un Estado de nuevo tipo que reposaba en la represen­tación directa de los trabajadores a partir de su lugar de trabajo, en otros términos, de un Estado “soviético”, un Estado de los consejos en sentido clá­sico marxista del término.

Pero, en este verano de 1936, ningún partido obre­ro ambicionaba seriamente esta última solución. So­cialistas de derecha y comunistas rehusaban la perspec­tiva de una “república socialista”, que juzgaban no so­lamente irreal, sino también peligrosa. Anarquistas y anarcosindicalistas rehusaban entablar una lucha por un “poder” con el cual no sabrían qué hacer, puesto que el ejercerlo era contrario a sus principios. En el POUM –donde Maurín, caído en manos de los fran­quistas, pasó por ejecutado– Andreu Nin, convertido en un secretario político y principal dirigente, afirma­ba que de hecho la dictadura del proletariado estaba ya realizada en España, donde por otra parte la exis­tencia de sindicatos, de partidos, de organizaciones proletarias específicas, hacía inútil la aparición de los soviets.[7] En cuanto a Largo Caballero, se pronunció porque “los partidos obreros barriesen rápidamente a los burócratas, los funcionarios, el sistema ministe­rial de trabajo” y “pasasen a nuevas formas revolucio­narias de dirección” que no definió.[8] La revolución se detuvo a medio camino, a la puerta del sancta sanc­torum, el poder político, el del Estado.

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Capítulo 7

LA REACCIÓN DEMOCRÁTICA

La Revolución española, a la orden del día después de cinco años, estalló con la respuesta ampliamente espontánea al golpe de Estado militar. En algunas ho­ras, frente a los mercenarios y a las tropas del ejército regular y de la policía, lo que contó fue la iniciativa, la imaginación, el espíritu de sacrificio, en una palabra, la acción de las masas más que la estrategia de los apara­tos de los partidos y sindicatos: más de un militante libertario o socialista, anarquista o comunista, fue atacado en estos días por la fiebre de las iniciativas que condenaban los principios defendidos por su orga­nización y por sus propios dirigentes. Pero la contra­rrevolución armada no había sido vencida totalmente. Fue llevada a un buen tercio de España y en lo sucesi­vo estaba en condiciones de beneficiarse de esta ayuda exterior que se había asegurado en el período de pre­paración. Además, una vez terminados los combates en la calle, los asaltos de las masas a los cuarteles y los combates en las barricadas, la estrategia y las téc­nicas militares volvieron a tomar preponderancia, y la organización superó a los movimientos de masas: era una guerra de movimientos la que ahora se iba a librar entre las dos Españas, y el ejército de profesionales pudo afirmar su superioridad frente a las milicias revolucionarias improvisadas.

Y en primer lugar, los gobiernos alemán e italiano, por su pronta intervención, permitieron a los naciona­listas superar dos de sus principales fracasos: la derrota de los militares conjurados en la aviación y en la marina militares. Desde el 21 de julio, Hitler envia­ba a los sublevados aviones de transporte que asegu­raban, a pesar del bloqueo de la flota republicana, el transporte de las tropas de Marruecos a la Penín­sula. La aviación italiana y alemana intervino ponien­do fuera de combate por sorpresa al acorazado Jaime I y protegiendo los comboyes marítimos que transporta­ban refuerzos a la zona nacionalista. Simultáneamen­te, las grandes compañías petroleras internacionales to­maron posiciones: las compañías británicas, la Vacuum Oil Company de Tanger, prohibió toda venta de car­burante a los barcos de guerra que se amotinaron contra sus oficiales y, desde el 18 de julio, el presiden­te americano de la Texas Oil Company ordenó a los cinco petroleros que partieron para realizar entregas en España, dirigirse hacia los puertos ocupados por los generales nacionalistas, con los que acordó inme­diatamente amplias facilidades de crédito. Una coa­lición internacional se estaba urdiendo contra la Re­volución española porque ésta era una amenaza di­recta para los intereses capitalistas en España, un re­surgimiento inquietante del peligro revolucionario en Europa.

El gobierno Giral se volvió hacia Francia donde acababa de acceder al poder un gobierno de Frente Po­pular presidido por Léon Blum. Los acuerdos interna­cionales entre los dos gobiernos, el principio de sim­patía que se podía imaginar entre ellos, hacía verosímil una ayuda francesa. Pero ésta fue nula. Prime­ro, porque en el interior del gobierno de Frente Popu­lar, los ministros radicales, representantes de la bur­guesía y portavoces de los jefes del ejército, se oponían con fuerza a toda intervención que pudiera significar una ayuda indirecta a una revolución que la gran pren­sa denunciaba con extraordinaria violencia. Des­pués, porque el gobierno francés, prisionero de la alian­za inglesa, era tributario del gobierno conservador de Londres ante todo preocupado por la salvaguardia de los intereses capitalistas en España, más amenazados por los trabajadores armados que por los generales sublevados, y de todas maneras, estaba dispuesto a tratar con los generales españoles como también a hacerlo con Hitler y Mussolini. El gobierno Blum tomó entonces la iniciativa de un pacto de “no intervención” que presentó como el medio de poner fin a la intervención itálico-alemana evitando los ries­gos internos y externos de una intervención francesa. El 8 de agosto, el gobierno Blum cerró la frontera de los Pirineos a todo tráfico de material militar; casi si­multáneamente, el gobierno americano prohibió soda venta de material militar, autorizando las ventas del petróleo de la Texaco que no consideraba como pro­ducto estratégico. El Portugal de Salazar, aterrorizado por la sublevación obrera y campesina, solidario de la oligarquía española y de los intereses británicos, se transformó en base de operaciones para los naciona­listas.

España está sola. El gobierno de la Unión Soviéti­ca expresó, en declaraciones oficiales, su simpatía por el gobierno “democrático y amante de la paz” que aca­baban de agredir las potencias fascistas. Pero estaba pasando un período difícil: algunos días después del pincipio de la guerra civil española, comenzaba en Mos­cú el primero de los procesos dirigidos contra la vieja guardia bolchevique de Zinoviev y Kámenev, presentes en el banquillo de los acusados, y Trotsky, bestia ne­gra del régimen estalinista. ¿Cómo considerar un apoyo sin condiciones a un régimen nominalmente “republicano” donde socialistas de izquierda, anarquistas y co­munistas antiestalinistas desempeñaban los papeles más importantes? La Unión Soviética se adhirió también al pacto de no intervención, y por otra parte hasta fi­nales del mes de agosto no se establecieron entre ella y la España republicana relaciones diplomáticas nor­males, con la llegada a Madrid del embajador soviético Marcel Rosenberg. Finalmente sólo el presidente de México, Cárdenas, aceptará, con todo honor, ayu­dar al gobierno de la República española.

En estas condiciones, los primeros éxitos de las mi­licias obreras y campesinas quedaban sin futuro. Sin duda invencibles en los combates en la calle, en sus barrios y sus ciudades, eran ineficaces en las manio­bras necesarias en campo abierto. Formadas por vo­luntarios entusiastas e individualistas, carecían de la formación técnica elemental, de cuadros competentes, y de una disciplina mínima. Sobre todo, combatían de manera dispersa, sin plan, sin articulación de un sec­tor con otro, y, muy rápidamente, se hacía evidente que las milicias no podían esperar ningún éxito fuera de un mando único que rehusaban aceptar y que el gobierno era incapaz de suministrarles. Desde la pri­mera semana de agosto, la ofensiva nacionalista hacia Badajoz, apoyada en la complicidad portuguesa, estu­vo coronada de éxitos: las dos zonas nacionalistas se unieron. Casi simultáneamente empezó la ofensiva con­tra las ciudades del norte: Irún, y después San Sebas­tián, cayeron después de una resistencia desesperada pero incoherente. En todas partes el avance naciona­lista se acompañaba de masacres masivas, de una re­presión feroz, de la que los muertos de Badajoz se vol­verían el símbolo. A primeros de septiembre, Franco se convirtió en general en jefe del ejército nacionalis­ta, después de la muerte accidental de Sanjurjo el mis­mo día del levantamiento, y pudo preparar la ofensiva, que todos los observadores juzgaban decisiva contra Madrid; cuya caída parecía anunciada tanto por los sú­bitos desastres que dispersaban a las milicias ante fuerzas motorizadas y ataques aéreos que no sabían ni a menudo podían afrontar, como por el lamentable éxodo de las masas campesinas ante el avance de las tropas nacionalistas.

Una vez disipada la embriaguez de la ilusión lírica de la batalla revolucionaria en las calles de las gran­des ciudades, la realidad de las relaciones de clase surge de nuevo bajo la doble forma del aislamiento de España y de la entrada en acción, contra las milicias, de una máquina de guerra moderna, superiormente entrenada y equipada. Ganar la guerra se convirtió en la primera necesidad, en la condición para el desarro­llo de la revolución, y de manera inesperada, pero ló­gica, consignas como “disciplina” y “unidad de mando” fueron de nuevo asumidas por todos los revoluciona­rios, cualesquiera que fueran, que comprendieron lo que significaría en concreto la victoria de las tropas franquistas.

En este contexto se planteó el problema del Estado y del poder político. Los socialistas de derecha, detrás de Prieto, subrayaban que una España revolucionaria no podría esperar ninguna ayuda exterior. Importaba pues para ellos evitar lo que Prieto llamaba los “exce­sos revolucionarios”, que no servían a sus ojos más que para justificar la abstención de los gobiernos “demo­cráticos” de Londres y París. El mismo tema recogían los dirigentes comunistas, afirmando que no sería cues­tión de luchar por una España socialista, sino sola­mente “por una república democrática con un conte­nido social extenso”, “la defensa del orden republi­cano en el respeto a la propiedad”. La lucha no estaba entablada, según ellos, entre revolución y contrarre­volución, socialismo y oligarquía, sino entre democra­cia y fascismo, lo que convertía en necesario el mante­nimiento del Frente Popular y la alianza con los repu­blicanos burgueses, el respeto a las instituciones le­gales, a la democracia parlamentaria y al gobierno. Pa­ra los hombres que defendían estas tesis y entendían así proseguir a través de la guerra civil la política que quebró entre febrero y julio, los desastres del verano, las debilidades del ejército revolucionarlo suminis­traban inagotables argumentos: se trataba, decían, “de ganar la guerra en primer lugar”, y la revolución vendría más tarde.

Sin embargo ésta no era la posición de los obreros y de los campesinos españoles, que no separaban la lu­cha armada de sus reivindicaciones, que hacían la gue­rra para hacer triunfar la revolución, y la revolución para ganar la guerra. Era su presión la que expresó sin ninguna duda Largo Caballero al escribir: “La gue­rra y la revolución son una sola y misma cosa. No so­lamente no se excluyen ni se dificultan, sino que se completan y refuerzan la una a la otra… El pueblo no está combatiendo por la España del 16 de julio, bajo la dominación social de castas hereditarias, sino por una España de la que se habrían extirpado todas sus raíces. El más poderoso auxiliar de la guerra es la extinción económica del fascismo. Es la revolución en la reta­guardia la que da seguridad e inspiración a la victoria en los campos de batalla”.[1] Tal era también el punto de vista del POUM, que por boca de Nin afirmaba que “contra el fascismo sólo hay un medio eficaz de lucha: la revolución proletaria”.[2]

En cuanto a los anarquistas, después de renunciar a intentar imponer el comunismo libertario, es decir, su propia dictadura, no tenían otro problema que el de saber si ayudarían en el gobierno que formarían las otras organizaciones, cualquiera que fuera la for­ma –puesto que, de todas maneras, esta participación constituía una ruptura con su tradicional oposición a toda forma de poder– en definitiva el sacrificio que, después de las jornadas de julio, estaban dispuestos a consentir como precio de la victoria militar.

Se ignora hoy todavía en qué condiciones Largo Ca­ballero, a quien muchos consideraban como candidato a la dirección de un gobierno obrero y que había in­sistido sobre la necesidad de desembarazarse del go­bierno Giral, aceptó finalmente tomar el mando de un gobierno de Frente Popular, que comprendía a los repu­blicanos burgueses, los socialistas, los comunistas y la UGT, y que reunió, dos meses después, a cuatro mi­nistros de la CNT: gobierno “legal”, constituido en las formas sobre la proposición del presidente Azaña, cuyo programa de “defensa de España contra el fascismo” llamaba a la “unión de las fuerzas que luchan por la legalidad republicana” y “al mantenimiento de la re­pública democrática”.[3] Algunos días después, los re­volucionarios catalanes a su vez se inclinaban, acep­tando simultáneamente la disolución con un gobierno de la Generalitat que presidía el republicano Tarrade­llas, donde hombres de la CNT tomaron las carteras de Economía, Abastecimiento y Sanidad, y el líder del POUM, Andreu Nin, la de Justicia… Así lo expresó al­gunos años más tarde un moderado: “La situación normal estaba restablecida”.[4]

En realidad, la formación de estos gobiernos de coalición, la participación de los dirigentes revolucio­nados o considerados como tales, respondía al menos tanto a la necesidad de presentar a las democracias occidentales un aspecto “respetable” de gobierno re­publicano legítimo, solicitando una ayuda normal con­tra la agresión fascista, como a la de obtener la garan­tía de las organizaciones revolucionarias para una “vuelta a la normalidad” justificada por las necesida­des de la guerra, pero que implicaba una lucha activa contra la mayor parte de las conquistas de la revolu­ción.

Desde su entrada en funciones, los gobiernos Largo Caballero en Madrid y Tarradellas en Barcelona se de­dicaron a “unificar” los organismos de poder. El Consell de la Generalitat disolvió todos los comités-gobier­no desde el 9 de octubre y los reemplazó por consejos municipales constituidos a su imagen. “Claridad”, por su parte, proclamaba que “todos estos órganos acababan de cumplir la misión para la cual habían sido creados” y en adelante sólo serían “obstáculos a un trabajo que corresponde exclusivamente al gobierno de Frente Popular”. Serían necesarios meses antes de llegar al fin de la resistencia de los partidarios de los comités: en una primera fase transitoria, sus dirigen­tes recibieron la mayor parte de ellos títulos oficia­les, de “gobernadores”, presidentes de “consejos mu­nicipales”, como por ejemplo, el anarquista Joaquín Ascaso, “delegado del gobierno” en Aragón.

De la misma manera se realizó la reforma de la Justicia, en Madrid por García Oliver, y en Barcelona por Andreu Nin: el cuerpo de magistrados, seriamente depurado después del período de terror revoluciona­rio, fue restablecido en sus funciones en calidad de “técnico de la justicia”, operando con la ayuda de tri­bunales formados por representantes de los partidos y sindicatos. Las “milicias revolucionarias de la retaguardia” fueron unificadas por decreto, puestas bajo el control del ministro del Interior, controladas por “con­sejos de seguridad” formados por responsables políti­cos. A las “guardias nacionales republicanas”, consti­tuidas por restos de las antiguas unidades leales de guardias civiles o de asalto, se añadió bajo el mandato del ministro de Finanzas el nuevo cuerpo de carabi­neros, encargado en principio de la vigilancia de las fronteras, pero que era en realidad una fuerza de poli­cía escogida. La militarización de las milicias se rea­lizó paso a paso, primero con la creación de un esta­do mayor, después con la movilización de dos clases, oficiales y suboficiales de reserva, por la presión que el gobierno mantenía sobre las unidades de milicias a través del reparto de armas. Los consejos de solda­dos fueron suprimidos, los términos militares para de­signar las unidades restablecidos, los nombres reem­plazados por números, grados y galones reaparecieron, y el antiguo Código de Justicia Militar fue igualmente puesto en vigor. El cuerpo de “comisarios políticos”, “representando la política de guerra del gobierno en el ejército” y que substituyó a los antiguos delegados militantes, fue el instrumento decisivo de esta milita­rización.

El nuevo gobierno se dedicó igualmente, siguien­do su propia expresión, a “legalizar” las conquistas re­volucionarias, legalización que al mismo tiempo era un medio de impedir su extensión. El gobierno se otor­gó el derecho de “intervención” en las industrias de guerra, hizo admitir el principio de la indemnización a los capitales expropiados, rehusó el monopolio del comercio exterior y se impuso en todas las empre­sas a través del control que ejercían sobre los bancos los sindicatos de la UGT. En fin, un decreto firmado por el comunista Uribe, ministro de Agricultura, mudo ante el problema crucial de los bienes y rentas, lega­lizó la expropiación sin indemnización y en beneficio del Estado de las tierras de los facciosos reconocidos como tales, e hizo, de golpe, pesar sobre miles de cam­pesinos la eventual amenaza de una restauración con la vuelta de los propietarios “no facciosos”.

El parate de la revolución llevado adelante por las nuevas formaciones gubernamentales de tipo Frente Popular coincidió con el primer viraje de la guerra, el restablecimiento de la situación militar a través de la batalla por Madrid. Tres factores fueron aquí capitales: en primer lugar, la ayuda material rusa, la aparición ante la capital de carros y tanques rusos, la intervención de una aviación suministrada por el gobierno de Moscú y enteramente controlada por él; después, con la iniciativa y bajo el control de los diferentes partidos comunistas del mundo, la entrada en combate en la capital de las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios de todos los países venidos a combatir al fascismo; por último, el recurso provisional pero decisivo, de la Junta de Defensa de Madrid, donde dominaban comunistas y Juventudes Socialistas, con los métodos más revolucionarios de organización de la defensa: lenguaje de clase, llamada a la noción de “revo­lución proletaria” y de “internacionalismo”, constitu­ción de comités de vecinos, de manzanas de casas, de barrios, represión de masas contra la “Quinta colum­na”. Madrid resistió. En el mes de marzo de 1937, la gran victoria conseguida en Guadalajara sobre el cuer­po expedicionario italiano, minado por la propaganda revolucionaria organizada con manos maestras por los comunistas, marcó la cima de este período en el curso del cual “la organización y la disciplina no habían destruido el entusiasmo y la fe, el entusiasmo y la fe se apoyaban en la disciplina y la organización, y tam­bién en las armas”…[5] A partir de esta fecha, la lucha contra la revolución en zona republicana perdería cada vez más su aspecto democrático.

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Capítulo 8

LA INFLUENCIA ESTALINISTA

El historiador de la batalla de Madrid, el ameri­cano Colodny, describió en estos términos lo que él llamó el “momento crucial del asedio”, después del mes de diciembre de 1936: “Bajo el mando de los generales del Ejército rojo, la guerra en Madrid se transformó de guerra de co­mités revolucionarios en guerra dirigida por los téc­nicos del Estado Mayor general. De la exaltación de las primeras semanas, la ciudad pasó a la monotonía del asedio, agravada por el frío, el hambre y el espec­táculo familiar de los bombardeos aéreos y de la de­solación. El instante heroico había pasado a la leyenda y a la historia: con el enemigo enganchado contra las fortificaciones, el peligro mortal que había fundido temporalmente todas las energías en una voluntad úni­ca de resistir parecía haber desaparecido”.[1]

En realidad se produjo un giro político: a la re­volución le sucedió la lenta carcoma de la reacción de­mocrática que debía ahora ceder el puesto a la contra­rrevolución estalinista en toda su crudeza. La ilusión lí­rica que había inspirado durante los meses de verano a los militantes de la CNT-FAI, que creyeron fundar con sus manos otra sociedad, que se transformó en su contraria, dejó lugar al cinismo y al desespero. Gar­cía Oliver se convirtió en el “excelentísimo señor ministro de Justicia”, y numerosos camaradas se convirtieron en oficiales, jefes de policía, gobernadores, en nombre de los necesarios sacrificios y de su determina­ción de “renunciar a todo, salvo a la victoria”, como decía Durruti, caído en Madrid bajo una bala dispara­da, sin duda, por uno de sus milicianos, que no admitió que su jefe le impidiera desertar como él quería. El desconcierto de los anarquistas les condujo a acciones de violencia absurda como la expedición de castigo de la tristemente famosa Columna de Hierro, que dejó el frente de Teruel para ir a saquear en Valencia el juzgado y los cabarets, como las violencias a las que al­gunos cientos de militantes de la CNT se entregaron en Tarancón sobre los miembros del cortejo oficial ca­mino de Valencia. Violencia ciega, sin otro objetivo que el de una protesta ante un callejón sin salida, la reacción de los anarquistas vencidos por sus propias contradicciones y bajo el peso de sus propios prejui­cios no hacía más que reforzar la autoridad y el pres­tigio de quienes, incansablemente, denunciaban a los “incontrolados” y sus “excesos”, estos nuevos campeo­nes del orden que eran los comunistas estalinistas, fuer­tes por el miedo que habían inspirado estos anarquis­tas, revolucionarios de palabra, incapaces de ir hasta el final y de dar a la revolución los medios y la volun­tad de vencer.

Desde el mes de julio, la dirección del Partido Co­munista Español recibió de Moscú apreciables refuer­zos: al argentino Codovilla, conocido con el nombre de Medina, y el veterano búlgaro Minev llamado Stepanov, a los que se unieron otros hombres de confianza del aparato stalinista in­ternacional; el húngaro Geroe, llamado Pedro en Bar­celona, el italiano Vidali, uno de los jefes del 5º Regi­miento con el nombre de Carlos Contreras, y luego, el italiano Palmiro Togliatti, que en Moscú se le llamaba Ercoli y aquí Alfredo. Aunque la mayoría de los mili­tantes del partido se dejaron llevar por el impulso re­volucionario de la época de los combates en las ca­lles, los dirigentes mantuvieron firmemente el timón y conservaron la línea. Era necesario, en primer lugar, ganar la guerra, “primero vencer a Franco”, y para ello, reforzar el “bloque nacional y popular”, y la auto­ridad del “gobierno de Frente Popular” contra aque­llos que llamaban “los enemigos del pueblo” y que definían así: “los fascistas, los trotskistas y los incon­trolados”. Fuertes por el prestigio revolucionario de la Unión Soviética aureolada por el octubre victorioso de 1917, disponiendo de fondos importantes, y pronto del apoyo del único gobierno susceptible de aportar a la España en lucha una ayuda material, fueron los únicos en poder entablar de frente la lucha contra los revo­lucionarios que llamaban “trotskistas o incontrolados” cuando no los asimilaban a los fascistas. Los únicos en oponerse a los comités, a las colectivizaciones, a las expropiaciones, a la justicia de clase expeditiva, los únicos, en una palabra, en decir bien alto lo que pen­saba la pequeña burguesía republicana aterrorizada por las iniciativas de las masas y que justo empezaba a reponerse del enorme miedo que les habían inspira­do los anarquistas.

España llegó a ser una carta importante en la po­lítica exterior de Stalin, consciente del peligro que re­presentaban para él la voluntad de expansión y el antibolchevismo ostentado por el gobierno hitleriano. Es­paña era para él, al mismo tiempo que un campo de experiencias necesarias, un laboratorio para la próxima guerra, el terreno sobre el cual se proponía demostrar a las “democracias occidentales” que era un aliado só­lido, un defensor del statu quo, al amparo contra la subversión política a la que temían más todavía que a los nazis o los fascistas. Stalin no disimulaba sus objetivos políticos en España, el más importante de los cuales era la destrucción de las organizaciones revolu­cionarias, en primera fila de las cuales estaba el POUM, que había denunciado duramente los “Procesos de Mos­cú” y proclamado que combatía bajo la bandera de Lenin. El 28 de noviembre el cónsul general de la URSS en Barcelona, el viejo revolucionario Antonov Ovseen­ko, no vaciló en remitir a la prensa una nota en la que denunciaba a “La Batalla” como “la prensa vendida al fascismo internacional”. Bajo su presión, combinada con la de los estalinistas catalanes del PSUC y de la UGT, el POUM fue apartado del gobierno de la Gene­ralitat con el consentimiento de la CNT; días más tar­de, “Pravda”, en ese lenguaje particularmente amena­zador, después de seguir muy de cerca la ejecución de los viejos bolcheviques que figuraron en el primer pro­ceso de Moscú, comentó: “En Cataluña, la eliminación de los trotskistas y de los anarcosindicalistas ya ha co­menzado: será realizada con la misma energía que en la URSS”.[2] Por otra parte, en diciembre, en una carta transmitida por el embajador Marcel Rosenberg, Sta­lin daba a Largo Caballero algunos “consejos de ami­go”: tener en cuenta a los campesinos, e interesarlos “mediante algunos decretos que traten de la cuestión agraria y los impuestos”, ganar al menos la neutrali­dad de la pequeña burguesía protegiéndola contra las expropiaciones y asegurándole la libertad de comercio, atraer al gobierno a republicanos burgueses “para im­pedir que los enemigos de España vean en ella una república comunista, lo que constituiría el más grave peligro para España”, finalmente, declarar solemne­mente que no “tolerará que nadie atente contra la pro­piedad y los legítimos intereses de los extranjeros en España, de los ciudadanos de los países que no apoyan a los facciosos”.

Esta política, resueltamente moderada y contrarrevolucionaria en circunstancias como las dadas, aseguró en España el desarrollo de la audien­cia de las organizaciones estalinistas: bajo su control, por ejemplo, se organizó en Cataluña la GEPCI, organización de defensa de los comerciantes, artesanos y pequeños industriales, y en Levante, la federación campesina, que reunía a los pequeños propietarios enemigos de la colectivización. Magistrados, altos funcionarios, oficiales, policías, encontraron en él, al mismo tiempo que una eficaz protección, el instrumento de la política que ellos deseaban. A los que solamente preo­cupaba la lucha militar inmediata contra el fascismo –y eran numerosos– el apoyo de Moscú y sus entre­gas, el papel jugado por los consejeros militares ru­sos, la aportación de las Brigadas Internacionales, la capacidad de organización de los cuadros comunistas, parecían garantizar la eficacia necesaria para la vic­toria. No era por casualidad que el 5º Regimiento fuera uno de los principales temas de propaganda y la pa­lanca de acción del Partido Comunista: en dos meses, pasó de 8.000 a 30.000 hombres, poseía instructores, armas modernas, reclutaba sistemáticamente oficiales y suboficiales de carrera, se hizo un modelo de discipli­na, un verdadero instrumento militar, al mismo tiem­po que el objeto de una orquestación sistemática. De la misma manera, los comunistas eran los primeros y prácticamente los únicos en tomar las posibilidades que ofrecía el cuerpo de comisarios del ejército cuyas puertas el comisario general Alvarez del Vayo les abrió ampliamente. Intocables a causa de la ayuda rusa, los estalinistas españoles, “defensores consecuentes del pro­grama antifascista de restauración del Estado, orga­nizadores del ejército, se convirtieron así en los ele­mentos más dinámicos de la coalición gubernamen­tal”,[3] y se confió a ellos los puestos claves de la policía y del mantenimiento del orden.

Ahora bien, fue precisamente este éxito el que pro­vocó que se desatara contra ellos los descontentos y las hostilidades. Los primeros signos de un enfriamien­to evidente de las relaciones con Largo Caballero aparecieron en la sequedad de la respuesta hecha por este último, el 12 de enero, a la carta de Stalin. Herido por la evolución de sus antiguos discípulos que dirigían la JSU y que casi todos se habían adherido al PCE durante los seis últimos meses de 1936, Largo Caballero opuso una rotunda negativa a las presiones de Stalin en fa­vor de la fusión de los partidos socialista y comunista, a las que su viejo adversario Prieto prestó en revan­cha una atención demasiado complaciente. El prestigio de que gozaba la Junta de Defensa de Madrid, la cual según él le manifestaba una abierta oposición, la alian­za con el PCE, y Alvarez del Vayo, del que empezó a du­dar seriamente, contribuyeron a irritarlo. En febrero pidió de forma tajante la retirada del embajador Rosenberg.

El Partido Comunista, desde entonces, le declaró la guerra, tomándola primero con su hombre de confian­za en las cuestiones militares, el general Asensio. La ocasión sería la caída de Málaga, probablemente ine­vitable en la situación militar dada, pero cuyas cir­cunstancias particularmente trágicas trastornaron a to­dos los españoles. Aliándose en esta circunstancia con la CNT, que no apreciaba en Asensio al militar de ca­rrera, el PCE lanzó una gran campaña de manifestacio­nes y mítines reclamando la movilización general, la depuración del cuerpo de oficiales y un auténtico mando único. Los republicanos y los socialistas de dere­cha, con Prieto, se unieron a la campaña CNT-UGT con­tra Asensio. Largo Caballero se resignó, con gran dolor, a pedirle su dimisión. Pero estaba decidido a luchar y los “medios bien informados” hablaban de un nuevo ministerio que podría estar presidido por el ministro de Finanzas, Juan Negrín, con Prieto como hombre fuerte.

Quizás estas circunstancias decidieron a la CNT a intentar a su vez aflojar la opresión del PCE. Encontró la ocasión en el asunto Cazorla, el joven consejero de orden público de la Junta de Madrid, a quien acusó de encubrir con su autoridad la existencia y el funciona­miento en Madrid de prisiones secretas del PCE. La investigación, abierta finalmen­te, descubrió en su entorno la existencia de un negocio montado en liberaciones a precio de oro de detenidos generalmente inocentes. Fue la ocasión para Largo Ca­ballero de disolver la Junta de Madrid, después de un nuevo escándalo de las prisiones secretas, esta vez en Murcia, de limitar los poderes de los comisarios po­líticos y de reservarse los nombramientos. El conflicto quedaba desde entonces abierto: el plan de ofensiva de los consejos militares de Caballero en dirección a Ex­tremadura debió ser abandonado porque los rusos no ofrecían más que diez aviones y porque su protegido, el general Miaja, comandante en Madrid, se negó pura y simplemente a desguarnecer la defensa de la capital.

Los desacuerdos en el seno de la coalición antifas­cista constituyeron el signo de la aproximación de una nueva crisis. Una oposición revolucionaria estaba a punto de recobrarse, nacida en el mismo seno de los partidos que en el otoño precedente habían aceptado la política de colaboración, pero extrayendo aho­ra las consecuencias. El periódico de la JCI, “Juventud Comunista”, mencionaba criticándola la participación de Nin en el gobierno, cuando “La Batalla” hizo una campaña durante varios meses por la reintegración del POUM en el consejo. La misma tesis se expresó poco después también en “La Batalla”, esta vez con la pluma de Andrade, que escribió que la participación había sido “negativa y nociva”. Sintiéndose definitivamente arrojado de la coalición antifascista y comprendiendo perfectamente la suerte que le esperaba, el POUM ata­có duramente a los contrarrevolucionarios del PCE y del PSUC, habló de nuevo de “comités” y de “conse­jos” análogos a los soviets, que deberían constituir la base de un poder verdaderamente revolucionario. Un movimiento parecido se manifestó en la CNT donde un grupo de militantes hostiles a la militarización crearon los “Amigos de Durruti”, publicando un pequeño dia­rio y expresándose, por intermedio de su animador, Jaime Balius, en las columnas del diario vespertino de la CNT de Barcelona, “La Noche”. El libertario ita­liano Camillo Berneri, en el semanario “Guerra di Clas­se”, calificaba al PCE de “legión extranjera de la demo­cracia y del liberalismo”, y lo comparaba a Noske, el contrarrevolucionario en nombre de la demo­cracia salido del movimiento obrero. Subrayaba la relación que existía entre la políti­ca contrarrevolucionaria de Stalin en la URSS, los pro­cesos de Moscú, y su política internacional, de la que España no era más que uno de sus aspectos. Idénticos eran los temas entre las Juventudes Libertarias y en su diario “Ruta” se afirmaba que la alianza en España de los republicanos y el PCE no hacía más que reflejar la alianza de la URSS estalinista con Francia y Gran Bretaña con el objeto de “estrangular la revolución”.

Por iniciativa de la JCI se constituyó en Cataluña el “Frente de la juventud revolucionaria” cuyo secre­tario era e militante libertario Alfredo Martínez, y que se extendió rápidamente a Levante. Después de la con­ferencia en Valencia de la JSU, en donde se vio la ali­neación completa de esta organización con la política estalinista y la denuncia, en lo sucesivo clásica, de los “trotskistas” y de los “incontrolados” por Santiago Ca­rrillo, dos de las federaciones más importantes, la de Asturias y la de Levante, levantaron el estandarte de la oposición. Rafael Fernández, secretario de la JSU as­turiana, negaba la afirmación según la cual la JSU combatía por “una república parlamentaria”, dimitió del comité nacional, uniéndose, con su federación, a las Juventudes Libertarias asturianas en el Frente de la juventud revolucionaria. En la primavera de 1937, es­taba claro que un nuevo grado de tensión había sido alcanzado. Las fuerzas que condujeron juntas la reac­ción democrática estaban en vías de dividirse. El cre­cimiento de la oposición revolucionaria que se busca­ba exigía métodos más firmes, un gobierno más se­guro que se decidiera a contar con el POUM y la CNT-FAI para establecer de una manera más decisiva el régimen republicano.

La prueba de fuerza se produciría en Cataluña, don­de subsistía lo esencial de las conquistas revoluciona­rias y constituía el bastión de la oposición. La corriente caballerista era prácticamente inexistente. Por el con­trario, el PSUC de Juan Comorera, templado por los conflictos con los anarquistas desde hacía meses, esta­ba preparado para la batalla, y no fue por casualidad que se le atribuyó la famosa fórmula: “Antes de tomar Zaragoza, es necesario tomar Barcelona”. Los primeros choques fueron provocados por el envío de importantes fuerzas de carabineros venidos por orden de Negrín para tomar el control de los puestos fronteri­zos a los milicianos de la CNT que se opusieron con las armas. El 25 de abril, Roldán Cortada, un antiguo tren­tista que llegó a ser dirigente de la UGT y miembro de] PSUC, fue asesinado por unos desconocidos en Molins de Llobregat.(+) La CNT condenó formalmente esta muer­te, reclamando una encuesta que dejara a sus militan­tes libres de acusación. Pero el PSUC aprovechó la ocasión, explotando a fondo la emoción provocada por este asesinato. El entierro de Roldán Cortada fue el motivo de una manifestación sobre la cual “La Batalla” escribiría que tenía por objeto crear un ambiente de pogrom contra la vanguardia del proletariado catalán, la CNT, la FAI y el POUM. Los dirigentes anarquistas de Molins de Llobregat fueron detenidos y ocho mili­tantes de la CNT fueron muertos en Puigcerdá por los carabineros. La tensión era máxima en Barcelona, donde corrió el rumor de un próximo desarme de to­dos los obreros no integrados en la policía del Estado. El gobierno de la Generalitat prohibió toda manifestación para el 1 de mayo, y este día “Solidaridad Obre­ra” denunció la “cruzada contra la CNT”, mientras “La Batalla” llamaba a los obreros a montar guardia “con el arma vigilante”.

El incidente que puso fuego en la pólvora estalló el 3 de mayo, a propósito del control de la central te­lefónica. Desde julio de 1936, las telecomunicaciones en Barcelona estaban “sindicalizadas” bajo la direc­ción de un comité CNT-UGT: situación intolerable puesto que los responsables de la CNT del sindicato de los empleados del teléfono podían así permanente­mente controlar y también interrumpir las comunica­ciones entre el gobierno y el extranjero. Sobre este terreno favorable el PSUC decidió la provocación: sin órdenes ni autorización del gobierno de la Generalitat, el comisario de orden público, Rodríguez Salas, ex miembro del Bloc Obrer i Camperol, perteneciente al PSUC, llegó a la central con tres camiones de guardias y penetró, desar­mando a los milicianos que ocupaban la planta baja. Los milicianos que ocupaban los pisos pusieron una ametralladora en batería y abrieron fuego. Los diri­gentes anarquistas de la policía acudieron persuadien­do a sus camaradas para que no se obstinaran en la resistencia. Pero el ruido de la batalla alertó a los tra­bajadores de Barcelona que vieron una tentativa con­trarrevolucionaria apuntando a sus organizaciones. Sin que ninguna consigna fuera lanzada por ninguna or­ganización, la huelga general estalló y Barcelona se cu­brió de barricadas.

Por la noche tuvo lugar una reu­nión común de los dirigentes de la CNT, de la FAI, de las Juventudes Libertarias y del POUM. El POUM con­sideraba que los trabajadores habían respondido es­pontáneamente a una provocación contrarrevoluciona­ria y que era necesario ponerse a su lado. Los dirigen­tes anarquistas preferían intentar interponerse. El 4 de mayo, muchas organizaciones, el POUM, las Juventu­des Libertarias, los Amigos de Durruti, sostenían el movimiento. Companys y la CNT se pusieron de acuer­do para imponer un compromiso negociado. El presidente de la Generalitat desaprobó la iniciativa de Rodríguez Salas y lanzó una llamada a la calma, mientras que el co­mité regional de la CNT llamó a los trabajadores a de­poner las armas. En el mismo sentido se expresaron por la noche en la radio el caballerista Hernández Zan­cajo y los dos ministros anarquistas García Oliver y Federica Montseny. El 5 fue hecho un acuerdo sobre la base del alto el fuego y del statu quo militar, con retirada simultánea de policías y milicianos. Los dirigentes de la CNT detuvieron a la 29 división manda­da por Gregorio Jover, que marchaba sobre Barcelo­na, y desautorizaron a los Amigos de Durruti. Sin em­bargo, nuevas violencias comprometieron el alto el fuego: agresión por parte de miembros del PSUC con­tra el coche de Federica Montseny, asesinato de Antonio Sesé, dirigente de la UGT que acababa de ser lla­mado al gobierno. Navíos de guerra ingleses llegaron frente a Barcelona. El gobierno de Largo Caballero se hizo cargo del orden público en Cataluña y nombró coman­dante de las tropas de Cataluña al general Pozas, an­tiguo oficial de la Guardia Civil, miembro del PCE.

El 6 parecía que volvía el orden. El presidente Com­panys proclamó que no había “ni ven­cidos, ni vencedores”, formó un nuevo gobierno, en el que no entra­ron ni Comorera, líder del PSUC, ni Rodríguez Salas. La columna motorizada enviada del frente del Jarama para restablecer el orden en Barcelona entró en la ciu­dad al grito de “Viva la FAI”: estaba mandada por un oficial anarquista, Torres Iglesias. La partida pa­recía concluir con un empate. El balance en vi­das humanas fue sin embargo considerable: al menos 500 muertos y 1.000 heridos. Entre las víctimas, del lado gubernamental, Sesé y un oficial comunista; del lado obrero, Domingo Ascaso y el nieto de Francisco Ferrer. Pero habían pasado muchas cosas en las calles de Barcelona, y en los días que siguieron, se encontrarían los cadáveres de dos de los principales animadores e inspiradores de la oposición revolucionaria: el liber­tario italiano Camillo Berneri, que fue sacado de su domicilio por milicianos ugetistas, y Alfredo Martínez, el secretario del Frente de la Juventdu revolucionaria. Estaba claro que los servicios secretos rusos traba­jaban.

En realidad, las “Jornadas de Mayo” doblaban las campanas por la revolución. Esta explosión inacabada de guerra civil en la retaguardia, en el marco de la mis­ma guerra civil, iba inmediatamente a explotar por la coalición moderada y su ala andante, el PCE. Aun cuando la CNT hizo todo lo posible para apaciguar el conflicto, cuando el POUM se negó a correr el riesgo de desbordar a la CNT, a la que criticaba su ciega pruden­cia, la prensa estalinista se desencadenó contra esta “in­surrección”, de la que dijo que fue “preparada por los trotskistas del POUM” con la ayuda de la policía secre­ta alemana e italiana. Reclamó, con José Díaz, que se terminara con el peligro de los “trotskistas “, esos “fas­cistas que hablan de revolución para sembrar la confu­sión”. El 15 de mayo, en el consejo de ministros, los ministros comunistas reclamaron la disolución del POUM y la detención de sus dirigentes. Largo Caballe­ro se negó; los ministros comunistas se marcharon, se­guidos por los republicanos y los socialistas de Prieto. No le quedó a Largo Caballero más remedio que di­mitir.

Con el antiguo ministro de Hacienda Juan Negrín volvería, en el curso de las semanas siguientes, a con­sagrarse la victoria de la contrarrevolución. Gran burgués de origen, socialista resueltamente moderado, casado con una rusa, el hombre era el candidato de los estalinistas españoles al gobier­no, y por el momento no tienen nada que objetar. “La Batalla” fue prohibida el 28 de mayo y su director polí­tico, Gorkín, acusado por su editorial del 1 de mayo. El 16 de junio, la mayoría de los dirigentes del POUM fue­ron detenidos. Les fue reprochado, no solamente el ha ber intentado la supresión de la República por la vio lencia y la instauración de una dictadura del proleta riado, sino también el haber calumniado a un país cuyo apoyo moral y material permitió al pueblo español de fender su independencia, haber atacado la justicia so viética –alusión a la campaña del POUM contra los procesos de Moscú– y, en fin, “haber estado en contac to con las organizaciones internacionales conocidas, bajo la denominación general de “trotskistas”, cuya acción en el seno de una potencia amiga demuestra que se encuentran al servicio del fascismo europeo”.

Pronto estalló un enorme escándalo. Andreu Nin, detenido junto con sus camaradas, había desaparecido. Los estalinistas insinuaban que se ha­bía evadido, y a las preguntas colocadas en los muros “¿Dónde está Nin?” respondían con esta rima obsena: “En Salamanca o en Berlín.” El ministro del In­terior confesó su impotencia, Negrín se declaró dispuesto a “cubrir todo”, pero exigió estar informa­do. De hecho, Nin no podía reaparecer porque había sido asesinado. Entregado por la policía al jefe de la NKVD (servicio secreto soviético) en España, Orlov, fue encerrado en una prisión secreta de Alcalá de Henares y torturado a fin de ob­tener confesiones según el modelo de los acusados en los procesos de Moscú. Pero resistió, y sus carceleros, impotentes ante este hombre torturado que se negaba a “colaborar”, no tuvieron más remedio que desem­barazarse de él. De hecho, la resistencia de Nin echó abajo el edificio preparado en España según el mo­delo de Moscú y probablemente salvó a muchos otros militantes.[4] En todo caso, había destruido la fachada “legal” de la represión estalinista y había forzado a re­vestir la forma de un puro y simple gansterismo, al margen de las formas judiciales.

En las semanas que siguieron se produjeron, en condiciones parecidas, otras “desapariciones” de militantes revolucionarios extranjeros “raptados” por los mismos servicios y asesinados: Marc Rhein, el hijo del dirigente menchevique ruso Rafael Abramovitch; los trotskistas Hans Freund, llamado Moulin, y Erwin Wolf, antiguo secre­tario de Trotsky; el militante austríaco Kurt Landau, que se había unido al POUM. En el ejército fueron fu­silados militantes del POUM después de las parodias de juicios por consejos de guerra: entre ellos el anti­guo comisario de guerra de Lérida, Marcial Mena, uno de los organizadores de los sindicatos de profesores de Cataluña, Joan Hervàs los dos antiguos miembros del Bloc Obrer i Camperol. La restauración del Estado ciertamente había suprimido los aparatos ilegales de los partidos, de los sindi­catos, y la “dictadura de los comités”; pero no había suprimido los servicios secretos estalinistas y dejaba actuar li­bremente, aunque de manera oficiosa, una todopode­rosa GPU (vieja policía política rusa) encargada de arreglar en suelo español las cuentas políticas de Stalin.

Ninguno de sus adversarios sería perdonado, aun­que no serían perseguidos con la misma dureza que el POUM, enemigo número uno del estalinismo en Es­paña. En agosto, el Consejo de Aragón fue disuelto, la división del comunista Enrique Lister penetró en la provincia, procediendo a detenciones en masa de mi­litantes anarquistas y disolviendo por la fuerza las colectividades rurales que habían implantado. En sep­tiembre, igualmente por la fuerza, las tropas del gobierno se apoderaron en Barcelona de la sede del Comité de defensa CNT-FAI. En mayo, los partidarios de Largo Caballero fueron expulsados del comité de redacción de “Claridad”, que pasó a manos de la gente de Prieto. A petición el comité ejecutivo del Partido Socialista, el ministro del Interior envió a los guardias de asalto a ocupar los locales del diario “Adelante”, órgano de la Federación de Levante que apoyaba a Lar­go Caballero. En el seno de la UGT la coalición de los amigos de Prieto y de los estalinistas lanzó una fuerte campaña contra Largo Caballero. El Ministerio del In­terior suspendió el último periódico que le dio asilo, “La correspondencia de Valencia”. Incapaces de ase­gurarse normalmente la mayoría, la coalición de los “moderados” se decidió a organizar la escisión, eli­giendo a González Peña para la presidencia de la cen­tral obrera. Bajo la orden del gobierno, correo y cheques con destino a la UGT eran desviados al organismo escisio­nista que dirigía González Peña. No le quedaba a Lar­go Caballero más que intentar una campaña pública: desde su primera reunión en el cine Pardiñas de Ma­drid, el gobierno decidió amordazarlo: interpelado, conducido a su domicilio de Valencia, vigilado, vencido definitivamente sin haber podido realmente combatir.

El “gobierno de la victoria” tomó toda una serie de medidas tendentes a una verdadera normalización. Los jueces ocupaban de nuevo sus asientos con toga, el ministro de Justicia, nacionalista vasco y católico, Manuel de Irujo, velaba para que los presidentes fue­ran efectivamente escogidos entre los magistrados pro­fesionales. Numerosos prisioneros, especialmente sacerdotes, fueron liberados. Por el contrario, se creó un Tribunal de espionaje y de alta traición, destinado a juzgar a los dirigentes del POUM: en estos nuevos tri­bunales, los cinco jueces, tres militares y dos civiles, eran nombrados por el gobierno. Los crímenes que tenían que juzgar comprendían la realización de “actos hostiles a la República”, la defensa o propagación de “falsas noticias”, la formulación de juicios “desfavo­rables a la marcha de las operaciones de guerra o al crédito y a la autoridad de la República”, los “actos o manifestaciones tendentes a debilitar la moral pú­blica, a desmoralizar al ejército o a debilitar la disci­plina colectiva”. Las penas previstas, desde los seis meses de prisión a la muerte, eran aplicables tanto si el “crimen” no había sido consumado, como si se re­ducía a una “conspiración”, una “complicidad o una “protección”. Así los dirigentes del POUM pudieron ser duramente condenados, sobre la base de su política, después del abandono de las acusaciones apoyadas por falsos policías y estalinistas. La censura fue reforzada, y una circular del 14 de agosto de 1937 la extendió expresamente a toda crítica a la Unión Soviética. Una policía especializada en el contraespionaje, el Ser­vicio de Investigación Militar (SIM), fue creada, controlándola miembros del PCE y “técnicos” rusos. El SIM, que escapó enseguida al control del ministro de la Defensa, contaba con más de 6.000 agentes, dirigiendo sin control sus prisiones y “campos de trabajo”.

La celebración del culto católico fue autorizada a título privado, como primera etapa hacia la restaura­ción de la libertad de culto. Los propietarios antes “desaparecidos” que demostraron no es­tar aliados con los fascistas recuperaron sus tierras; el decreto de colectivización en Cataluña fue suspendi­do por ser contrario al espíritu de la constitución. El “Times” celebró la intervención del Estado en las empresas industriales como el “restablecimiento del principio de la propiedad privada” y celebró los esfuer­zos de Negrín por su deseo de llegar a reconciliar “los partidos opuestos en la hora actual de la España gu­bernamental”. ¿”Gobierno de la victoria”, como decían los estalinistas españoles, “de la reconciliación nacio­nal”, como deseaban los conservadores ingleses? En la reunión de las Cortes, el 1 de octubre de 1937, Lar­go Caballero estaba ausente; en cambio Miguel Maura estaba allí, así como el centrista Portela Valladares, y las críticas de la prensa de la CNT contra su pre­sencia fueron suprimidas por la censura. En la cárcel Modelo, la prisión de Barcelona, dos galerías y media de seis estaban reservadas a los detenidos de la CNT­-FAI y del POUM.

La España “democrática” estaba sin embargo más aislada todavía que la España “revolucionaria”. Era la época en que la ayuda rusa empezaba a disminuir. La guerra civil seguía, pero la revolución estaba completamente vencida.

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Capítulo 9

LA DERROTA Y SU PRECIO

En la segunda mitad del año 1937, en el momento en que la represión estalinista se instaló en España a través de los órganos del gobierno Negrín, comenzaron las primeras retiradas de “consejeros” rusos. Casi to­dos los que eran llamados los “españoles” en la Unión Soviética fueron ejecutados poco tiempo después de su regreso. Entre ellos, los civiles Rosenberg, Antonov­ Ovseenko, pero también Mijáil Koltsov, enviado espe­cial de “Pravda” y considerado hombre de confianza de Stalin, y Stachevski, la eminencia gris de la emba­jada, y también los militares, entre los que estaba en primera fila el verdadero organizador de la defen­sa de Madrid, el general Goriev. Los envíos de armas rusas disminuyeron rápidamente. Solamente durante algunos meses, en 1938, la reapertura de la frontera francesa permitiría aflojar un poco la opresión. Des­pués del mayo de 1937, España no fue más que el escenario de una guerra civil, un campo de experiencias militares, en una especie de prefiguración y de ensayo en vistas a la guerra mundial que se anunciaba. A par­tir del acuerdo de Munich, la suerte de España estaba definitivamente sellada.

La agonía de la España republicana, el retroceso progresivo de su territorio hasta la capitulación final no sucedieron sin crisis políticas. La primera se ter­minó con la resonante dimisión de Prieto y la explica­ción que dio: la influencia de los estalinistas españoles y de los consejeros rusos que habían exigido su eliminación. La antigua alianza entre Prieto y el PCE no re­sistió a su común victoria sobre la doble oposición revolucionaria y democrática de 1937. Prieto se negó a ser un instrumento al servicio de una política que estimaba ya no prestaba a España los servi­cios de antes, tanto en el plano material co­mo en el político. Denunció la injerencia de los consejeros rusos en la dirección de las operaciones militares, el papel de los militantes comunistas en el SIM, y que este escapaba completamente al control del gobierno. Quizás Prieto, “el hombre de Inglaterra” en el sen­tido en que el término fue frecuentemente empleado, no era tanto el hombre de una paz negociada bajo la égida de Inglaterra, para la cual el papel de los comu­nistas en el Estado republicano era indudablemente un obstáculo. Política tan vana como lo fue a partir de 1938, la esperanza de Negrín y Alvarez del Vayo de resistir hasta el estallido de la Segunda Guerra Mun­dial, después del fracaso del plan de restablecimiento en “13 puntos”, elaborado por Negrín.

Después de la caída de Cataluña empezó la crisis final. Azaña decidió quedarse en Francia, mientras que los oficiales de su casa militar se pasaron a la España nacionalista. El gobierno Negrín volvió a España y emprendió la organización de la resistencia a ultranza. Sólo los comunistas lo apoyaron. Convencidos de la inutilidad de prolongar una guerra perdida, la mayor parte de los jefes militares profesionales pidieron una negociación que pudiera limitar los estragos. Uno de ellos, el general Casado,* estaba convencido de la ne­cesidad de apartar del gobierno a los ministros comu­nistas y simpatizantes, a fin de obtener el apoyo inglés para una eventual mediación. Con este fin tomó con­tactos con todos los medios políticos, a través del jefe anarquista Cipriano Mera, el socialista Wenceslao Ca­rrillo, antiguo brazo derecho de Largo Caballero, y el socialista de derecha Julián Besteiro, partidario des­de hacía tiempo de un compromiso negociado bajo la égida del gobierno inglés. Perfectamente informado, Negrín efectuó en el alto mando militar una serie de cambios que llevaron a los jefes comunistas a los prin­cipales puestos del ejército. Para sus adversarios, fue un verdadero golpe de Estado, que permitió al Partido Comunista ser el único en controlar la inevitable eva­cuación, con todas las consecuencias que esto compor­taba para ellos. El general Casado, seguro de la adhe­sión en Madrid del general Miaja –”el defensor de Ma­drid”, de la propaganda oficial, antiguo miembro de la UME, ganado desde el comienzo de la guerra civil para el Partido Comunista– rodeado de representan­tes de los partidos del Frente Popular y de los sindi­catos a excepción sólo del PCE, proclamó en Madrid una Junta Nacional de Defensa que se fijó como objetivo una paz honrosa. Las tropas controladas por el Partido Comunista resistieron en Madrid, y esta breve guerra civil en el seno de la guerra civil causó 2.000 muertos más. Durante este tiempo, el gobierno y el estado mayor del Partido Comunista se trasladaron a Francia en avión. El Partido Comunista no había pensado seriamente en resistir en esta empresa de liquidación de un régimen condenado.

En realidad no fue posible ningún compromiso, y la guerra civil se terminó por la capitulación pura y simple de las autoridades, la ocupación casi sin dispa­rar un tiro de la totalidad del territorio por las tropas nacionalistas. Centenares de miles de españoles inten­taron una vez más huir, pero esta vez pocos lo consi­guieron. Para muchos, el calvario de la guerra civil se terminaría con suplicios, ejecuciones sumarias o no y largos años de prisión. La contrarrevolución armada por fin había realizado el programa que se había trazado a principios de 1938, con la complicidad de Hitler y Mussolini: esta vez la Revolución española estaba completamente y para mucho tiempo aplastada. Será necesario más de una generación antes de que empiece a renacer un movimiento obrero todavía inseguro e indeciso, casi medio siglo para que las gigantescas ma­nifestaciones por los condenados de Burgos vuelvan a poner a la orden del día en Europa la “solidaridad con España”. Para realizar esta tarea, el general Fran­co necesitó casi tres años, pero también numerosos intermediarios y relevos. Porque los combates obreros, que en julio de 1936 atacaban a sus mercenarios con las manos desnudas, con fusiles de caza o cartuchos de dinamita, fueron mucho antes muertos o desmora­lizados: fue necesario en primer lugar que la revolu­ción fuera vencida en la zona “republicana” para que Franco pudiera poner a su victoria una rúbrica final. Se olvidaría rápidamente a través de la guerra mun­dial que empezaba y que enterraría finalmente a la guerra de España en un olvido del que muchos políti­cos se satisfacieron.

El tiempo de pasar cuentas había llegado. Las ha­bría de todo orden. Los dirigentes socialistas, Araquis­táin, Largo Caballero, Prieto, escribieron sus memo­rias: justificación de su política que no aportaba nada nuevo. Al Partido Comunista en cambio le llegó rápi­damente la crisis, y en primer lugar entre los dirigen­tes emigrados en la URSS. Jesús Hernández logró aban­donar la Unión Soviética, donde José Díaz había muer­to en condiciones sospechosas. Llegó a Méjico en 1943 y rompió casi enseguida. Publicó unas memorias que confirmaban en lo esencial, en lo que concernía a mu­chos puntos cruciales de la historia de la revolución y de la guerra civil, lo que decían los adversarios del PCE, a propósito de la campaña para desacreditar a Lar­go Caballero y sustituirlo por Negrín, y también acer­ca del asesinato de Andreu Nin. Hernández, profunda­mente desmoralizado, abandonó enseguida toda acti­vidad. Enrique Castro Delgado, el primer jefe del 5º Regimiento, iría más lejos. También él conocía los arre­glos de cuentas de los emigrados, el odio contra La Pasionaria; también logró emigrar a Méjico, a pesar de la deserción de Jesús Hernández. También publica­rá revelaciones que no harán más que confirmar en lo esencial lo que se sabía ya. Acabaría por reconci­liarse con Franco. Mucho más interesante sería la re­flexión –tardía– de Fernando Claudín, antiguo diri­gente de la JC y después de la JSU.

En una obra pu­blicada en 1970, cinco años después de haber sido ex­pulsado del PCE, dedicó muchas páginas a la Revolución española, “inoportuna” dijo, para Stalin. Según él, la estrategia empleada en España por la Internacional Comunista, siguiendo las instrucciones de Stalin, sufría una debilidad mayor, la de ir “contra la corriente de la dinámica profunda de la Revolución española”.[1] Mostraba los esfuerzos de los dirigentes del PCE por de­tener y hacer retroceder la revolución, restaurar el aparato de Estado republicano, en el curso de la pri­mera fase; el contraataque de los republicanos y .so­cialistas moderados rechazados vigorosamente, en una segunda; procediendo a la eliminación definitiva de los comunistas y la capitulación final. Aunque dejó a la palabra sus comillas, llega a la conclusión de la “traición” de Stalin por la subordinación de la Revo­lución española a la “razón de Estado del poder so­viético”[2] y estigmatiza de paso el asesinato de Andreu Nin como un “ultraje al comunismo”.[3] Se nota, quizás con más interés, observaciones preciosas sobre la cri­sis del PCE, a partir de 1937, el desaliento de los militantes que han perdido toda ilusión en el apoyo a las “democracias”: cuando “Mundo Obrero”, el 23 de marzo de 1938, se levanta contra la opinión según la cual la única salida de la guerra sería que España “no fuese ni fascista ni comunista” y afirma que el “pueblo español vencerá contra el capitalismo”, fue llamado al orden por “Frente Rojo”, de Valencia, más directamente controlado por el aparato, que afir­mó con la pluma de José Díaz que estas dos afirma­ciones eran “plenamente correctas y corresponden exactamente a la posición de nuestro partido”.[4]

Las polémicas en torno a la revolución y la guerra de España no están cercanas a extinguirse en el inte­rior del movimiento anarquista. Ya en 1937, un grupo de militantes de la CNT-FAI, los Amigos de Durruti, formado por faístas decepcionados por la política de colaboración y por lo que consideraban como una ca­pitulación de la CNT en mayo en Barcelona, llegaron a conclusiones que les acercan indudablemente al marxismo revolucionario escribiendo:

“La unidad antifascista no ha sido más que la su­misión a la burguesía… Para vencer a Franco, hacía falta vencer a Companys y Caballero. Para vencer al fascismo, hacía falta aplastar a la burguesía y a sus aliados estalinistas y socialistas. Era necesario destruir completamente el Estado capitalista e instaurar un po­der obrero surgido de los comités de base de los tra­bajadores. El apoliticismo anarquista ha fracasado”.[5]

Pero con la represión, este grupo desapareció sin dejar rastro durante el verano de 1937. De la larga historia de los debates en el interior del movimiento anarquista, tratada tanto por Vernon Richards[6] corno por César M. Lorenzo,[7] no retengo más que los principales aspectos: la afirmación de una corriente “política” que se negaba a condenar la política de cola­boración durante la guerra, condenaba fir­memente los prejuicios anarquistas y el infantilismo revolucionario, El secretario de la CNT en 1936, Ho­racio Prieto, fue quien lo encarnó con el máximo de constancia, y sería injusto atribuirle la paternidad de las extraordinarias acrobacias realizadas después por anarquistas con mala colaboración, cuya cima sería al­canzada en 1948 con la tentativa de los que César Lo­renzo llamó “anarco-realistas” por poner la CNT al servicio de la restauración del rey.[8] Por el con­trario, Federica Montseny, antigua ministra, reconocía la amplitud del error cometido por los suyos partici­pando en el gobierno en estas condiciones excepciona­les, pero no sacó otra conclusión que la validez de los viejos principios anarquistas de hostilidad a todo po­der, cualquiera que sea.

La polémica más áspera fue sin duda la que opo­nía a trotskistas y poumistas, y que comenzó en el mes de abril de 1937 a instalarse tanto en las columnas de “La Batalla” como en la prensa trotskista internacio­nal. Después del informe redactado contra los dirigen­tes del POUM por el trotskista americano Felix Mo­rrow en 1938,[9] Trotsky recogió en un folleto dedicado a España la totalidad de las críticas hechas por él y sus partidarios a medida del desarrollo de los aconte­cimientos y concluyó con este severo juicio:

“A fin de cuentas, a pesar de sus intenciones, el POUM ha constituido el principal obstáculo en el ca­mino de la construcción de un partido revolucionario”.[10]

Treinta años más tarde, en su prólogo a los escri­tos de Andreu Nin sobre la revolución española, Juan Andrade celebra que su partido “suscitó la esperanza en el mundo revolucionario, como una nueva concep­ción de los anhelos de libertad de los trabajadores frente al totalitarismo y los crímenes de Stalin”,[11] mientras que, según él, “el trotskismo no puede presentar nin­gún logro en su hoja de servicios […] si no es el haber dividido aún más los grupos en todos los países donde existen y el estar enfrentados más que nunca en un combate feroz entre ellos”.[12]

No hay nada de extraordinario en la permanencia de estas polémicas cuyas raíces se encuentran en la du­reza de la lucha y en el carácter irreductible de los an­tagonismos de clase. El invierno de 1970-1971, con las grandes manifestaciones obreras en favor de los acusa­dos en el proceso de Burgos, lo demostró con esplen­dor: la historia todavía no había cortado definitiva­mente la suerte de la Revolución española, puesto que, a pesar de la masacre de una generación de luchadores obreros y campesinos, su sombra no desapareció del ho­rizonte treinta y cinco años después del comienzo de la guerra civil.

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Notas

Pierre Broue es conocido por sus trabajos como historiador del movimiento obrero internacional. Sus libros sobre el Partido bolchevique, la Internacional comunista, la Revolución española y su reciente biografía de León Trotsky, son de mucho valor. Su última obra sobre la Oposición de Izquierda en la Unión Soviéticaes otra contribución importante de este prolífico escritor francés. A continuación se presentan  tres capítulos de su trabajo Historia del partido bolchevique de 1962. Aquellos dedicados al tema que nos ocupa, durante el período de surgimiento del partido y de su esplendor durante la Revolución rusa de 1917. La primera impresión de este folleto fue realizada por nosotros en Diciembre de 2004.

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Capítulo 1

1.   L. Trotsky, “Les taches des communistes en Espagne”, Écrits, t. III, p. 405.

2.   A. Ramos Oliveira, Politics, Economics and Men of Mo­dern Spain, p. 438.

3.   H. Rabasseire, Espagne, creuset politique, p. 40.

4.   Trotsky, op. cit., pp. 406-407.

Capítulo 2

1.   J. Maurín, Introducción de 1965 a Revolución y contrarrevolución en España, p. 3. (En realidad el partido de Maurín, el BOC, fue poco influenciado por Bujarin, ver, A. C. Durgan, B.O.C. 1930-1936 El Bloque Obrero y Campesino, Barcelona 1996, pp.97-101. (Nota del ed.)

2.   Maurín ya dejó de defender la independencia de Catalunya en 1932  su  ‘colaboración con la pequeña burguesía catalana’ muy efímera, más bien no existente, ver ídem pp102-136. (Nota del ed.)

Capítulo 3

1.   Texto integro en Peirats, La CNT, en la Revolución Es­pañola, t. I, pp. 44-48.

2.   A. Nin, Los problemas de la revolución española, p. 115.

3.   C. Lorenzo, Les anarchistes espagnols et le pouvoir, p. 74.

4.   A. Nin, op. cit., p. 112.

5.   Ya a finales de 1932, el BOC empezó a defender una posición claramente antiestalinista, además de elogiar a Trotsky y publicar artículos suyos mientras que mantuvo sus críticas a sus seguidores, ver Durgan, B.O.C. pp101-102. (Nota del ed.)

6.   Ibidem, p. 73.

7.   Molins i Fábrega fue expulsado del BOC con tres compañeros más por ‘actividad fraccional’ en  1931.

8.   Citado por G. Jackson, La República española y la gue­rra civil, p. 94.

Capítulo 4

1.   A. Nin, op. cit., p. 141.

2.   C. Lorenzo, op. cit., p. 78.

3.   Texto íntegro en Peirats, op. cit., pp. 70-78; aquí, p. 70.

4.   Ibidem, p. 77.

5.   C. Lorenzo, op. cit., p. 84.

6.   L. Araquistain, prólogo a F. Largo Caballero, Discursos a los trabajadores, pp. XI-XVI.

7.   G. Munis, Jalones de derrota, promesa de victoria, pá­gina 178.

8.   “Comunismo”, septiembre, 1934, p. 6.

9.   Nin, op. cit., p. 6. Añadimos que en 1933, por ejemplo, el diario del BOC en Barcelona, “Adelante”, publica los artí­culos de Trotsky.

10. “La Batalla”, 18 de octubre de 1935.

11. ¿Qué es y qué quiere el POUM?, p. 9.

(+) El capitán Frederic Escofet también vería conmutada su pena de muerte. Otros oficiales, fieles al Gobierno de la Generalitat y que participaron en los hechos de octubre, sien­do por ello condenados, fueron Joan Ricart, Salas Ginestar y López Gatell. (Nota del Ed.)

(++)  El Gobierno de la Generalitat permaneció también en­carcelado hasta las elecciones de febrero de 1936. Había sido juzgado en mayo de 1935 y condenado, de acuerdo con la pe­tición fiscal, a 30 años de prisión. (Nota del Ed.)

Capítulo 5

1.   L. Trotsky, «La trahison du Parti ouvrier d’unification marxiste», La Révolution espagnole,  (1936-1939), p. 98.

2.   “Claridad”, 15 de junio de 1936.

3.   C. Lorenzo, op. cit., p. 935. Ibidem, p. 96.

4.   Ibidem, p. 96.

5.   José Díaz, Tres años de lucha, p. 164.

6.   A. Nin, op. cit., p. 171.

7.   Nota del 18 de marzo de 1936.

8.   Jackson, op. cit., p. 195.

9.   Ibidem.

10. Citado por Peirats, op. cit., t. I, p. 138.

(+) El partido Izquierda Republicana se creó por la fusión de distintas organizaciones republicanas, después del fracaso electoral de noviembre de 1933. Se constituyó en abril de 1934, a partir de Acción Republicana, dirigida por Azaña, de la Or­ganización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), de Casa­res Quiroga, y del Partido Radical-Socialista de Marcelino Do­mingo. (Nota del Ed.)

Capítulo 6

1.   P. Broué y É. Témime, La Revolución y la Guerra de Es­paña, p. 84.

2.   Ibidem, pp. 87-88.

3.   G. Munis, op. cit., passim.

4.   P. Broué y É. Témime, op. cit., p. 111.

5.   L. Delapree, Mort en Espagne, p. 70.

6.   C. Lorenzo, op. cit., p. 147.

7.   A. Nin op. cit., p. 182.

8.   Kolstsov, Diario de la Guerra de España, p. 58.

Capítulo 7

1.   “Claridad”, 22 de agosto de 1936.

2.   Nin, op. cit., p. 178.

3.   “Política”, 5 de septiembre de 1936.

4.   Angel OssoRio, Vida y sacrificio de Lluís Companys, pá­gina 172.

5.   P. Borué y E. Témime, op. cit.,p. 216.

Capítulo 8

1.   K. Colodny, The struggle for Madrid, p. 93.

2.   “Pravda”, 17 de diciembre de 1936.

3.   P. Broué y É. Témime, op. cit., p. 214.

4.   Los otros dirigentes del POUM serían juzgados en oc­tubre de 1938 y condenados a duras penas de prisión por su papel en el mayo de 1937. Pero la acusación de “espionaje” y de “traición” fue abandonada. Estos hombres, evadidos des­pués de la derrota, se refugiaron finalmente en Francia. La mayoría de ellos se volverían a encontrar en 1941 ante el tribunal militar de Montauban, por haber difundido “La Verité”, diario trotskista clandestino.

(+)  Se trata de la población catalana de Molins de Rei, nom­bre que fue cambiado durante la República por sus reminis­cencias monárquicas. (Nota del Ed.)

Capítulo 9

1.   F. Claudín, La crisis del movimiento comunista, t. I, p. 172.

2.   Ibidem, p. 196.

3.   Ibidem.

4.   Ibidem, pp. 189-190.

5.   Citado por Lorenzo, op. cit., p. 270

6.   Lessons of the Spanish Revolution, 1953.

7.   Citado aquí varias veces.

8.   Lorenzo, op. cit., pp. 384 s.

9.   F. Morrow, Revolution and Counter-Revolution in Spain, N. Y., 1938.

10. L. Trotsky, «Leçons d’Espagne, dernier avertissement», Ecrits, t. III, pp. 533-552; aquí, p. 544.

11. Juan Andrade, prólogo de A. Nin, op. cit., p. 31.

12. Ibidem.

(+) Segismundo Casado poseía, en realidad, el rango de co­ronel del ejército. Si bien había sido ascendido a general, el 2 de marzo de 1939, por Negrín, al tiempo que le apartaba del mando del ejército del Centro, jamás aceptó tal ascenso. (Nota del Ed.)

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Published in: on 01/04/2010 at 05:09  Comentarios desactivados en España 1936. La Revolución derrotada  
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